Las protestas en la calle y la presión social han demostrado una vez más que sí se pueden conseguir cosas. En Alcalá de Henares, la manifestación de este miércoles, convocada en respuesta a la v¡0lación de una joven de 21 años por un hombre de origen maliense alojado en el centro de «menores», ha sido el catalizador para que la alcaldesa, Judith Piquet, anuncie su intención de solicitar el cierre de dicho centro.
Este cambio en la postura municipal, aunque tardío, es una clara muestra de cómo la voz de los ciudadanos, cuando se organiza y se hace escuchar, puede obligar a los responsables políticos a actuar. Otro ejemplo muy reciente de que las movilizaciones merecen la pena es la paralización de las obras de la Estación Depuradora en la Vega de Mestanza, gracias a las protestas vecinales y el apoyo de la ciudadanía en general, que han logrado detener el polémico proyecto.
En este vídeo difundido por los medios, la alcaldesa pepera ha expresado su preocupación por la situación en Alcalá de Henares, afirmando que el centro de menores ha duplicado su capacidad permitida, alojando a 1.760 personas, lo que ha contribuido a desestabilizar la normalidad de la ciudad. Eso sí, Piquet se ha dado prisa en subrayar que no está generalizando ni acusando a todos los ¡nm¡grante5 de delincuentes, pero ha insistido en la necesidad de cerrar el centro para recuperar la normalidad:
Sin embargo, la manifestación que precedió a este anuncio se ha caracterizado por un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Vecinos que se congregaron pacíficamente para expresar su malestar fueron enfrentados con cargas policiales, golpes y disparos de balas de goma. La actuación de las fuerzas de seguridad, bajo el mando del ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha sido muy criticada por su desproporción y por la detención de al menos dos jóvenes durante la protesta. Estas imágenes, que han generado una oleada de indignación en las redes sociales, exponen una vez más la falta de sensibilidad y el abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden, esos mismos que piden continuamente equiparación salarial.
La decisión de la alcaldesa, aunque muy tardía, refleja una realidad que muchos ciudadanos vienen denunciando desde hace tiempo: la entrada masiva de «importados», promovida por políticas gubernamentales, ha generado un significativo aumento de robos, violencia y otros delitos más graves. Esta crítica no debe desviarse de la responsabilidad de los políticos que, con su discurso hipócrita, han permitido esta situación sin abordar las consecuencias reales. La alcaldesa de Alcalá de Henares, al igual que otros representantes del Partido Popular, parece reaccionar solo cuando la presión social se hace insostenible, mientras que el gobierno central, liderado por el PSOE, continúa ignorando las demandas de los ciudadanos y las evidencias de una crisis migratoria mal gestionada.
Si la presión social ha conseguido logros como estos, imaginen lo que podría suceder si millones de españoles salieran a la calle para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y su gobierno corrupto en bloque, como ocurrió recientemente en Serbia. En ese país, las protestas masivas contra la corrupción y la mala gestión gubernamental llevaron a la dimisión del primer ministro Miloš Vučević y del alcalde de la ciudad de Novi Sad, Milan Đurić, tras el colapso de una marquesina en una estación de tren que causó la muerte de 15 personas, algo que ocurrió en fechas similares a la de la riada de Valencia.
¡La voz unida de los ciudadanos puede ser la fuerza más poderosa!
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