El gobierno del Reino Unido ha sido objeto de críticas por intentar acelerar la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley polémico, conocido como el Proyecto de Ley de Autoridades Públicas (Fraude, Error y Recuperación). Los detractores sostienen que esta legislación incluye medidas de vigilancia que recuerdan a sistemas distópicos de crédito social.
Presentado hace apenas una semana, este proyecto de ley de 116 páginas ha generado preocupación en Big Brother Watch, un grupo de campaña por los derechos civiles, que teme que los parlamentarios no tengan el tiempo necesario para revisar el documento a fondo antes de que comiencen los debates.
A pesar de su título aparentemente inofensivo, los opositores argumentan que bajo la excusa de combatir el derroche de fondos públicos por fraude en beneficios, se está justificando la implementación de un sistema de «vigilancia masiva» sobre las cuentas bancarias, gestionado por el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP).
Esta vigilancia implicaría el monitoreo constante de los extractos bancarios de las personas, la capacidad de revocar permisos de conducir y realizar registros en propiedades, ordenadores y otros dispositivos.
Silkie Carlo, directora de Big Brother Watch, advierte que esto podría transformar el sistema de bienestar del Reino Unido en «un sistema de vigilancia digital con intrusiones sin precedentes en la privacidad».
Por su parte, el DWP defiende que, aunque tendrán acceso a los extractos bancarios señalados por actividades fraudulentas dentro del sistema de beneficios y podrían autorizar la retirada de fondos, no tendrán «acceso directo» a las cuentas bancarias en sí.
Los defensores de la privacidad encuentran poco consuelo en esto, señalando que el proyecto de ley obliga a los bancos y sociedades de construcción a reportar sospechas de fraude, lo que permite a los investigadores del DWP solicitar órdenes de registro y, junto con la policía, realizar búsquedas en hogares y dispositivos.
Este escenario sugiere un sistema de justicia «de dos niveles» en el Reino Unido, como destaca Carlo. Ella está preocupada porque los más vulnerables – ancianos, pobres y discapacitados – podrían perder su derecho a una representación legal justa, volviéndose más susceptibles a «castigos erróneos» que podrían devastar su estabilidad financiera.
Además, Carlo argumenta que estas disposiciones introducen «intrusiones y castigos a la privacidad sin precedentes», potencialmente dañando más los valores británicos fundamentales de equidad y justicia que disuadiendo a los verdaderos estafadores.