La Justicia española vive un momento de tensión sin precedentes tras la huelga de tres días convocada por jueces y fiscales entre el 1 y el 3 de julio, en protesta por las reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Las asociaciones convocantes, que representan a la mayoría de los 5.400 jueces y 2.800 fiscales del país, han denunciado la falta de diálogo por parte del Ministerio, afirmando: “No hemos recibido ni una llamada” para negociar o evitar el conflicto. Esta movilización, calificada como histórica por su alcance y seguimiento, refleja el profundo malestar del sector judicial ante lo que perciben como un ataque a la independencia judicial y al Estado de Derecho.
La huelga, convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha tenido un seguimiento estimado del 75% en su primera jornada, según las asociaciones, un dato que refleja el respaldo masivo de los togados. Las únicas asociaciones que se desmarcaron fueron las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que consideran que los jueces, como parte de un poder del Estado, no tienen derecho a la huelga.
El paro, que ha comenzado el 1 de julio, fue precedido por una concentración masiva frente al Tribunal Supremo el 28 de junio, donde miles de personas, incluyendo cientos de jueces y fiscales, exigieron la retirada de las reformas conocidas como “ley Bolaños”. Esta protesta, junto con un paro simbólico de diez minutos el 11 de junio, sirvió como preludio a la acción más contundente: una huelga de tres días que ha paralizado parcialmente los tribunales, aunque se establecieron servicios mínimos para garantizar actuaciones urgentes, como levantamientos de cadáveres, medidas cautelares y casos que afectan a personas vulnerables.
El conflicto tiene su origen en dos proyectos legislativos impulsados por el Ministerio de Justicia: el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Las asociaciones denuncian que estas reformas “comprometen gravemente la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal” y aumentan los riesgos de politización de la Justicia.
Entre los puntos más controvertidos está la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Las asociaciones critican que la eliminación de la prueba oral y la introducción de un examen escrito de evaluación subjetiva rebajan los estándares de excelencia y podrían facilitar filtraciones o favoritismos. Además, la reforma prevé la estabilización de unos 1.000 jueces y fiscales sustitutos, lo que, según los críticos, vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad.
La reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal también ha generado alarma, especialmente por la propuesta de traspasar la instrucción de causas penales de los jueces a los fiscales y la dependencia de la Policía Judicial (como la UCO de la Guardia Civil) de la Fiscalía, que responde al fiscal general nombrado por el Gobierno. Las asociaciones advierten que esto podría subordinar la Justicia al poder político, especialmente en un contexto de casos de corrupción como el “caso Koldo” o las investigaciones sobre figuras cercanas al PSOE. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, subrayó: “Una Fiscalía que pueda estar dominada por el Gobierno, cualquiera que sea, no es una Fiscalía que convenga a los ciudadanos”.
El ministro Félix Bolaños ha mantenido una postura firme, calificando los temores de las asociaciones como “infundados” y defendiendo que las reformas son “imprescindibles” para modernizar una Justicia que, según él, opera con estructuras del siglo XIX. En comparecencias en el Congreso y el Senado, Bolaños ha comparado la resistencia actual con la oposición a leyes históricas como la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 o la Ley de Violencia de Género de 2004, que con el tiempo se convirtieron en consensos.
Sin embargo, las asociaciones han lamentado la falta de diálogo. Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, expresó su incredulidad: “Que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo es algo que no me cabe en la cabeza”. María Jesús del Barco, presidenta de la APM, confirmó que no han recibido “ninguna respuesta” desde la concentración del 28 de junio, lo que consideran una muestra de desinterés por parte del Ministerio.
El Ministerio, lejos de buscar un acercamiento, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General que identifiquen a los participantes en la huelga para descontarles los días no trabajados de sus nóminas, una medida que las asociaciones han aceptado como parte del ejercicio del derecho de huelga. El CGPJ, por su parte, ha resuelto que la huelga carece de “soporte normativo” y no ha fijado servicios mínimos, aunque las asociaciones establecieron criterios propios para garantizar la atención ciudadana.
Una encuesta de SocioMétrica para El Español reveló que el 62,7% de los españoles apoya la huelga, incluyendo un 42% de los votantes del PSOE, lo que indica un rechazo significativo a las reformas incluso entre los simpatizantes socialistas.
Las asociaciones han elevado el conflicto al ámbito internacional, anunciando que remitirán informes al Parlamento Europeo, al Consejo de Europa, al GRECO y a la Comisión de Venecia para denunciar posibles vulneraciones de la independencia judicial. Este movimiento busca presionar al Gobierno desde instancias europeas, especialmente tras el precedente de la ley de amnistía, cuestionada como una “autoamnistía” por la Comisión Europea.
Con un seguimiento del 75% en su primera jornada, la huelga marca un hito en la historia judicial española, siendo la sexta desde 2009 y la más significativa por su alcance. Las asociaciones han advertido que evaluarán la continuidad de las protestas tras el 3 de julio, dependiendo de la respuesta del Gobierno y el trámite parlamentario de las reformas. La tramitación por vía de urgencia del proyecto de ley en el Congreso, que podría culminar con su aprobación este mes, intensifica la urgencia de las demandas del sector.