En un giro significativo en la lucha contra la ocupación ilegal en España, los jueces de Barcelona han aprobado una medida que permite a los propietarios cortar los suministros de agua, luz y gas a las viviendas ocupadas sin que esto se considere un delito de coacciones. Esta decisión, adoptada el 14 de marzo de 2025, podría marcar un antes y un después en la gestión de los casos de okupación, un problema que afecta a miles de familias y genera tensiones sociales en todo el país. La medida, que ya cuenta con el respaldo de los jueces de Gerona, podría expandirse a nivel nacional, según expertos jurídicos.
La resolución surge en un contexto de creciente frustración entre propietarios que, durante años, han tenido que lidiar con procesos largos y costosos para recuperar sus propiedades ocupadas ilegalmente. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2023, el tiempo medio para desalojar legalmente a un okupa en España es de 12 meses, un plazo que puede extenderse hasta casi dos años (23,2 meses) si se incluyen apelaciones en las Audiencias Provinciales. Esta lentitud, combinada con los costos legales y el mantenimiento de las viviendas, ha llevado a muchos a buscar soluciones drásticas, como cortar los suministros básicos, aunque hasta ahora esta práctica estaba legalmente restringida por el riesgo de ser acusados de coacciones.
La nueva decisión de los jueces catalanes, tomada en una reunión de la Comisión de Coordinación Judicial de Barcelona, establece que los propietarios no incurrirán en delito penal si suspenden los servicios de agua, electricidad o gas en propiedades ocupadas ilegalmente. Además, los magistrados han acordado que no se archivarán denuncias por ocupación sin que antes se intente identificar a los ocupantes, evitando que los casos queden estancados en la policía sin llegar a los juzgados. Esta medida busca agilizar los procedimientos y ofrecer una herramienta efectiva a los afectados, quienes, según Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, han visto cómo sus derechos se ven vulnerados durante largos periodos.
El precedente de Gerona, que también avala el corte de suministros y permite desalojos exprés sin autorización judicial previa en las primeras 24 horas de ocupación, refuerza la tendencia hacia una respuesta más rápida y práctica.
La implementación de esta medida en Cataluña podría allanar el camino para que el Tribunal Supremo (TS) emita un criterio unificado que se aplique en toda España, según Oliva. Si esto ocurre, el cambio transformaría la manera en que se abordan los casos de okupación, reduciendo los tiempos de resolución y ofreciendo a los propietarios una herramienta adicional para proteger sus bienes.
En paralelo, la decisión de Barcelona se produce en un momento en que el fenómeno de la okupación sigue siendo un tema muy preocupante en España. Según el CGPJ, en 2023 se registraron más de 10.000 denuncias por ocupación ilegal en todo el país, con una concentración significativa en regiones como Cataluña, Madrid y Andalucía. La lentitud de los procedimientos judiciales ha llevado a algunos a recurrir a métodos extralegales, lo que ha generado conflictos y tensiones en comunidades urbanas.