La Unión Europea (UE) se encuentra en el centro de un debate candente tras la propuesta del presupuesto para el período 2028-2034, presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio de 2025. Con un valor de 2 billones de euros, este plan busca aumentar la flexibilidad para enfrentar crisis imprevistas, pero ha generado alarma por sus implicaciones para los agricultores europeos y las regiones más desfavorecidas.
El presupuesto propuesto, que asciende a 2 billones de euros, marca un cambio estratégico en la política de la UE. Según el hilo de Crespo, los fondos no son nuevos, sino que provienen de la reasignación de recursos existentes. Esto incluye un recorte significativo en la Política Agrícola Común (PAC), el pilar que desde 1962 ha apoyado a los agricultores y asegurado la seguridad alimentaria europea, y en los fondos de cohesión, destinados a reducir las disparidades económicas entre regiones. En su lugar, se destinarán 50.000 millones de euros a Ucrania.
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— Rebeca Crespo (@rebecacrespo_) September 9, 2025
Esta reorientación afectará directamente a varios países y comunidades. España, Portugal, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía, Irlanda, los Estados bálticos y el este de Alemania serán los más golpeados, según el análisis de Crespo. Las zonas rurales, en particular, se enfrentarán un aumento en los costos de insumos agrícolas y mayores exigencias medioambientales, lo que podría llevar al cierre de miles de explotaciones. Este escenario amenaza con acelerar la despoblación rural, un problema ya crónico en muchas de estas áreas, y pone en riesgo el sustento de numerosas familias agricultoras.
Históricamente, la PAC ha sido un mecanismo de solidaridad financiera que ha unido a países con intereses agrícolas diversos, fomentando un mercado común. Sin embargo, el recorte propuesto podría debilitar esta estructura. Por su parte, el Fondo de Cohesión, que entre 2021 y 2027 cuenta con 42.600 millones de euros para regiones con ingresos per cápita inferiores al 75% del promedio comunitario, verá reducidos sus recursos, lo que podría ampliar las brechas socioeconómicas dentro de la UE.
Uno de los aspectos más controvertidos del plan es la introducción de nuevos «mecanismos de emergencia» que permitirán a la Comisión Europea mover miles de millones de euros sin la supervisión del Consejo, el Parlamento Europeo o cualquier proceso democrático. Estos mecanismos, justificados por una definición amplia de «crisis» que incluye migración, energía y defensa, equivalen a un cheque en blanco para von der Leyen, según critica Crespo. El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC), que desde 2022 ha gestionado la mayor operación de ayuda de la UE para Ucrania, ilustra la capacidad de la UE para responder a crisis, pero también resalta el enfoque en prioridades externas sobre las internas.
El hilo de X advierte que este no es un simple ajuste presupuestario, sino un cambio de rumbo que prioriza el apoyo externo, como los 50.000 millones de euros para Ucrania, por encima del bienestar de los europeos. Las consecuencias podrían ser devastadoras para el sector agrícola, con agricultores enfrentando mayores costos y regulaciones, y para las regiones menos desarrolladas, que perderán un apoyo crucial. Crespo plantea una pregunta clave al final de su hilo: «¿Debe Europa sacrificar a sus agricultores para financiar prioridades externas?»