En una sentencia que marca un hito en la transparencia de los procesos automatizados en la gestión pública, el Tribunal Supremo ha ordenado al Ministerio de Transición Ecológica entregar a la Fundación Ciudadana Civio el código fuente de la aplicación informática BOSCO.
Esta herramienta, desarrollada para que las comercializadoras de energía eléctrica verifiquen si los solicitantes del bono social eléctrico cumplen los requisitos para ser considerados consumidores vulnerables, es clave en la concesión de ayudas destinadas a combatir la pobreza energética. La decisión, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se fundamenta en la Ley de Transparencia, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución Española, consolidando el derecho de acceso a la información pública como un pilar esencial del Estado democrático.
El fallo llega tras un prolongado litigio iniciado en septiembre de 2018, cuando la Fundación Civio solicitó el código fuente de BOSCO para analizar su funcionamiento y garantizar que las decisiones automatizadas sobre el bono social se ajustaran a la normativa.
La Administración, amparándose en motivos como la protección de datos personales, la propiedad intelectual y la seguridad de la información, denegó la petición por silencio administrativo. Esta negativa fue respaldada inicialmente por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 y la Audiencia Nacional, que consideraron que facilitar el código podría comprometer la seguridad de los datos y los derechos de propiedad intelectual del Estado, además de permitir la posible réplica de la aplicación.
Sin embargo, el Supremo revoca ahora estas resoluciones, así como la del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en febrero de 2019 solo instó al Ministerio a proporcionar las especificaciones técnicas de BOSCO.
La Sala subraya que el derecho de acceso a la información pública trasciende su carácter de principio rector y se configura como un derecho subjetivo exigible, inseparable de los valores de democracia y transparencia que sustentan el Estado de Derecho. “No cabe cuestionar la conveniencia de que las Administraciones públicas recurran a sistemas de toma de decisiones automatizadas para el eficaz desempeño de sus funciones”, señala el tribunal, pero esto debe ir acompañado de “exigencias de transparencia” que permitan a los ciudadanos comprender el funcionamiento de estas herramientas y verificar su conformidad con la normativa.
El caso adquiere especial relevancia dado que BOSCO gestiona el acceso al bono social eléctrico, una ayuda crucial para colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo, familias numerosas, progenitores monoparentales, pensionistas con ingresos mínimos y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
Este programa ofrece descuentos de hasta el 50% en la factura de la luz para consumidores vulnerables severos, aquellos con rentas más bajas o en riesgo de exclusión social. Civio, que había identificado irregularidades en la denegación de solicitudes a personas que consideraba elegibles, buscaba con su solicitud garantizar que el algoritmo de BOSCO operara de manera justa y conforme a la ley.
El Supremo advierte sobre los “riesgos” que implica el uso de tecnologías en la gestión pública, especialmente cuando las decisiones automatizadas afectan derechos sociales. En este contexto, el acceso al código fuente se convierte en una herramienta esencial para auditar los procesos algorítmicos y asegurar que no perpetúan errores o sesgos.
La sentencia destaca que la transparencia no solo fomenta la confianza ciudadana, sino que es indispensable para garantizar que las decisiones automatizadas respeten el marco normativo.
Con este fallo, el Tribunal Supremo anula las resoluciones previas y condena a la Administración a facilitar el código fuente de BOSCO a la Fundación Civio.
La decisión no solo representa una victoria para la organización, sino que establece un precedente clave en la defensa del derecho a la información pública en la era digital.
En un momento en que los sistemas automatizados ganan peso en la gestión de servicios públicos, el Supremo reafirma la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con la transparencia, asegurando que los ciudadanos puedan supervisar y comprender los procesos que determinan el acceso a derechos fundamentales.