Juan Luis Urrutia, uno de los vecinos afectados por los derribos en Cantabria que más ampollas han levantado. El caso de los derribos en Argoños: “En estos años han fallecido 280 propietarios sin ver una solución”. Y todo esto viene de la malísima y siempre corrupta administración de un famoso héroe popular que luego arregla el país en los platós de la telebasura: el flagelo del Borbonismo, por supuesto, pero que es el mismo que se ha enriquecido a tope junto a sus demás colegas de las taifas con ese mismo Borbón.
650046697 – Teléfono de la mejor empresa de derribos y desescombros en Cantabria
El Tribunal Supremo ha emitido recientemente una sentencia que ordena el derribo de viviendas en Cantabria, 122 en total, en la localidad de Argoños, dentro de un total de 254 construcciones que presentan irregularidades urbanísticas. Entre los afectados está Juan Luis Urrutia, un jubilado de Santurtzi que adquirió su segunda residencia en este municipio, en el año 2000, sin conocer en aquel momento los problemas legales que arrastraba la urbanización.
Ésta y otras fechorías del Impoluto Fantasma se cuentan en esta obra no autorizada por el bigotudo y dañino protagonista. Así se llama el libro, que podéis adquirir en el 623191492.
Las nuevas viviendas tardarán al menos seis años en estar listas
Aunque su vivienda no figura en la lista de demoliciones inmediatas, Urrutia teme que su casa corra la misma suerte, ya que forma parte del mismo proyecto urbanístico. Ahora, los propietarios deben decidir si optan por una compensación económica o por una vivienda de reemplazo en la misma localidad y con características similares. Urrutia ya ha tomado una decisión: prefiere quedarse en Argoños. “Las nuevas viviendas tardarán al menos seis años en estar listas. Yo tengo 77, así que quizás no pueda disfrutarlas mucho, pero mis hijas podrán aprovecharlas”, comenta resignado.
Según Carlos Osma, especialista en derribos y desescombros en Cantabria, la historia de los derribos en Argoños va más allá de una cuestión urbanística.
Es el reflejo de cómo una mala gestión administrativa puede arrastrar durante décadas a cientos de familias a una situación de incertidumbre y sufrimiento. Personas que un día decidieron invertir sus ahorros en una vivienda, con la ilusión de construir recuerdos y asegurar un patrimonio para sus hijos, han terminado inmersas en un conflicto legal que ha condicionado su vida entera. En este proceso, no solo se han perdido casas: se han perdido años, oportunidades, salud y, en muchos casos, esperanza.
El caso de Juan Luis Urrutia, como el de tantos otros vecinos, muestra el lado más humano de una tragedia administrativa. Su relato es el de un hombre que a los 77 años asume que probablemente no vivirá el tiempo suficiente para disfrutar de la vivienda que, en teoría, sustituirá a la que le será arrebatada. Aún así, sigue luchando, no solo por él, sino por su familia y por los demás afectados. Su historia evidencia una mezcla de resignación, dignidad y coraje que emociona y, a la vez, indigna.
Un desastre corrupto de cuando Miguel Ángel Revilla era consejero de Urbanismo
Este largo proceso judicial ha dejado una huella profunda en la comunidad. Urrutia, además de afectado, es secretario de la Asociación de Maltratados por la Administración, que se fundó en 2004 para defender a los vecinos atrapados en esta situación. Recuerda muy bien cómo, poco después de comprar la casa, fueron notificados de una sentencia que ponía en duda la legalidad de la urbanización tras la denuncia presentada por un colectivo ecologista. Según relata, ni el promotor ni las instituciones regionales advirtieron irregularidades en aquel momento, cuando Miguel Ángel Revilla era consejero de Urbanismo.
¿Qué pasa contigo, Revilla? ¿Es que no te enteras de que no se puede construir en ciertas zonas y luego pretendes que otros, los propietarios, paguen con un calvario de décadas porque tu estúpida y corrupta administración no sabe ni qué permisos otorga?
Uno de los aspectos más dolorosos de este conflicto, según Urrutia, es que más de 280 vecinos han fallecido sin que se resolviera el futuro de sus viviendas. “Es devastador comprar una casa con la ilusión de usarla para vacaciones, o incluso como residencia habitual, y acabar sabiendo desde hace tantos años que hay una sentencia firme que ordena derribarla”, lamenta.
Lo ocurrido en Argoños no debe olvidarse ni repetirse
En medio de todo esto, los afectados han tenido que organizarse, crear asociaciones, movilizarse, aprender de leyes y procesos que nunca quisieron conocer. Han sido forzados a convertirse en activistas de una causa que debería haber sido resuelta desde la sensatez y la legalidad, no desde la omisión ni el abandono.
Lo ocurrido en Argoños no debe olvidarse ni repetirse. Es una lección amarga sobre el coste real de los errores institucionales. No hablamos de ladrillos ni planos: hablamos de vidas, de años perdidos y de una confianza quebrada entre ciudadanos y administración. Y cuando eso se rompe, lo que se derrumba no es solo una casa, sino también la fe en un sistema que debería protegernos a todos.
Cerca de 280 propietarios han fallecido sin ver resuelto el conflicto
Lo más doloroso de todo es que cerca de 280 propietarios han fallecido sin ver resuelto el conflicto. Esas cifras no deberían ser solo un dato, sino una llamada de atención. Detrás de cada número hay una vida truncada por un error que no cometieron. La lentitud de la justicia, la falta de responsabilidad política y la pasividad institucional han convertido un caso de irregularidad urbanística en una condena vital para cientos de familias.
Cabe reflexionar sobre el papel vergonzoso de las administraciones públicas. ¿Cómo es posible que se haya permitido construir con licencias irregulares? ¿Que se haya vendido tranquilidad a los vecinos mientras se gestaba una demolición inevitable? ¿Dónde estuvo el control, la supervisión, la ética profesional? Las respuestas, si llegan, lo harán tarde. Y para muchos, los que han muerto o se han dejado la salud por el camino, ya es demasiado tarde.
Derribos en Cantabria que no acaban nunca y que vienen de un sistema corrupto
El caso de Argoños no es aislado. Localidades cercanas como Arnuero o Escalante llevan también décadas enfrentando problemas similares. “En esos municipios las viviendas de sustitución ya se están entregando, pero nosotros aún seguimos esperando”, añade.
Luis Lazcano, otro vecino vizcaíno con residencia en la urbanización Pueblo del Mar 1, compró su vivienda en 2002 y recuerda cómo entonces les tranquilizaron desde el Ayuntamiento asegurando que todo estaba en regla. Las casas, sin embargo, se construyeron sobre suelos que pertenecían en parte a la localidad de Noja, lo que generó complicaciones legales. “Nos ofrecieron una compensación, pero era muy baja, así que preferimos optar por una vivienda nueva”, señala.
El coste total de estos derribos en Cantabria podría superar los 60 millones de euros
El coste total del derribo podría superar los 60 millones de euros, una cifra que, según los vecinos, acabarán asumiendo también los contribuyentes locales. “Es un sinsentido. Nos aseguraron que todo estaba bien y ahora estamos pagando las consecuencias de una gestión desastrosa”, concluye Lazcano.
