En un movimiento que ha sacudido los cimientos del Ministerio Fiscal español, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido ignorar las advertencias de la mayoría del Consejo Fiscal y proponer el nombramiento de un fiscal afín, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), para un cargo clave que podría influir directamente en la causa penal en la que él mismo está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Este acto, que ha generado una rebelión interna en la institución, no solo pone en entredicho la imparcialidad de la Fiscalía, sino que constituye un auténtico escándalo en el marco de la legislación española, evidenciando una grave erosión de los principios de neutralidad y transparencia que deben regir el sistema judicial.
El pasado 22 de abril de 2025, siete de los nueve vocales electivos del Consejo Fiscal, el órgano consultivo que representa a la carrera fiscal, se plantaron en la votación del nombramiento propuesto por García Ortiz, exigiendo previamente su abstención. La razón es clara: el fiscal designado, cuya identidad no ha sido revelada públicamente pero que pertenece a la UPF —la misma asociación que presidió García Ortiz antes de asumir el cargo—, tendrá competencias para fijar criterios sobre delitos como la revelación de secretos, precisamente el delito por el que el fiscal general está siendo investigado en el Tribunal Supremo. Esta coincidencia no es casual y ha sido interpretada como un intento de García Ortiz de consolidar su influencia en un momento crítico de su carrera.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo Fiscal, advirtió que el nombramiento vulnera normas básicas de imparcialidad, citando el artículo 31.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece la obligación de abstención cuando existe un «interés personal» en el asunto. Según la AF, García Ortiz tiene un evidente conflicto de intereses, ya que el fiscal designado podría adoptar decisiones interpretativas que afecten directamente la investigación en su contra.
El comportamiento de García Ortiz no solo es inusual, sino que roza la ilegalidad según el marco normativo español. El artículo 124 de la Constitución Española encomienda al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, la independencia y la imparcialidad. Sin embargo, la decisión de García Ortiz de imponer un nombramiento en contra de la mayoría del Consejo Fiscal y en un contexto donde su propio futuro judicial está en juego contradice frontalmente estos principios.
El artículo 417 del Código Penal, que tipifica el delito de revelación de secretos, castiga a la autoridad o funcionario público que divulgue información reservada conocida por razón de su cargo. García Ortiz está imputado por la filtración de correos relacionados con la investigación por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La gravedad de esta imputación, la primera contra un fiscal general en la historia de la democracia española, hace aún más escandaloso que García Ortiz busque influir en la designación de un fiscal que podría moldear el criterio sobre este tipo de delitos.
Además, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981) establece en su artículo 29 que el fiscal general debe actuar con imparcialidad y someter sus decisiones al escrutinio del Consejo Fiscal, un órgano que, aunque consultivo, representa la voz de la carrera fiscal. Al desoír a siete de sus nueve vocales electivos, García Ortiz no solo desafía la tradición institucional, sino que socava la legitimidad de su liderazgo y pone en riesgo la credibilidad del Ministerio Fiscal ante la ciudadanía.
La decisión de García Ortiz ha generado una ola de indignación tanto dentro como fuera de la Fiscalía. La AF ha calificado el acto como una muestra de que el fiscal general «antepone sus intereses personales a los de la institución», mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha ido más lejos, solicitando al Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente a García Ortiz para evitar que su permanencia en el cargo distorsione el curso de la justicia.
En las redes sociales, la percepción pública es igualmente contundente. Usuarios han denunciado que esta maniobra representa una «justicia corrompida» y han acusado a García Ortiz de «reírse en la cara» de los ciudadanos al intentar blindarse frente a su imputación. La prensa, por su parte, ha destacado la caída en picado del prestigio de la Fiscalía, con titulares que hablan de un «deterioro institucional sin precedentes».
La actuación de García Ortiz no solo es un escándalo por su desafío a las normas éticas y legales, sino porque establece un precedente peligroso para la independencia del Ministerio Fiscal. Si el fiscal general puede imponer nombramientos que potencialmente le beneficien en causas penales, se abre la puerta a una politización aún mayor de la justicia, un riesgo que España no puede permitirse en un momento de creciente polarización.
La UPF, que ha respaldado a García Ortiz en anteriores polémicas, se encuentra en una posición delicada. Aunque el fiscal propuesto pertenece a esta asociación, su designación bajo estas circunstancias podría interpretarse como un intento de favoritismo, lo que dañaría aún más la imagen de una institución ya cuestionada.
El desafío de Álvaro García Ortiz al Consejo Fiscal al nombrar a un fiscal afín en un contexto de conflicto de intereses no tiene parangón en la historia reciente de la Fiscalía española. Este acto, que contraviene los principios de imparcialidad y legalidad consagrados en la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, constituye un escándalo que trasciende lo institucional y afecta la confianza ciudadana en la justicia. En un Estado de derecho, nadie debería estar por encima de la ley, ni siquiera el fiscal general del Estado. La pregunta ahora es si las instituciones, empezando por el Tribunal Supremo, actuarán para frenar esta deriva o si este episodio marcará un punto de no retorno en la crisis de credibilidad del Ministerio Fiscal.