En los últimos tiempos, el debate sobre el climacambiático ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, con propuestas que buscan restringir las voces escépticas frente a la narrativa dominante. Según un reciente informe de las Naciones Unidas, se ha sugerido que cuestionar la urgencia de eliminar rápidamente los combustibles fósiles para evitar una «catástrofe climática» debería ser considerado un delito. Esta postura, respaldada por algunos activistas y expertos en clima, ha generado críticas de quienes ven en estas medidas un intento de silenciar el debate científico y político.
Los defensores de estas restricciones argumentan que el escepticismo climático obstaculiza los esfuerzos para abordar el climacambiático, considerado por ellos como una crisis inminente. Por ejemplo, iniciativas como la campaña «Hot Air» de Tortoise Media han utilizado inteligencia artificial para identificar contenido en línea que cuestione las políticas climáticas, etiquetándolo como «desinformación» y presionando a las plataformas de redes sociales para que lo eliminen. Entre los señalados por esta campaña se encuentran expertos como el geólogo Dominik Wielicki, el analista energético Robert Bryce, Daniel Turner de Power the Future y el empresario Vivek Ramaswamy, quienes han cuestionado aspectos de las políticas climáticas actuales.
Sin embargo, los escépticos climáticos sostienen que estas medidas reflejan una creciente desesperación por parte de los activistas, quienes se enfrentan a un retroceso en el apoyo público a las políticas de descarbonización acelerada. Según Dominik Wielicki, la idea de criminalizar el disenso es irónica: «Si la ciencia del clima es tan sólida, no debería ser necesario encarcelar a quienes discrepan». Wielicki, quien ha intentado participar en debates públicos con defensores de la narrativa de la crisis climática, señala que estos eventos a menudo se cancelan debido a la falta de disposición de sus oponentes para discutir abiertamente.
Por otro lado, los críticos de estas propuestas de censura argumentan que el término «desinformación» se utiliza de manera vaga y estratégica para deslegitimar opiniones contrarias, sin definir claramente qué constituye un error factual. Por ejemplo, Robert Bryce ha señalado que proyectos como «Hot Air» están financiados por intereses vinculados a la industria de las energías renovables, como Octopus Energy, lo que plantea preguntas sobre la imparcialidad de estas iniciativas.
Mientras tanto, los escépticos no solo buscan defender su derecho a opinar, sino que también piden más espacios para el diálogo. Wielicki y otros expertos, como el analista energético Martz, han expresado su apertura al debate, aunque señalan que los defensores de las políticas climáticas parecen reacios a participar en discusiones de buena fe. Martz, por ejemplo, mantiene un enfoque de apertura en su plataforma en X, donde solo bloquea a usuarios por ataques personales excesivos o spam, pero encuentra poca reciprocidad por parte de los activistas.
La propuesta de criminalizar el escepticismo climático también ha levantado preocupaciones sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y el método científico. Los escépticos argumentan que la ciencia no debería ser un dogma inamovible, sino un campo abierto al cuestionamiento y la verificación. En este sentido, la presión para silenciar a quienes plantean dudas sobre la viabilidad o los costos de las políticas de transición energética podría interpretarse como un signo de debilidad en los argumentos de los activistas, más que como una muestra de fortaleza científica.