En un caso que ha conmocionado a la comunidad internacional, Lydia Mugambe, una juez de las Naciones Unidas y exbecaria del programa de derechos humanos de la Universidad de Columbia, ha sido declarada culpable por un jurado británico por el delito de someter a una mujer ugandesa a condiciones de servidumbre doméstica en el Reino Unido. El veredicto, emitido el jueves 13 de marzo de 2025 en el Tribunal de la Corona de Oxford, pone en tela de juicio la integridad de destacadas figuras en el ámbito de los derechos humanos y revela una ironía escalofriante: alguien dedicada profesionalmente a la justicia global perpetró un delito que atenta contra los principios que decía defender.
Mugambe, de 49 años, se enfrentó a cuatro cargos graves, entre ellos trabajo forzado, un delito migratorio y conspiración para intimidar a un testigo. Según los detalles del juicio, la juez, originaria de Uganda, utilizó su posición y conexiones en la Alta Comisión de Uganda en Londres para obtener un visado para la víctima, bajo la falsa promesa de un empleo oficial. Sin embargo, en lugar de cumplir con lo acordado, Mugambe llevó a la mujer a su residencia privada, donde la obligó a trabajar sin remuneración alguna, explotando su desconocimiento sobre sus derechos en un país extranjero.
El caso salió a la luz tras una investigación que expuso cómo Mugambe mantuvo a la víctima en un estado de servidumbre, privándola de libertad y dignidad. Los fiscales destacaron que la juez abusó de su autoridad y del prestigio que le conferían sus credenciales académicas y profesionales. En el momento de los hechos, Mugambe estaba cursando un doctorado en la Universidad de Oxford, una institución de reconocido prestigio mundial, lo que añade otra capa de incredulidad a la situación.
Además, desde 2017, había sido asociada al Instituto para el Estudio de los Derechos Humanos de Columbia, una entidad que promueve la lucha contra las violaciones de derechos en todo el mundo.
El juicio, que comenzó el 10 de febrero de 2025, no solo reveló los detalles del delito, sino también el intento de Mugambe por silenciar a la víctima y manipular el proceso judicial. La condena por intimidación a testigos refuerza la percepción de que la juez buscó proteger su reputación a toda costa, incluso a expensas de la justicia que estaba obligada a impartir como miembro del Mecanismo Residual Internacional de Tribunales Penales de la ONU, cargo que ocupaba desde mayo de 2023.
La reacción en la sala del tribunal fue de asombro: testigos presenciales han informado que hubo murmullos audibles entre los asistentes cuando se anunciaron los veredictos. Este caso no solo ha puesto en el foco a Mugambe, sino también a las instituciones que la respaldaron. La Universidad de Columbia se enfrenta ahora preguntas incómodas sobre cómo una persona con este historial pudo formar parte de sus programas.
Asimismo, la ONU deberá lidiar con las repercusiones de tener a una juez convicta entre sus filas, especialmente considerando que las autoridades habían acudido a su hogar en Oxfordshire por un incidente previo en febrero de 2023, meses antes de su nombramiento.
Este escándalo trasciende lo personal y pone de manifiesto las contradicciones que a veces existen entre el discurso y la práctica en el ámbito de los derechos humanos.
Mugambe, quien en teoría trabajaba para abordar violaciones graves en su país y región, terminó cometiendo ella misma esos delitos. La víctima, una mujer ugandesa vulnerable y sin recursos, representa el tipo de persona que las organizaciones asociadas a Mugambe dicen proteger. Ahora solo queda esperar la sentencia a la que sea condenada.