El reciente incidente referente a la supuesta amenaza de «bomba lapa» contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de manipulación mediática y política que afecta a nivel global. Un informe del Oxford Internet Institute (OII) de 2020 reveló la existencia de campañas de desinformación a escala industrial en más de 80 países, incluyendo España, donde actores políticos han empleado tácticas similares para influir en la opinión pública. La amplificación de narrativas falsas por parte del gobierno español ha sido percibida como un ejemplo paradigmático de estas prácticas, contribuyendo a erosionar la confianza en los medios de comunicación y en el discurso político.
No ministra, no. No es que “algún medio de comunicación lo haya interpretado de otra manera”. Es que la información era mentira, se eliminaron tres frases, se manipuló para poder simular una “bomba lapa” al presidente. Usted mintió. Y sigue mintiendo. La portavoz del Gobierno… https://t.co/l8YzXoqshI
— Ketty Garat (@KettyGarat) June 3, 2025
El informe del OII, titulado «Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation», documenta cómo los gobiernos y los actores políticos utilizan las redes sociales y otros canales digitales para difundir propaganda y desinformación. En España, esta tendencia se ha manifestado a través de estrategias que buscan manipular la percepción pública, especialmente en contextos de alta polarización política. El uso de términos como «fake news», «post-verdad» y «hoaxes» se ha normalizado en el discurso político y mediático, reflejando una realidad donde la información veraz compite con narrativas fabricadas.
En el caso del gobierno de España, la amplificación de la narrativa falsa sobre la «bomba lapa» ilustra cómo el gobierno puede actuar como un amplificador de desinformación. Inicialmente difundida por un medio de comunicación afín, la historia fue repetida y legitimada por figuras gubernamentales, a pesar de su falta de fundamento. Esta táctica no es nueva; el informe del OII señala que en España, especialmente tras el referéndum de independencia de Cataluña en 2017, los términos «post-verdad» y «fake news» se convirtieron en armas en el discurso público y político. La polarización resultante ha facilitado la difusión de desinformación, ya que los ciudadanos tienden a consumir información que refuerza sus creencias preexistentes.
La consecuencia más alarmante de estas prácticas es la erosión de la confianza en los medios de comunicación y en el discurso político. En España, como en muchos otros países, la confianza en los medios ha disminuido significativamente. Un estudio de Pew Research Center de 2017 mostró que solo el 26% de los españoles con inclinaciones populistas confían en los medios, en comparación con el 51% de aquellos sin esas inclinaciones. Esta brecha refleja cómo la desinformación no solo divide a la sociedad, sino que también debilita las instituciones democráticas al socavar la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre hechos y ficción.
La manipulación mediática y política representa una amenaza directa para la democracia. Al igual que en otros países, en España la desinformación ha sido utilizada para desestabilizar instituciones, influir en elecciones y erosionar la confianza en el sistema político. El informe del OII advierte que la actividad de las «tropas cibernéticas» respaldadas por el estado continúa creciendo. En España, esto se manifiesta en la polarización creciente y en la dificultad para mantener un discurso político basado en hechos.
El incidente de la «bomba lapa» es un síntoma de un problema más profundo: la normalización de la desinformación como herramienta política. Mientras que el gobierno español ha sido criticado por su papel en la amplificación de esta narrativa falsa, el problema trasciende a un solo partido o figura política.