El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación que involucra a la imputada Begoña Gómez, esposa del todavía presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dado un nuevo paso en la causa al citar a declarar a siete nuevos testigos, entre los que destacan personajes del ámbito empresarial y tecnológico español.
Entre los convocados se encuentran Marc Murtra, actual presidente de Telefónica —nombrado a dedo por Sánchez en un movimiento que generó mucha polémica por su carácter político—, Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra, el empresario Rosauro Varo (personaje que está en todos los saraos de la prensa rosa) y un directivo de Google, junto a otros cargos relevantes de Indra y Telefónica. Estas citaciones, previstas para los días 14 y 28 de mayo de 2025, buscan arrojar luz sobre las presuntas irregularidades relacionadas con un software desarrollado para la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que la imputada Begoña (sin apenas estudios) codirigía.
La investigación, que lleva meses en curso, se centra en cuatro posibles delitos imputados a Begoña Gómez: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. En este caso concreto, el foco está puesto en el software financiado por grandes empresas como Telefónica, Indra y Google, y en si Gómez pudo haberse apropiado de esta herramienta tecnológica en beneficio propio.
Las citaciones responden a una solicitud de las acusaciones populares que han insistido en profundizar en el papel de las empresas implicadas en la financiación del software. Entre los nuevos testigos figuran:
- Marc Murtra, presidente de Telefónica, cuya designación a dedo por Sánchez levantó críticas por su perfil más político que técnico, dada su trayectoria como alto cargo en administraciones socialistas. Telefónica aportó 55.000 euros al desarrollo del software, con la condición de que su uso fuera exclusivo para la universidad.
- Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra y exconsejero delegado de Telefónica, una figura clave en el sector tecnológico español durante años.
- Rosauro Varo, empresario y consejero de Telefónica, quien, según testimonios previos, habría sido contactado directamente por Begoña Gómez para gestionar la colaboración de la compañía en el proyecto.
- Miguel Escassi, director de Relaciones Institucionales de Google España, empresa que invirtió 110.000 euros en el software.
- Otros nombres incluyen a Luis Abril, director general de Minsait (filial de Indra), Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google, y Manuel Ausaverri, director de Estrategia de Indra, que aportó 128.442 euros al programa.
Estas personas, según las acusaciones, habrían tenido un rol directo en las decisiones técnicas y financieras relacionadas con el software, y sus testimonios podrían ser determinantes para esclarecer si hubo algún desvío de fondos o uso indebido por parte de la imputada Begoña.
El caso no solo tiene implicaciones judiciales, sino también un trasfondo político descarado. La designación de Marc Murtra al frente de Telefónica, una de las empresas más importantes de España, fue vista como un movimiento estratégico del Gobierno de Sánchez para consolidar influencia en el sector privado. De manera similar, Indra, otra compañía con fuerte presencia estatal, ha sido señalada como un instrumento clave en la órbita del Ejecutivo. La participación de ambas en el proyecto de la UCM añade una capa de complejidad al caso, alimentando las sospechas de las acusaciones sobre una posible red de favores y conflictos de interés.
Por su parte, la imputada Begoña mantuvo que su actuación estuvo alineada con los intereses de la universidad y que no hubo ninguna apropiación indebida. En su declaración de diciembre de 2024, insistió en que el registro de la marca TSC (Transformación Social Competitiva) se hizo únicamente para proteger su uso en el ámbito académico, con el visto bueno de la Complutense. Sin embargo, las acusaciones sostienen que el software, financiado con cientos de miles de euros por estas empresas, pudo haber sido utilizado de manera irregular.
Desde el entorno del Gobierno se ha acusado al juez Peinado de llevar a cabo una persecución judicial contra Sánchez y su familia. El PSOE ya recurrió en el pasado decisiones del magistrado, como la citación de Sánchez como testigo en julio de 2024, calificándola de «persecución política despiadada».
El calendario judicial marca el 14 de mayo como el día en que Escassi, Varo, Abril y Rodríguez Bueno comparecerán, mientras que el 28 de mayo será el turno de Murtra, Abril-Martorell y Ausaverri. Estas declaraciones podrían ser un punto de inflexión en una investigación que, tras un año en curso, sigue generando titulares y tensiones en el panorama político español. Mientras tanto, el juez Peinado continúa firme en su propósito de explorar todas las aristas de un caso que mezcla poder, tecnología y sospechas de irregularidades en las más altas esferas.