El Tribunal Supremo (TS) ha decidido archivar las querellas y denuncias presentadas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seis de sus ministros en relación con la gestión de la riada que asoló Valencia en octubre de 2024, según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su página web. La Sala de lo Penal ha concluido que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, una decisión que, a primera vista, puede parecer controvertida y merece un análisis crítico exhaustivo, especialmente ante la percepción pública de que las autoridades podrían ser responsables de una gestión deficiente que agravó las consecuencias de esta catástrofe.
Las riadas del 29 octubre de 2024 en Valencia dejaron un saldo devastador: cientos de fallecidos, miles de damnificados y daños materiales incalculables. Las denuncias y querellas interpuestas por diversos colectivos y asociaciones apuntaban a una supuesta inactividad o negligencia por parte del Gobierno central, específicamente contra Pedro Sánchez y seis ministros, cuyos nombres no se detallan en la nota del CGPJ, pero que probablemente incluyen a titulares de carteras clave como Interior, Defensa, Transportes o Transición Ecológica, responsables de áreas relacionadas con la gestión de emergencias y desastres naturales.
Las acusaciones, según el comunicado, se centraban en la presunta falta de respuesta adecuada ante las alertas meteorológicas y la gestión de la crisis posterior. Los denunciantes argumentaban que la inacción del Gobierno contribuyó a la magnitud de los daños, señalando posibles fallos en la coordinación, la prevención y la respuesta inmediata. Sin embargo, el TS ha desestimado estas acusaciones al no encontrar indicios de delito, lo que plantea preguntas sobre la transparencia, la solidez de la investigación judicial y los criterios aplicados para llegar a esta conclusión.
El comunicado del CGPJ es notablemente escueto y carece de información específica sobre los hechos investigados, los argumentos de las querellas o los razonamientos jurídicos que sustentan el archivo. No se mencionan los delitos específicos imputados (por ejemplo, omisión del deber de socorro, prevaricación o negligencia) ni se detalla cómo el TS evaluó las pruebas presentadas. Esta opacidad alimenta la percepción de que la decisión podría estar influenciada por factores políticos, especialmente considerando que se trata de figuras de alto perfil, incluido el presidente del Gobierno.
Criterios para determinar la inexistencia de delito: El TS concluye que los hechos «no son constitutivos de delito», pero no explica qué elementos objetivos o legales sustentan esta afirmación. En un contexto de desastre natural, la responsabilidad penal de autoridades públicas suele ser difícil de probar, ya que requiere demostrar dolo o negligencia grave. Sin embargo, la magnitud de la tragedia en Valencia —con alertas meteorológicas emitidas con antelación por AEMET— plantea preguntas legítimas sobre si hubo fallos en la cadena de mando, la activación de protocolos de emergencia o la asignación de recursos. El archivo de las querellas sin una explicación detallada deja sin respuesta estas inquietudes y puede interpretarse como un intento de proteger a los implicados.
Percepción de impunidad: La decisión del TS refuerza la percepción de que las élites políticas gozan de una inmunidad de facto frente a responsabilidades penales, especialmente en casos de gestión de crisis. En tragedias similares en otros países, como el huracán Katrina en Estados Unidos (2005), las investigaciones sobre la respuesta gubernamental fueron exhaustivas y, en algunos casos, derivaron en consecuencias legales o políticas. En este caso, el archivo rápido de las querellas puede alimentar el descontento social, especialmente en una región como Valencia, donde las víctimas y sus familias buscan justicia y respuestas.
Responsabilidad política vs. responsabilidad penal: Aunque el TS no haya encontrado indicios de delito, esto no exime al Gobierno de posibles responsabilidades políticas o administrativas. La gestión de las riadas ha sido ampliamente criticada en medios y redes sociales, con informes que señalan retrasos en la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), problemas de coordinación entre administraciones autonómicas y centrales, y una comunicación deficiente con la población afectada. La ausencia de responsabilidad penal no debería traducirse automáticamente en una exoneración total, pero la falta de una investigación pública independiente sobre la gestión de la crisis contribuye a la percepción de opacidad.