El pasado 21 de octubre de 2026, la Dirección de Investigación de Infracciones de Criminalidad Organizada y Terrorismo (DIICOT) de Rumanía interrogó a Călin Georgescu, ex candidato presidencial, en un nuevo expediente penal. Según el comunicado oficial de la fiscalía, Georgescu (de 64 años y ya detenido preventivamente en otro caso) habría solicitado a un especialista de 35 años que escaneara su villa en Mogoșoaia, cerca de Bucarest, el 26 de septiembre. El objetivo declarado por los investigadores era identificar posibles equipos de grabación de audio y vídeo instalados por las autoridades judiciales tras una perquisición domiciliaria realizada el 21 de septiembre, así como alterar datos informáticos o perturbar el funcionamiento de los sistemas usados para la vigilancia técnica.
DIICOT califica los hechos como operaciones ilegales con dispositivos o programas informáticos (autoría e instigación) y tentativa de alteración de la integridad de datos informáticos y de perturbación del funcionamiento de sistemas informáticos. La fiscalía subraya que el resultado buscado —la alteración o deterioro de los medios técnicos de vigilancia— no se produjo. El especialista implicado, identificado en medios rumanos como Vlad Alin Zamfir, fue puesto bajo control judicial. Georgescu, por su parte, fue trasladado desde el centro de detención para declarar en calidad de sospechoso.
Este nuevo caso se suma a la situación judicial previa de Georgescu. A finales de septiembre de 2026, un tribunal de apelación ordenó su detención preventiva de 30 días en un expediente de fraude, en el que se le acusa, junto a otras personas, de haber estafado a un empresario con más de un millón de euros. Durante los registros del 21 de septiembre, los investigadores hallaron, entre otros objetos, un dispositivo de interferencia de señales en su vehículo. Georgescu niega las acusaciones y ha sido objeto de intensas coberturas mediáticas tanto en Rumanía como en el exterior.
Georgescu es una figura política controvertida. Lideró la primera vuelta de las elecciones presidenciales rumanas de 2024 (posteriormente anuladas) como independiente y ha sido descrito reiteradamente por medios internacionales y autoridades como un político pro-ruso. Su descalificación para la segunda vuelta se basó en alegaciones de interferencia extranjera coordinada. Sus defensores argumentan que las sucesivas causas penales forman parte de una persecución política sistemática.
El caso ilustra las tensiones actuales en Rumanía entre la aplicación de medidas de vigilancia judicial, la protección de la intimidad domiciliaria y el contexto de polarización política que rodea a figuras acusadas de vínculos con intereses externos. Las autoridades judiciales han insistido en que las medidas de vigilancia técnica estaban legalmente autorizadas en el marco de la investigación previa, y que cualquier intento de localizarlas o interferirlas puede constituir un delito específico. Por el momento, Georgescu permanece privado de libertad mientras se desarrollan las distintas causas.
