En un tuit publicado el 27 de noviembre de 2025, Pavel Durov, fundador de Telegram, ha destapado una de las contradicciones más flagrantes de la Unión Europea (UE). Durov acusa a la UE de «armar» las emociones colectivas sobre la protección infantil para avanzar en una agenda de vigilancia masiva y censura. Su publicación cita un tuit de David Heinemeier Hansson (DHH), cofundador de Basecamp y conocido como @dhh en X, quien denuncia la hipocresía de un partido político danés que impulsa esta legislación mientras uno de sus altos cargos, condenado por posesión de material de abuso sexual infantil, recibe una generosa pensión parlamentaria. Esta denuncia no es un aislado grito en el vacío: revela un patrón de doble rasero que socava la credibilidad de la UE y pone en jaque los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
Pavel Durov es muy claro en su publicación: «La UE arma las fuertes emociones de la gente sobre la protección infantil para impulsar vigilancia masiva y censura. Sus propuestas de ley de vigilancia eximen convenientemente a los funcionarios de la UE de que sus propios mensajes sean escaneados — y el post de David ayuda a explicar por qué». El tuit ha generado un debate feroz en X, con respuestas que van desde la indignación por la erosión de la privacidad hasta preguntas directas sobre si Telegram resistirá esta legislación.
The EU weaponizes people’s strong emotions about child protection to push mass surveillance and censorship. Their surveillance law proposals conveniently exempted EU officials from having their own messages scanned — and David’s post helps explain why. https://t.co/liRdsV7asq
— Pavel Durov (@durov) November 27, 2025
Durov no inventa esta narrativa: se basa en el escandaloso caso danés que DHH expone en su tuit original del 26 de noviembre. DHH escribe: «Un ex alto cargo del mismo partido Socialdemócrata que está detrás de esta propuesta acaba de recibir una pensión parlamentaria anticipada después de ser condenado por poseer miles de videos e imágenes de CSA. La cobertura de ‘Salvar a los Niños’ es una mierda». Adjunta un enlace a un artículo del diario danés Ekstra Bladet, que detalla cómo Henrik Sass Larsen, exministro socialdemócrata, ha sido premiado con una pensión vitalicia pese a su condena. Este caso no solo ilustra la hipocresía, sino que explica por qué la UE insiste en eximir a sus élites: para proteger a los suyos de las mismas herramientas que imponen al resto.
A former high-ranking member of the same Social Democrats party that’s behind this proposal was just awarded an early parliamentary pension after being convicted of owning thousands of CSA videos and images. Save The Children cover is bullshit. https://t.co/92RycUIaHl https://t.co/DV7Uu9QFOF
— DHH (@dhh) November 26, 2025
La legislación en cuestión es el controvertido «Chat Control» o Reglamento sobre Abuso Sexual Infantil en Línea, propuesto por la Comisión Europea en 2022 y revivido bajo la presidencia danesa del Consejo de la UE en 2025. Esta norma obligaría a proveedores de servicios digitales —incluyendo apps de mensajería encriptada como WhatsApp, Signal o Telegram— a escanear automáticamente todos los mensajes privados, fotos y archivos compartidos en busca de material de abuso infantil. El método propuesto es el «escaneo del lado del cliente» (client-side scanning), que analiza el contenido antes de la encriptación, lo que efectivamente debilita la privacidad end-to-end.
Los defensores, como la Comisión Europea, argumentan que es una medida voluntaria y temporal para combatir el CSAM en línea, con un plazo límite en abril de 2026 para su aprobación. Sin embargo, críticos como la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten que es un caballo de Troya para la vigilancia masiva: una vez implementado, podría expandirse a otros «sospechosos» contenidos, como disidencia política o críticas al gobierno. Y aquí radica el doble estándar: la propuesta exime explícitamente a los funcionarios de la UE y políticos bajo reglas de «secreto profesional». Como denuncia el sitio Fight Chat Control, «los políticos de la UE se eximen de esta vigilancia bajo reglas de ‘secreto profesional’. Ellos obtienen privacidad. Tú y tu familia no». Esta exención no es un detalle menor; es una admisión implícita de que la élite no confía en sus propias herramientas, reservándolas para el vulgo.
