Por Alfonso de la Vega
“El que quiera vender algo primero tiene que crear su propia demanda” (Keynes)
A veces parece que aún nos encontramos en un mundo inefable como el que criticaba el maestro Ciruelo en su famoso Tratado de reprobación de las supersticiones y hechizerías. Cuando la cosa se ponía fea basta con sacar a Sus Católicas Majestades en devota procesión pública como en sus tiempos se hacía con vírgenes y santos varones llevados en andas por los lugareños. La prensa alabanciosa ha presentado la visita de Leticia y su consorte a las zonas devastadas por los incendios provocados y oficialmente desatendidos con todo el empachoso almíbar de que es capaz y para colmo de preservar la buena salud del lector sin adjuntar siquiera una adecuada dosis de insulina. Quizás no hacía falta dado que el gentío aunque algo chamuscado aplaudía tan milagrosa aparición.
De catástrofe en catástrofe, ya bien entrenado por la repetición de calamidades durante su desastroso reinado, el Jefe del Estado intentaba mostrarnos su perfil más voluntarioso, aunque se ve claro que cuando se sale del guion prefijado su personal minerva no da para más. En un alarde de osadía alaba la actuación oficial contra la palmaria evidencia en contra de sus pobres arruinados súbditos víctimas. E incluso en otro, casi de imprudencia temeraria por mucho que se encuentre protegido por una legión de escoltas, se permite afirmar que es necesario formar a los vecinos para que aprendan a hacer frente a los incendios y otras emergencias. Menos mal, pobrecitos, es que no saben nada, esas pobres gentes a la que no llegaría la propaganda del régimen.
No obstante, acaso para no provocar al populacho que aún se atreve a ignorar sus heroicos desvelos y pese a que ya ha confesado repetidamente su solemne apuesta por la globalización por encima de la soberanía nacional española, don Felipe se había quitado para la visita la por demás insultante chapita de la Agenda 2030. Mantra o pretexto hipócrita de unas políticas contra el agro que están en el origen o al menos agravación de la devastación actual del sector agrario y de la economía rural.
Porque, aparte de los obstáculos inducidos por la política oficial para evitar la prevención de incendios mediante las prácticas agrarias o forestales tradicionales, la actual devastación es coherente con, si no incluso consecuencia directa, del “Pacto Verde Europeo” del 2020 “El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de la UE que consiste en un paquete de iniciativas políticas que sitúan a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática para 2050”. La transición ecológica es hacía la miseria y la muerte. Y para ello se “legisla” mediante Reales Decretos a favor de los grandes monopolios y en contra de las sociedades y de los agricultores. Ya en Junio de 2021, la UE aprobaba “La Ley Europea del Clima”, en donde además establece la meta intermedia de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Además de las explotaciones mineras de wolfram o tierras raras y la implantación de corralitos de peligrosos molinillos y placas voltaicas donde antes había actividad agrario- forestal, el resultado de los incendios es favorecer la pérdida de suelo fértil entre otras formas de patrimonio natural. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de junio de 2024, el 93 % de los parques fotovoltaicos en España se construyen sobre terrenos agrícolas, mientras que solo el 7 % afectan a suelos no agrarios o forestales, una auténtica barbaridad, también ecológica. Olivares, y otros cultivos leñosos o herbáceos, plantas que captaban CO2, formaban el paisaje, evitaban la erosión, y permitían la economía rural, son sustituidos por extensas superficies de cachivaches y espantosos artefactos ajenos no renovables ni renovadores de oxígeno, pero destruyen sumideros naturales de carbono gracias a la fotosíntesis y desarticulan ecosistemas agrarios y forestales.
Se emplearía de modo abusivo el respaldo legal que permite la expansión de grandes infraestructuras sobre suelo agrícola que establece la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que declara de utilidad pública todas las infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. A ello se suma la posibilidad de autorizar la declaración de interés general para proyectos renovables. Así se facilitan la expropiación forzosa, cierto blindaje jurídico y la agilización administrativa por instituciones devenidas en colaboracionistas.
Pudiera argüirse que sería mejor en todo caso la ubicación en zonas incultas donde hiciesen competencia a la agricultura o la cabaña ganadera. Pero los monopolios el negocio es mayor donde el terreno agrícola está ya allanado, con acceso a vías de comunicación, cerca de tendidos eléctricos existentes y con agua disponible. Las declaraciones de impacto ambiental se han degradado a cubrir un simple trámite administrativo.
En resumen, se trataría de la imposición de una sustitución de alimentos por megavatios. De un desastre ecológico y de atentado contra la soberanía alimentaria nacional, de un derroche hídrico en una España seca. Más que de transición, casi de un suicidio anunciado. No estaría de más el estudio de la posible correlación funcional entre ciertas leyes y los actuales desastres. La famosa PAC o Política Agraria Común en entredicho para favorecer en su lugar actividades monopolísticas energéticas ajena sal sector agrario.
Así, la Ley 7/2021 de “Cambio Climático y Transición Energética”, que proclama la neutralidad climática. O el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023–2030”, que fija ambiciosas metas en materia de renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones. O bien la “Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050)”, para un futuro utópico libre de carbono, cuando paradójicamente a la vez se eliminan precisamente los sumideros de la actividad fotosintética de las plantas O el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), que riega el desastre cuando no simples desfalcos, con grandes fondos europeos con el pretexto de la innovación verde. Repertorio normativo que pretende definir la hoja de ruta energética de España para el futuro. Muy negro me temo.
Tenemos precedentes de desvaríos interesados relacionados con la energía a mayor granjería oligárquica. Como ingeniero veterano no puedo por menos de acordarme ante tanto impostado optimismo oficial de lo que pasó con el ruinoso Plan Nuclear de los años setenta que hubo que rescatar para evitar la quiebra financiera de un sector eléctrico vistiendo el salvamento financiero con la excusa de la moratoria nuclear del complaciente gobierno socialista vendida entonces como filantrópica preocupación medioambiental.
Para terminar de rematar la faena y tras el apagón causado por las renovables el gobierno de Su Majestad introduce una medida correctora: el Real Decretoley 7/2025, de 24 de junio, “Medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico”. En él, se modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Además de impulsar el almacenamiento energético como respuesta a la falta de inercia del sistema, se amplían los plazos de ejecución para evitar la caducidad de proyectos pendientes, se simplifican los trámites ambientales y aún peor, se establece la declaración de utilidad pública para las nuevas instalaciones de almacenamiento. Este último punto tiene importantes consecuencias: permite la expropiación forzosa de terrenos, incluyendo fincas agrícolas en producción, para destinarlos a infraestructuras energéticas.
Como conclusión, la verdad es que no sabemos si en las declaraciones de don Felipe al desorientado pueblo que incomprensiblemente le aplaude hay más ignorancia que cinismo o viceversa.