En medio de la devastación provocada por la oleada de incendios que arrasa media España, los últimos datos sobre la deuda pública publicados este lunes por el Banco de España han pasado prácticamente desapercibidos, eclipsados por las llamas y la emergencia. Sin embargo, este silencio mediático no puede ocultar la gravedad de la situación: la deuda pública española alcanzó en junio de 2025 la astronómica cifra de 1.691.000 millones de euros, un incremento de 27.466 millones respecto a mayo y un 3,84% más que el año anterior. Esto representa un 103,4% del PIB, una ratio que sigue siendo insostenible y refleja la incapacidad del gobierno para gestionar las finanzas públicas a pesar de tener el mayor récord en recaudación de impuestos de la historia.
Mientras Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura luchan contra incendios que han devastado hogares, explotaciones agrarias y paisajes, el Ejecutivo parece más preocupado por mantener su discurso de estabilidad económica que por abordar las verdaderas prioridades del país. La deuda per cápita, que ya asciende a 33.892 euros por habitante, es un recordatorio cruel de la carga que el desgobierno de Pedro Sánc-hez está dejando a las generaciones futuras. Este aumento constante, que acumula un crecimiento de 1.283.064 millones de euros desde 2008, no solo evidencia una gestión económica temeraria, sino también una falta de visión para diversificar la economía y reducir la dependencia de un endeudamiento crónico.
El Banco de España, en su último informe, señala que la deuda de la Administración Central representa el 93,9% del PIB, mientras que la Seguridad Social ha visto un incremento del 8,6% interanual, alcanzando los 126.000 millones de euros. Con respecto a la deuda de las más que prescindibles Comunidades Autónomas, esta fue de 343 mm de euros en junio de 2025, equivalente a un 21% del PIB, con una variación interanual del 1,5%.
Estos datos no son meras cifras; son la prueba de un modelo económico basado en el gasto descontrolado y la falta de reformas estructurales. La crisis de los incendios, que ha destruido pueblos enteros, ha obligado a evacuar muchas localidades y ha devastado sectores clave como la agricultura y la ganadería, pone en evidencia la fragilidad de un país que no puede permitirse más despilfarro. En lugar de priorizar la prevención frente a desastres naturales, el gobierno ha optado por aumentar las emisiones netas de deuda en 5.000 millones de euros para 2025, según el Tesoro Público, y planea emisiones brutas de 278.448 millones, un 7,4% más que el año anterior. Este enfoque cortoplacista, que incluye emitir bonos verdes mientras el país literalmente se quema, es un insulto a los ciudadanos que enfrentan las consecuencias de la inacción climática y fiscal.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido que, sin medidas adicionales, la senda de gasto del gobierno superará el 3% anual comprometido, lo que dificultará aún más la reducción de la deuda. Sin embargo, el Ejecutivo parece más interesado en mantener su base política que en asumir la responsabilidad de un ajuste fiscal que, aunque doloroso, es necesario para evitar un colapso financiero a medio plazo. Mientras tanto, la ciudadanía paga el precio: no solo con un país en llamas, sino con una deuda que hipoteca su futuro.
El gobierno de España ha fallado estrepitosamente en su gestión de la deuda pública, permitiendo que alcance niveles récord mientras desvía la atención hacia una supuesta fortaleza económica que no resiste un análisis crítico.
En lugar de apagar fuegos —literal y metafóricamente—, el gobierno de Sánchez sigue echando leña al endeudamiento, dejando a España en una posición cada vez más vulnerable.
¡Que Dios nos pille confesados!