jueves, diciembre 12, 2024
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La metedura de pata de la imputada Begoña demuestra que tiene pocas luces

Se confirma lo que muchos llevábamos tiempo sospechando: que la imputada Begoña, además de ser una presunta corrupta, tiene menos luces que una carretilla de obra. Y así lo confirman las últimas noticias publicadas este martes.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta un nuevo revés judicial tras la presentación por error ante el Juez Juan Carlos Peinado de una serie de pruebas que revelan que una alta funcionaria de la Presidencia trabajaba para ella (con dinero público) como asistente personal suya en proyectos relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Las pruebas consisten en unos correos electrónicos que acreditan la intervención de la funcionaria en sus gestiones con la UCM, correos de la Universidad que la tenían como destinataria y que la defensa de la imputada Begoña presentó este lunes en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid para rebatir la acusación de apropiación indebida del famoso software.

En el marco de la investigación, se ha descubierto que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia y asesora de Moncloa, gestionó labores vinculadas a la captación de fondos para la cátedra de Gómez. Según correos electrónicos aportados a la causa, estas acciones se realizaron desde correos oficiales de Moncloa, evidenciando un posible uso indebido de recursos públicos para beneficio privado.

El caso se suma a las investigaciones por tráfico de influencias, corrupción y otros delitos relacionados con los contratos de esta cátedra, que recibió financiación controvertida y enfrentó críticas por su dudoso impacto académico. Además, se han señalado presuntas negociaciones de Gómez con empresas privadas para asegurar patrocinios que habrían servido para mantener proyectos cuestionados por la Complutense.

La polémica ha suscitado una gran indignación en la sociedad española que quiere exigir explicaciones claras sobre el posible uso de Moncloa como «sede social» para actividades privadas. El caso está bajo investigación judicial, y Gómez deberá comparecer próximamente ante el juez que instruye la causa.

 

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