El 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana fue devastada por una riada que dejó 228 víctimas mortales, miles de heridos y daños materiales incalculables, especialmente en el barranco del Poyo, donde se registraron 192 fallecidos. Un informe de la Guardia Civil, remitido a la juez Nuria Ruiz Tobarra del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, ha desatado una fuerte polémica al señalar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no informaron «en tiempo real» sobre la magnitud de este evento meteorológico extremo.
El informe de 220 páginas elaborado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil detalla una serie de deficiencias en la gestión de las riadas, particularmente en la falta de avisos oportunos por parte de la AEMET y la CHJ durante las horas críticas de la tarde del 29 de octubre. Según el documento, la CHJ no informó sobre el aumento exponencial del caudal del barranco del Poyo entre las 16:15 y las 18:43 horas, período en el que el caudal pasó de 37,2 m³/s a 1.686,8 m³/s, un nivel «extraordinario» que superó en más de diez veces el umbral crítico de 150 m³/s. El informe destaca que los umbrales 1, 2 y 3 (30, 70 y 150 m³/s, respectivamente) se rebasaron a las 16:15, 17:00 y 17:25 horas, pero no se emitió ninguna comunicación hasta las 18:43, cuando se envió un correo a la Delegación del Gobierno y al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana, alertando de una crecida «muy rápida». La Guardia Civil califica esta demora como una «aparente ausencia de control» sobre el dispositivo de registro del Poyo «justo en el peor de los momentos».
En cuanto a la AEMET, el informe señala que no proporcionó información en tiempo real sobre los registros pluviométricos que se estaban recogiendo, los cuales alcanzaron hasta 771 litros por metro cuadrado en Turís. Aunque la AEMET emitió 19 avisos de nivel rojo, todos se comunicaron con retrasos, algunos hasta 50 minutos después del inicio del período previsto, y no se generaron boletines predictivos entre las 9:31 y las 16:24 horas, un lapso de casi siete horas en el que las precipitaciones ya eran intensas. Además, el informe cuestiona la falta de datos pluviométricos en tiempo real durante las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), donde el representante de la AEMET, identificado erróneamente como el «delegado territorial» (en realidad, José Ángel Núñez, jefe de Climatología en Valencia), no habría proporcionado información actualizada que reflejara la gravedad del episodio.
Ambos organismos, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), han rechazado las acusaciones. La AEMET sostiene que realizó al menos 24 llamadas al 112 de la Generalitat entre las 6:30 y las 22:02 horas del 29 de octubre, informando sobre la situación meteorológica, incluyendo precipitaciones intensas y la formación de un tornado en Alginet. Según la agencia, estas comunicaciones, junto con los boletines emitidos, cumplían con su función de prever y alertar, no de transmitir datos en tiempo real, responsabilidad que recaería en otros canales.
La CHJ, por su parte, asegura que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) publicaba datos del caudal del Poyo cada cinco minutos, accesibles en tiempo real para el Cecopi y el CCE. Además, afirma haber enviado 198 correos electrónicos al CCE el día de la DANA, incluyendo 17 sobre la superación de umbrales en las cuencas del Poyo y el Túria. Sin embargo, la Guardia Civil critica que los avisos no eran automáticos, sino que requerían validación manual, lo que pudo haber causado retrasos. La CHJ también señala un desfase de 25-30 minutos entre la toma de datos y su visualización, lo que podría explicar parte de la demora, aunque no justifica la ausencia de alertas durante más de dos horas.
El MITECO, liderado entonces por Teresa Ribera, ha defendido que ambos organismos actuaron «en tiempo real y en abierto» y que «nunca hubo un apagón informativo». Ribera ha destacado que la AEMET emitió avisos desde el 24 de octubre y que la CHJ activó alertas hidrológicas, incluyendo 198 comunicaciones el 29 de octubre. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con el informe de la Guardia Civil, que subraya la falta de acción inmediata en momentos clave.
La Guardia Civil no concluye que la omisión fuera intencionada, pero su informe plantea preguntas incisivas: «¿Cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones?» Este interrogante, dirigida especialmente a la CHJ y su presidente, Miguel Polo, sugiere una posible negligencia grave. La ausencia de alertas durante las horas críticas, cuando el caudal del Poyo se multiplicó por 45, y la falta de datos pluviométricos actualizados por parte de la AEMET, podrían haber impedido que las autoridades locales tomaran medidas preventivas, como evacuaciones o el envío anticipado del mensaje ES-Alert, que no se emitió hasta las 20:11, cuando muchas víctimas ya habían perecido.
La Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón (PP), ha acusado a la CHJ y la AEMET, dependientes del gobierno central (PSOE), de un «apagón informativo» que obstaculizó la respuesta. Mazón ha señalado que no recibió información suficiente hasta las 18:45, cuando el caudal del Poyo ya era catastrófico, y ha criticado la desactivación de alertas hidrológicas en tres ocasiones. Por otro lado, la oposición (PSOE y Compromís) sostiene que la Generalitat ignoró las alertas ciudadanas al 112, que comenzaron a reportar desbordamientos desde las 12:30 en Requena y continuaron en municipios como Utiel, Turís y Chiva, mucho antes del ES-Alert. Esta politización ha avivado sospechas de que los retrasos podrían haber sido motivados por intereses políticos o burocráticos, aunque no hay pruebas definitivas que sustenten esta teoría.
El informe de la Guardia Civil ha intensificado el debate sobre la gestión de la DANA. La Generalitat, a través de la vicepresidenta Susana Camarero, ha calificado el informe de «demoledor» y exigido responsabilidades a la CHJ y la AEMET, acusándolas de «dos horas y media de silencio letal». Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (PSOE), defiende que los organismos estatales actuaron correctamente y que la responsabilidad recaía en la Generalitat, que tenía el mando único de la emergencia según la normativa autonómica.
La investigación judicial, que incluye a dos ex altos cargos de la Generalitat (Salomé Pradas y Emilio Argüeso) como investigados por homicidio imprudente, busca esclarecer si la gestión fue adecuada. La juez Ruiz Tobarra considera que el mensaje ES-Alert fue «tardío y erróneo», lo que podría haber contribuido a la pérdida de vidas. El informe de la Guardia Civil sugiere que una comunicación más oportuna de la CHJ y la AEMET podría haber permitido decisiones que salvaran vidas, especialmente en los municipios más afectados por el Poyo, como Paiporta (46 fallecidos), Catarroja (21) y Alfafar (14).
La falta de avisos en tiempo real durante las horas críticas, la validación manual de datos que retrasó las alertas y la ausencia de boletines predictivos durante un período clave sugieren, en el mejor de los casos, una grave negligencia. La CHJ, con un sistema SAIH que debería haber proporcionado datos en tiempo real, y la AEMET, con su capacidad para monitorear precipitaciones extremas, no cumplieron con la celeridad esperada en una emergencia de esta magnitud. Ahora la pregunta es por qué.