En una decisión que debería servir de ejemplo para todos los que defienden la independencia judicial, el juez Juan Carlos Peinado ha dicho basta. Tras meses de recibir durísimos ataques personales y profesionales por parte de políticos, periodistas, presentadores y tertulianos afines al Gobierno, el magistrado ha presentado demandas por injurias y calumnias contra figuras como el ministro de Transportes, Óscar Puente; el exvicepresidente Pablo Iglesias; y periodistas como Antón Losada y Ernesto Ekaizer.
Esta no es una mera represalia: es una defensa legítima del honor de un funcionario público que, simplemente, ha caído en el infortunio de instruir un caso que incomoda al poder. Y mientras el sanchismo orquesta una campaña de descrédito, Peinado, a punto de jubilarse, resiste una presión que roza lo intolerable. Recordemos los hechos con claridad:
Desde abril de 2024, Peinado dirige la investigación contra la pentaimputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos graves como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Este caso no lo eligió el juez, le fue asignado mediante un sistema de turno rotatorio tal y como dictan las normas de un Estado de Derecho. Sin embargo, en lugar de permitir que la Justicia siga su curso, una legión de voces afines al PSOE ha desatado una tormenta de acusaciones infundadas. Pablo Iglesias, en un directo de TVE, no dudó en tildar directamente a Peinado de «prevaricador», afirmando que «se va a jubilar sin que le pase absolutamente nada». ¿Pruebas? Ninguna. Solo la bilis de un exvicepresidente que, tras su nefasto paso por el Gobierno, parece haber encontrado en los platós su nuevo púlpito para salvarse del ostracismo mediático en el que se encontraba.
No se queda ahí la ignominia. Óscar Puente, actual ministro de Transportes y portavoz habitual del Ejecutivo, ha calificado la instrucción de Peinado como «un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro». En julio de 2024, en una entrevista a el diario de Escolar, Puente llegó a insinuar que interrogatorios a Pedro Sánchez o al ministro Félix Bolaños eran meras maniobras para «marcarles y vincularles con una causa penal».
¿Desde cuándo un ministro decide qué es «imparcial» en una investigación judicial? Esta retórica no es solo irresponsable; es un abuso de poder. Puente, como miembro del Gobierno, debería saber que criticar una actuación judicial es legítimo, pero calumniar a un juez para desviar la atención de posibles irregularidades en el entorno de Moncloa es puro oportunismo político.
Y qué decir de los tertulianos, esos «analistas» que convierten los debates televisivos en tribunales populares. Antón Losada, habitual en TVE, ha asegurado que Peinado está «a milésimas de segundo de incurrir en prevaricación», como si él fuera un experto forense en lugar de un opinador al que tenemos la desgracia de pagar todos.
Ernesto Ekaizer, por su parte, ha fantaseado con que el juez «alardea en su grupito de la hípica de que va a acabar con Pedro Sánchez».
Estas no son opiniones informadas; son libelos que alimentan una narrativa de conspiración, sin aportar un solo elemento probatorio. Llevan meses machacando al juez Peinado en platós de televisión y redes sociales, convirtiendo su labor en un circo mediático donde el juez es el villano de turno. ¿Objetivo? Deslegitimar la investigación antes de que avance, protegiendo así a los intocables del poder. Esta escalada no es aislada. Hace unos meses, el juez Manuel García Castellón demandó a la podemita Ione Belarra por llamarle «corrupto» y «prevaricador» en redes sociales.
La politización de la Justicia en España ha alcanzado niveles alarmantes, con el Gobierno y sus satélites optando por el ataque personal en lugar de la rendición de cuentas. Peinado, con más de tres décadas en la carrera judicial, está a las puertas de la jubilación. ¿Merece terminar su trayectoria bajo una lluvia de insultos solo por cumplir con su deber? La respuesta es obvia: no. Ha tenido que trabajar en un caso minado de presiones políticas, con denuncias cruzadas de Bolaños al CGPJ y hasta varias querellas por prevaricación contra el propio juez interpuestas por Sánc-hez, la imputada Begoña y el propagandista Máximo Pradera que, afortunadamente, fueron archivadas.
Es el colmo de la hipocresía: mientras se investiga corrupción en el círculo presidencial, se acosa al instructor para que tire la toalla. Las demandas de Peinado, presentadas como actos de conciliación en juzgados de Madrid, podrían derivar en juicios civiles o penales si no hay acuerdo –lo que parece improbable, dado el tono beligerante de los implicados–.
Este paso no solo protege su honor, sino que envía un mensaje claro: la Justicia no es un chiringuito al servicio de quien grite más alto. Políticos como Puente e Iglesias, y tertulianos como Losada y Ekaizer, deberían reflexionar sobre el daño que causan con su verborrea. En un país donde la corrupción ha sido el talón de Aquiles de tantos Gobiernos, atacar al mensajero en lugar de resolver el problema solo agrava la crisis y la insoportable división que existe actualmente en nuestra querida España.