Bajo la presidencia danesa —que asumió en julio de 2025—, se ha intentado un «compromiso» que hace el escaneo «voluntario», pero la EFF lo califica de ilusorio: los estados miembros presionan por mandatos encubiertos, y el texto actual aún permite escanear comunicaciones estatales solo si es «necesario». Dinamarca, un baluarte del apoyo al escaneo CSAM, ha sido clave en revivir la propuesta tras años de estancamiento en el Consejo. Organizaciones como el Center for Democracy & Technology (CDT) critican el borrador danés por no resolver problemas fundamentales de privacidad, mientras que apps como Signal amenazan con abandonar el mercado europeo si pasa.
Para entender por qué DHH califica la «cobertura de Salvar a los Niños» como «basura», basta mirar el caso de Henrik Sass Larsen. Este exministro de Industria y Comercio (2013-2015) y miembro del Folketing por 19 años, de 59 años, fue condenado en septiembre de 2025 a cuatro meses de prisión por posesión de casi 8.500 archivos de imágenes y videos de abuso sexual infantil. La investigación reveló que Larsen, quien también dirigió la asociación de fondos de capital Aktive Ejere, había acumulado este material ilegal, lo que le costó su puesto laboral en marzo de 2025.
A pesar de esto, el Presidium del Folketing —presidido por Søren Gade (Venstre) e incluyendo a Leif Lahn Jensen (Socialdemócrata)—, otorgó a Larsen una «pensión anticipada del Folketing» bajo excepciones de salud y circunstancias sociales. A partir de mayo de 2026, cuando cumpla 60 años, recibirá 23.800 coronas danesas mensuales (unos 3.200 euros), que ascenderán a 38.000 coronas a los 65, más una pensión ministerial pendiente de 8.750 coronas. En total, podría sumar 47.000 coronas al mes hasta la edad de jubilación plena, superando con creces los beneficios de un danés promedio o un convicto común. Un informe psiquiátrico de julio de 2025 lo describe como deprimido y con capacidad laboral limitada, pero físicamente sano salvo un sarpullido.
Los Socialdemócratas, partido de Larsen y liderado en Dinamarca por Mette Frederiksen, son un pilar del apoyo a la propuesta de Chat Control en el Consejo de la UE. Dinamarca, bajo su presidencia, ha impulsado textos que, aunque suavizados, mantienen la puerta abierta a escaneos obligatorios. Como señala Euractiv, la propuesta ha «fracasado repetidamente» por oposición, pero Dinamarca la ha «revivido» con compromisos que no abordan la vigilancia masiva. ¿Coincidencia? El tuit de DHH conecta los puntos: mientras exigen escanear mensajes de ciudadanos para «proteger niños», protegen a un depredador en sus filas con privilegios financieros, eximiéndose ellos mismos de la ley.
Pavel Durov y David Heinemeier Hansson no son conspiranoicos; son guardianes de la libertad digital que exponen un sistema diseñado para vigilar al rebaño mientras la élite se escabulle. La exención de funcionarios en Chat Control no es un lapsus: es estructural, como confirma el EFF, para evitar que escándalos como el de Sass Larsen salgan a la luz en tiempo real. Y el caso danés no es aislado; refleja una UE que prioriza el control sobre la justicia real. En lugar de invertir en educación, apoyo a víctimas o fronteras seguras contra traficantes, optan por escanear billones de mensajes inocentes, divirtiendo recursos de medidas probadas.
Esta hipocresía erosiona la confianza en la UE: ¿cómo creer en una «protección infantil» que exime a pedófilos políticos? Durov, arrestado en Francia en 2024 por resistir censura similar, y DHH, un crítico de la vigilancia corporativa, defienden un principio simple: la privacidad es un derecho universal, no un lujo para burócratas. Su denuncia es un llamado a la acción: ciudadanos, rechacen Chat Control. Firmen peticiones en Fight Chat Control, presionen a sus eurodiputados y apoyen plataformas como Telegram que priorizan la encriptación.