El 23 de mayo de 2025, tres asociaciones de jueces y dos de fiscales en España anunciaron un paro de diez minutos para el próximo 11 de junio, como protesta contra la ‘ley Bolaños’, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en enero de 2025. Esta medida, que busca fortalecer las carreras judicial y fiscal, ha sido recibida con fuerte oposición por parte de las asociaciones judiciales, quienes argumentan que socava la independencia judicial y aumenta la influencia política en los nombramientos judiciales. Sin embargo, la decisión de limitar la protesta a solo diez minutos ha sido ampliamente criticada por su insuficiencia ante la gravedad de las preocupaciones expresadas.
La ‘ley Bolaños’, promovida por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha generado tensiones entre el gobierno español y los cuerpos judiciales. Las asociaciones denuncian que la reforma incluye «medidas altamente perjudiciales» que afectan gravemente a la independencia judicial y no responden a una demanda social real. Este descontento se produce en un contexto de presiones internacionales, ya que la Unión Europea ha reiterado llamamientos para que España garantice la independencia judicial. En abril de 2025, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa criticó a España por ignorar recomendaciones sobre este tema, subrayando la urgencia de abordar estas preocupaciones.
La decisión de convocar un paro de tan solo diez minutos ha sido considerada ridícula por muchos, especialmente si se tiene en cuenta la seriedad de las implicaciones de la reforma. Comparado con acciones previas, como la huelga de varios semanas de los funcionarios judiciales en 2023, que resultó en interrupciones significativas en los procedimientos judiciales, este gesto parece simbólico y carente de peso. Críticos argumentan que un paro tan breve no transmite adecuadamente la gravedad de la situación ni demuestra un compromiso real con la causa.
La duración limitada de la huelga podría ser percibida como un falta de compromiso, potencialmente debilitando la posición de las asociaciones en las negociaciones con el gobierno. Además, podría fallar en movilizar el apoyo público o internacional de manera efectiva, esencial para presionar por un cambio significativo. El riesgo es que este gesto sea descartado como tokenismo, especialmente cuando se contrasta con las posibles implicaciones a largo plazo de la reforma en la independencia y la integridad de la judicatura española.
Por su parte, el gobierno ha defendido la ‘ley Bolaños’ como necesaria para alinear las prácticas judiciales españolas con los estándares europeos. Sin embargo, la respuesta de las asociaciones judiciales sugiere una profunda desconfianza en las intenciones del gobierno, remarcando a una crisis más amplia en la regla de ley en España. La percepción de que las asociaciones no están dispuestas a tomar medidas más fuertes podría reforzar la narrativa gubernamental de que la oposición a la reforma es más retórica que sustancial.
Conclusión
En última instancia, un paro de diez minutos, aunque simbólico, parece inadecuado frente a las graves preocupaciones sobre la independencia judicial y la separación de poderes en España. Las asociaciones judiciales corren el riesgo de dilapidar su propia causa si no adoptan acciones más contundentes que reflejen la magnitud de su desacuerdo con la ‘ley Bolaños’.