¿Cuándo piensan tomar en serio los estudios sobre la relación entre el autismo y los ponzoñas infantiles? ¿Por qué no se revisan las investigaciones realizadas y se hacen otras nuevas?

De las dos preguntas del titular, la segunda tiene una respuesta fácil y clara: no se revisan las investigaciones ni se hacen otras al respecto porque no interesa a la gran industria farmacéutica, siempre bien protegida por el poder político con el que intercambia favores. Sobre esto, los ciudadanos han aprendido mucho a raíz de la farsa iniciada en marzo de 2020. Por tanto, lo que expresamos a continuación les va a sonar menos raro que cuando lo publicamos en 2017 en el libro Conspiraciones contra la humanidad. La agenda de los amos del mundo. La sacudida nos ha hecho despertar de la modorra y entender mucho más del mundo y sus diseñadores.

Volvemos a hablar sobre un tema que, por desgracia, sigue siendo actualidad y que debía preocupar más de lo que, aparentemente, inquieta. Estos últimos días, diferentes medios de comunicación han dado la voz de alarma sobre un problema de salud que aumenta de manera exponencial cada año. Se trata del temido Trastorno del Espectro Autista (TEA), auténtica preocupación de muchos padres en los primeros años de la vida del niño, sobre todo, cuando se observan ciertos comportamientos compatibles con un retraso en el desarrollo cognitivo conductual. El autismo engloba una serie de trastornos neurológicos que provocan déficits de desarrollo en los niños y dificulta su socialización y comunicación con el entorno, al no ser capaces de exteriorizar sus emociones. Empieza entonces un calvario en el que intervienen los padres, los profesionales del centro escolar, el logopeda y el neurólogo, hasta obtener un diagnóstico que puede demorar varias semanas e incluso meses. Y, mientras tanto, incertidumbre y sufrimiento para la familia, máxime cuando entra en juego el factor “quizá podría haberse evitado”. ¿Se podría haber evitado, en realidad? He aquí la pregunta prohibida. Y más que la pregunta, la respuesta. Hablaremos de esto enseguida.

Hasta hace no muchos años, el número de niños autistas no era significativo. Sin embargo, en la actualidad, se ha convertido en un problema que crece cada día. Según un informe del Ministerio de Educación, el pasado curso 2022-2023 se registraron cerca de 80.000 alumnos en la enseñanza no universitaria de régimen general. Se especifica en el informe el porcentaje de niños autistas escolarizados en centros ordinarios y en educación especial, destacando los porcentajes por comunidades autónomas. Se apuesta por la inclusión, tema este que divide a los profesionales. Se señala también que el número de niños autistas supera al de las niñas.

Los centros de enseñanza no disponen de medios técnicos y humanos para bregar con este problema. Faltan recursos y apoyo profesional especializado. A pesar de los datos alarmantes, algunos sectores críticos sospechan que podrían estar “cocinados” por el propio Ministerio de Educación y desconfían de su fiabilidad, dado el modus operandi en el manejo de los datos de cualquier ámbito –crecimiento, inmigración, criminalidad o paro– para cuadrar resultados satisfactorios, aunque alejados de la realidad. Es decir, las cifras podrían ser aún peores. Según la Confederación Autismo España, el incremento de autismo en la última década supera el 300%, lo cual sí es alarmante.

¿Qué hacer ante esto? ¿Conformarnos con un destino del que nuestros niños no son culpables? ¿Resignarnos ante un problema para el cual la medicina alopática no tiene solución y, además, no admite métodos alternativos de tratamiento? ¿Por qué se persigue a los pediatras que proponen otros métodos fuera del marco oficial? ¿Por qué se condenó al doctor Andrew Wakefield cuando descubrió que el autismo estaba relacionado con la vacuna MMR, conocida como triple vírica (sarampión, paperas y rubeola), que se inocula a los niños en dos dosis? ¿Por qué no se revisan los estudios al respecto y se hacen otros nuevos? Son preguntas retóricas. Conocemos las respuestas, y las saben también quienes ocultan estos datos al respecto. La mano negra de la corrupción asoma de nuevo a gran escala y por todo lo alto: el emporio farmacéutico, apoyado por la clase política y la OMS, ese organismo oscuro del que Donal Trump acaba de desvincularse.

La persecución y condena al doctor Andrew Wakefield por descubrir la relación entre autismo y vacunas le costó su licencia y el oprobio público.

La humanidad de los próximos siglos recordará su caso con el mismo horror que ahora recordamos los procesos y muertes en la hoguera de Giordano Bruno, Juan Huss o Miguel Servet, condenados por discrepar de la oficialidad. En la historia de Wakefield no intervino la Iglesia católica ni la protestante de Calvino, sino la ciencia dogmática y corrupta.
En el próximo artículo contaremos los pormenores del proceso contra el doctor Wakefield, una historia intrigante donde las haya, que deja en un pésimo lugar a las farmacéuticas, a la comunidad médica y a sus organismos que, supuestamente, velan por el bienestar y la salud de la humanidad; a las publicaciones científicas y a los medios de comunicación, colaboradores necesarios para llevar a cabo este complot que se sustancia en una de las mayores injusticias contra la verdadera Ciencia. ¡Y el autismo continúa, pero no saben por qué! Vaya desde aquí nuestra condena más absoluta.