La multinacional automotriz Stellantis, que agrupa marcas como Fiat, Peugeot y Citroën, ha encendido las alarmas en la industria al advertir que podría cerrar fábricas debido a la baja demanda de sus furgonetas eléctricas. Según la compañía, la transición hacia vehículos eléctricos, impulsada por regulaciones ambientales más estrictas en Europa, no está siendo acompañada por una aceptación suficiente en el mercado, lo que pone en riesgo miles de empleos y la viabilidad de varias plantas de producción.
El sector de las furgonetas eléctricas, clave para flotas comerciales y servicios logísticos, enfrenta un panorama complicado. A pesar de las inversiones millonarias de Stellantis en electrificación, los consumidores y empresas muestran reticencia a adoptar estos vehículos. Los principales obstáculos son el alto costo inicial, la limitada autonomía para largas distancias y la insuficiente infraestructura de recarga en muchos países. Además, la incertidumbre económica y la inflación han frenado la renovación de flotas, afectando directamente las ventas.
Stellantis ha señalado que las normativas europeas, como la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035, están ejerciendo una presión insostenible sobre la industria. «Estamos a unos meses de una tragedia», ha afirmado el jefe europeo del grupo Stellantis, Jean Philippe Imparato, destacando que las fábricas dedicadas a la producción de furgonetas eléctricas operan muy por debajo de su capacidad. Plantas en Reino Unido, Francia e Italia, que emplean a miles de trabajadores, están en la cuerda floja si no se revierte esta tendencia.
Otros fabricantes, como Ford y Volkswagen, también han reportado dificultades para vender vehículos eléctricos comerciales, lo que sugiere un problema estructural en el sector. Los expertos apuntan a la necesidad de incentivos más robustos, como subsidios directos o exenciones fiscales, para estimular la demanda. También se reclama una expansión urgente de la red de cargadores rápidos, especialmente en áreas rurales y corredores logísticos.
Mientras tanto, los sindicatos han expresado su preocupación por el impacto social de posibles cierres. En regiones dependientes de estas fábricas, como la italiana de Mirafiori o la británica de Ellesmere Port, un cierre podría devastar economías locales. Los trabajadores exigen un plan de transición que proteja los empleos y fomente la reconversión hacia tecnologías sostenibles sin sacrificar la estabilidad laboral.
Stellantis, por su parte, ha instado a los gobiernos a reconsiderar el ritmo de la transición eléctrica y a implementar medidas que equilibren los objetivos ambientales con la realidad económica. Sin una acción coordinada, la industria automotriz europea podría enfrentar una crisis sin precedentes, con consecuencias que trascienden las líneas de producción y afectan a toda la cadena de suministro.