Gabriel Araújo (@GabrielAraujoES) ha publicado un post que tendría que sacudir el panorama político español, revelando un escándalo electoral que ha provocado la dimisión del magistrado Ignacio Pando Echevarría, presidente de la Audiencia Provincial de Segovia y de la Junta Electoral Provincial. Según el mensaje, Pando habría sido acusado de delitos electorales presuntamente cometidos durante el escrutinio de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 (23J) en Segovia, un caso que ha reabierto el debate sobre la transparencia en el proceso electoral español.
El origen de la investigación se remonta a una querella presentada por Pilar Baselga, de la Plataforma Elecciones Transparentes, quien alegó haber presenciado un simulacro de escrutinio en Segovia. Según el post, Baselga afirmó que el recuento fue manipulado con datos facilitados por Indra, la empresa tecnológica encargada de la transmisión de los resultados electorales. Esta denuncia desencadenó una investigación que ha culminado en la dimisión de Pando como presidente de la Audiencia Provincial.
🔴 Dimite el magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Segovia y presidente de la Junta Electoral Provincial, acusado de delitos electorales presuntamente perpetrados durante el escrutinio del 23J en Segovia.
La Fiscalía dictamina que a pesar de ser magistrado, D.… pic.twitter.com/ARI7rN8re5
— Gabriel Araújo (@GabrielAraujoES) June 18, 2025
La Fiscalía ha dictaminado que Ignacio Pando Echevarría no está protegido por inmunidad judicial, ya que su papel como autoridad electoral no forma parte de sus funciones jurisdiccionales como magistrado. Este fallo permite que el caso sea juzgado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segovia, bajo las Diligencias Previas número 104/2024. Inicialmente, el juzgado intentó derivar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero la Fiscalía rechazó esta transferencia, argumentando que el aforamiento es una prerrogativa excepcional que no se aplica en este contexto, dado que los hechos denunciados no ocurrieron en el ejercicio de su cargo judicial.
El escándalo en Segovia no es un caso aislado. En el post de Araújo se hace referencia a denuncias anteriores, como la ocurrida en Asturias, donde magistrados habrían confesado abiertamente que los resultados electorales les eran proporcionados por Indra, validándolos sin un escrutinio real. Esta práctica, según las acusaciones, habría incluido la preparación de actas finales antes de conocer los resultados del voto CERA (voto de los españoles residentes en el extranjero), un hecho que generó controversia al introducirse inesperadamente una caja con 540 votos en el escrutinio asturiano.
A VER SI ASÍ PONEMOS FIN AL TEATRO DEL ESCRUTINIO GENERAL que llevamos sufriendo más de 20 años.
BASTA YA DE PAGAR MILLONES A INDRA PARA NO SUMAR LOS VOTOS DE LOS ESPAÑOLES volviendo DEFINITIVOS LOS RESULTADOS PROVISIONALES obtenidos SIN GARANTÍA NINGUNA DE INTEGRIDAD ELECTORAL— PILAR BASELGA (@nomoriridiota) June 18, 2025
Indra, como empresa encargada de centralizar y transmitir los datos electorales, ha sido objeto de numerosas sospechas. Las acusaciones de Baselga y otros ciudadanos sugieren que los resultados podrían estar “precocinados”, una hipótesis que recuerda las controversias de elecciones pasadas, como las del 9 de junio de 2024, cuando se denunciaron votos inflados a favor de Junts en varias regiones. Sin embargo, estas afirmaciones han sido rechazadas por la Junta Electoral Central, que asegura que el recuento manual y la presencia de interventores de los partidos garantizan la integridad del proceso.
El caso de Segovia se suma a otras investigaciones en curso en Las Palmas y Toledo, donde también se han presentado informes periciales que apuntan a irregularidades similares. Araújo destaca el esfuerzo de ciudadanos como Pilar Baselga, quienes han financiado de su propio bolsillo abogados y procuradores para llevar adelante estas querellas, a menudo rechazadas por la Junta Electoral Central por falta de competencias, con la recomendación de acudir a la Fiscalía. Esta falta de recursos institucionales ha llevado a una movilización ciudadana que busca mayor transparencia, como se vio en los escrutinios generales de 2024, donde se denunciaron intentos de realizar actos públicos de forma clandestina.