En apenas tres meses, a partir del 1 de enero de 2026, más de 400.000 coches serán expulsados de las calles de Madrid debido a la extensión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a toda la ciudad. Esta medida, promovida por el Ayuntamiento de Madrid bajo la batuta de José Luis Martínez Almeida, más conocido como «Carmeida»,no solo es un atentado contra la movilidad de los madrileños, sino también un claro ejemplo de la incompetencia y la desconexión de un gobierno municipal que parece más interesado en cumplir con agendas globalistas europeas que en resolver los problemas reales de la ciudadanía. Y peor aún, Almeida engañó a los madrileños en campaña electoral con la promesa de eliminar las restricciones del «Madrid Central» que había implementado su antecesora, la comunista Manuela Carmena. No solo no lo eliminó, sino que lo amplió a toda la ciudad.
La información difundida recientemente por Telemadrid deja claro el desastre que se avecina: «Faltan solo 3 meses para que 400.000 coches salgan de Madrid. A partir del 1 de enero de 2026 los vehículos sin etiqueta medioambiental o etiqueta A tendrán prohibido circular al extenderse la zona de Bajas Emisiones por toda la ciudad.» Este anuncio, lejos de ser una solución a la contaminación, es un golpe directo a las clases medias y bajas, que no tienen los recursos para adquirir vehículos nuevos o alternativas viables de transporte. Mientras tanto, Almeida y su equipo parecen vivir en una burbuja, ignorando las consecuencias prácticas de esta decisión.
Pero el problema no termina aquí. El metro de Madrid, que se suponía sería la alternativa a los vehículos privados, ya está al borde del colapso. Los vagones, abarrotados de gente agolpada, con un aspecto que recuerda más a un país del Tercer Mundo que a una capital europea, sufren constantes averías, retrasos y una saturación que hace insoportable el día a día de los usuarios. Si ahora, con el tráfico actual, las líneas de metro están al límite, ¿qué pasará cuando cientos de miles de madrileños se vean obligados a depender exclusivamente de este sistema? La respuesta es obvia: un caos absoluto.
La irresponsabilidad del Ayuntamiento de Madrid es evidente. Han permitido que el metro se degrade hasta un punto en el que los propios usuarios lo comparan con sistemas de países en vías de desarrollo. Los trenes con frecuencias insuficientes y estaciones abarrotadas, son el pan de cada día. Y ahora, con la expulsión de 400.000 coches, se pretende que este sistema colapsado absorba a una masa de usuarios que simplemente no tiene capacidad para albergar.
Esta medida no solo es injusta, sino también ilegal en su esencia. La ZBE, que ya ha sido cuestionada judicialmente (recuerden que el TSJ de Madrid tumbó las ZBE y, a pesar de eso, Carmeida sigue multando), no hace más que perpetuar una política de discriminación social. Los madrileños, especialmente aquellos que dependen de sus vehículos para trabajar, estudiar o simplemente moverse por la ciudad, se ven condenados a una movilidad restringida que no tiene alternativas reales. ¿Qué se espera que hagan? ¿Dejar de ir a sus trabajos? ¿Renunciar a sus vidas cotidianas porque el Ayuntamiento decide imponer una medida tan drástica?
Frente a esta situación, la desobediencia civil se presenta como una opción legítima. Los madrileños no pueden, ni deben, aceptar una ley que les priva de derechos básicos. La resistencia a esta medida injusta debe ser activa: ignorar las restricciones, boicotear las multas y exigir responsabilidades al gobierno municipal. Almeida y su equipo deben ser conscientes de que no pueden seguir jugando con la vida de los ciudadanos como si fueran piezas de un tablero.
Hay que acabar con las ZBE porque se dirigen contra los ciudadanos con rentas más bajas a quienes están marginando para favorecer a las clases altas que se pueden permitir comprar vehículos nuevos.
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