En un país asfixiado por la presión fiscal y el desdén de una Agencia Tributaria convertida en un leviatán intocable, ha nacido por fin una voz que defiende al contribuyente común. El Movimiento Contribuyentes en Acción (MCA), presentado el pasado 29 de septiembre en Madrid, se erige como la primera asociación ciudadana dedicada a proteger a los españoles de los abusos, persecuciones y coacciones de Hacienda. Su presidente, Ignacio Basco, no ha dudado en denunciar un sistema fiscal «uno de los más complejos y opacos de Europa», donde el mero ciudadano se siente «solo, indefenso y desinformado» ante una máquina recaudatoria que genera más miedo que confianza.
Entre sus demandas clave: eliminar los bonus de los inspectores —esos incentivos que convierten la sanción en un premio personal—, restaurar la presunción de inocencia y forzar la transparencia en algoritmos opacos que deciden quién es perseguido.
Los españoles estamos hartos, y no es para menos. Bajo el mando de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Ministerio ha sido testigo —y cómplice pasivo— de una cascada de escándalos de corrupción que manchan de nuevo al PSOE y debilitan cualquier atisbo de legitimidad. Montero, que como consejera de Hacienda en Andalucía presidió la era de los ERE fraudulentos sin mover un dedo para recuperar el dinero robado, ahora dirige un departamento salpicado por tramas que involucran a su propio entorno. ¿Cómo puede una ministra que «aparece en muchas fotos de los casos de corrupción más sonados» pretender fiscalizar a los ciudadanos mientras su partido se ahoga en mordidas y amaños?
El caso Koldo-Ábalos es solo la punta del iceberg de esta podredumbre sistémica. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE, y su asesor Koldo García, forman el núcleo de una trama que adjudicó contratos públicos irregulares por millones durante la pandemia, cobrando comisiones ilegales que superan los 620.000 euros en obras públicas amañadas con constructoras como Acciona.
La red se extiende: el empresario Víctor de Aldama ha confesado sobornos a altos cargos, incluyendo 25.000 euros al jefe de gabinete de Montero para paralizar embargos de Hacienda, y menciona pagos a Koldo (200.000 euros) y Ábalos (400.000 euros).
Incluso Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, ahora en prisión, dimitió tras grabaciones de la UCO que lo implican en esta organización criminal.
¿Y los sobres con dinero en efectivo? Emergen en las confesiones y grabaciones como método habitual para repartir el botín de contratos sanitarios y obras, un eco de las prácticas que Sánchez juró erradicar al llegar al poder en 2018 con su moción de censura contra el PP.
Pero la vergüenza alcanza lo personal: el hermano del presidente, David Sánchez, ha sido pillado en un fraude fiscal burdo. Fingía residir en Portugal para evadir impuestos en España, haciendo compras en supermercados lusos para simular arraigo, mientras cobraba un sueldo público en Badajoz y, según algunas informaciones, usaba La Moncloa como domicilio real. Hacienda, bajo Montero, emitió un informe exculpatorio sin firma inicial, un favoritismo escandaloso que huele a encubrimiento.
Esta doble moral es insostenible: mientras el contribuyente medio necesita «un máster para entender una notificación», los cercanos al poder se saltan las reglas con la bendición implícita del Ministerio saqueador de hacienda.
Pero más allá de dimisiones y prisiones para los corruptos urge una regeneración real. Contribuyentes en Acción llega en el momento perfecto para defender la aplicación efectiva de la Ley de Garantías del Contribuyente y un fin a la «emergencia democrática» provocada por un fisco que persigue y asfixia al ciudadano mientras encubre las corruptelas de los suyos.
Por fin, los españoles tienen una asociación que los defiende. Es hora de transformar el miedo en acción colectiva contra Hacienda.
(Por Laura González)
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