El Ministerio de Igualdad se encuentra, de nuevo, en el centro de un monumental escándalo que pone en jaque la protección de miles de víctimas (las de verdad). La polémica gira en torno al sistema de pulseras telemáticas de alejamiento, un mecanismo clave para monitorear a agresores y prevenir quebrantamientos de órdenes judiciales.
Lo que comenzó como una «medida innovadora» para salvaguardar la seguridad de las mujeres ha derivado en un caos técnico y legal, con la pérdida irreversible de datos de rastreo de miles de condenados o investigados (entre los que seguramente también se encontrarán inocentes que merecen capítulo a parte…), afectando directamente a procesos judiciales en curso.
El origen del problema se remonta a la gestión de Irene Montero, la «suelta-violadores» al frente del Ministerio de Igualdad, entre 2020 y 2023. Durante su mandato, se licitó y adjudicó un contrato para el suministro y gestión de las pulseras antimaltrato a una empresa israelí, sí, a una empresa israelí, especializada en tecnología de control telemático. Esta compañía, contratada por motivos de su avanzada encriptación de datos por razones de seguridad, se encargó de implementar el sistema conocido como Cometa, integrado en el protocolo VioGén del Ministerio del Interior.
El contrato, de millones de euros, preveía un seguimiento en tiempo real de la ubicación de los agresores mediante GPS y comunicación con dispositivos móviles de las víctimas. Sin embargo, la licitación inicial, aprobada por Montero y firmada por su secretaria de Estado Noelia Vera en julio de 2021, contenía cláusulas defectuosas que no garantizaban la transferencia segura de datos en caso de cambio de proveedor. Según informes de la Fiscalía General del Estado, esta adjudicación negligente dejó al Ministerio vulnerable ante futuras transiciones.
La elección de la empresa israelí no ha estado exenta de críticas. Fuentes cercanas al Ministerio señalan que, aunque la compañía era líder en el sector, su política de encriptación estricta —diseñada para proteger datos sensibles— ha complicado la recuperación de información histórica.
El punto de inflexión llegó en marzo de 2024, cuando el Ministerio, ya bajo la dirección de la vallisoletana Ana Redondo (quien asumió el cargo en noviembre de 2023), adjudicó un nuevo contrato por 42,6 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por una gran teleoperadora nacional y una empresa de seguridad española. El cambio de proveedor debía mejorar la eficiencia y reducir costos: las nuevas pulseras, valoradas en menos de 150 euros por unidad, contrastan con los 1.500 euros de las anteriores. Sin embargo, el traspaso de datos se convirtió en un desastre. El Ministerio de Igualdad perdió el acceso a todos los datos históricos de las órdenes de alejamiento anteriores al 20 de marzo de 2024. Estos registros, que incluyen miles de rastreos de ubicación de agresores, eran esenciales para probar quebrantamientos en juicios por violencia de género.
La empresa israelí, argumentando motivos de seguridad y confidencialidad contractual, se niega a facilitar la información encriptada, dejando al Gobierno sin herramientas para reconstruir los expedientes. Esta retención ha sido calificada por abogados y fiscales como «una desprotección manifiesta» para las víctimas.
La Fiscalía General del Estado, en su memoria anual de 2024, documenta «múltiples fallos» en el sistema, alertando de que la anomalía ha provocado «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» en juzgados de Violencia sobre la Mujer y de lo Penal. Sin el elemento probatorio de las localizaciones, los tribunales no pueden formular acusaciones sólidas, permitiendo que cientos de agresores —potencialmente miles, según estimaciones basadas en el volumen de casos activos— eviten condenas.
Además, las nuevas pulseras han sido criticadas por su calidad deficiente: son fáciles de quitar o manipular, lo que falsea las ubicaciones y agrava el riesgo para las víctimas. Este fiasco no solo afecta a la justicia, sino que revictimiza a las mujeres involucradas. Como ha denunciado la portavoz del PP en el Senado, Salomé Pradas, «cada mujer que vio cómo se archivaba su causa sufrió una revictimización irreparable», convirtiendo a cada agresor impune en «un riesgo para todas las mujeres».
Ante la avalancha de críticas, la actual ministro de Igualdad, Ana Redondo, ha optado por una estrategia de contención minimizando la gravedad del asunto. En comparecencias ante el Congreso y declaraciones a la prensa, Redondo ha calificado los problemas como «incidentes recurrentes» o «algunas incidencias técnicas» ocurridas en noviembre y diciembre de 2024, durante el periodo de transición. «Se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes», zanjó la ministra este miércoles en los pasillos del Congreso, lavándose las manos de un asunto que considera «pasado».
Igualdad ha defendido el nuevo sistema argumentando que, desde septiembre de 2024, se implementó un «Plan de seguimiento exhaustivo» con periodos de ajuste de tres meses cada uno, garantizando «la máxima protección de las víctimas». Sin embargo, la Fiscalía y abogados del ramo insisten en que los fallos persisten, y el Ministerio ha sido acusado de despachar las quejas de Sumar y BNG en el Congreso como meras oportunidades para «mejorar» el servicio, sin asumir responsabilidad plena.
La oposición no ha tardado en reaccionar. Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves la dimisión inmediata de Redondo, afirmando que «quien pone depredadores en la calle debe dimitir» y que el Gobierno debería ahorrarse «las lecciones de feminismo». El Grupo Popular en el Congreso y el Senado ha registrado preguntas escritas para esclarecer si se han identificado responsables y ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra para explicar esta «nefasta gestión».
(Por Laura González)