El Gobierno de España ha decidido apretar aún más las tuercas fiscales a los ciudadanos con una propuesta que elevaría del 1,1% al 3% el porcentaje del valor catastral de viviendas no alquiladas que se declara en el IRPF. En un país como España, donde la presión fiscal ya está entre las más altas del mundo, esta medida no es más que un nuevo impuesto disfrazado de política social, que castiga a los propietarios de segundas residencias o pisos vacíos sin abordar los verdaderos problemas del mercado de la vivienda.
En España, los ciudadanos ya soportan una carga tributaria desproporcionada: el IRPF, el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio, el IBI, y un sinfín de tasas que sitúan al país entre los líderes mundiales en presión fiscal, según informes de organismos como la OCDE. Ahora, el PSOE propone triplicar la tributación sobre el valor catastral de viviendas no alquiladas, pasando del 1,1% (o 2% para valores no actualizados) a un máximo del 3%. Esto significa que, para una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros, el ingreso imputado en el IRPF saltaría de 1.100 a 3.000 euros, lo que, dependiendo de la escala fiscal del propietario (19% al 47%), podría traducirse en cientos o miles de euros adicionales al año.
Este incremento no solo afecta a los propietarios de pisos vacíos en grandes ciudades, sino también a quienes tienen segundas residencias en la playa o el pueblo, lugares donde el alquiler no siempre es viable. En un contexto de inflación persistente, aumento del coste de la vida y salarios estancados, esta medida supone un golpe directo al bolsillo de la clase media, que ya lucha por mantener sus propiedades.
El Gobierno justifica esta reforma como una herramienta para movilizar viviendas vacías y aumentar la oferta de alquiler, pero la realidad es que se trata de un enfoque simplista y recaudatorio. España tiene un problema estructural de acceso a la vivienda, con precios desorbitados y una oferta de alquiler insuficiente, pero culpar a los pequeños propietarios es injusto y poco eficaz. Muchos pisos vacíos pertenecen a personas que los mantienen como ahorro a largo plazo, herencias familiares o residencias de uso esporádico, no especuladores. Además, grandes tenedores como fondos de inversión, que controlan miles de viviendas, suelen operar con estructuras fiscales que podrían esquivar este aumento.
La medida ignora las verdaderas causas del problema: la falta de vivienda pública, la burocracia que frena la construcción y la inseguridad jurídica para los propietarios que alquilan. En lugar de ofrecer incentivos para poner pisos en el mercado o agilizar la edificación, el Gobierno opta por lo fácil: subir impuestos. Esto no solo no garantiza más alquileres, sino que podría desincentivar la inversión en vivienda o empujar a los propietarios a vender, reduciendo aún más la oferta en ciertas zonas.
La propuesta del PSOE refuerza la percepción de que el Ejecutivo ve la propiedad privada como una fuente inagotable de ingresos fiscales. En un país donde el esfuerzo fiscal de los ciudadanos ya supera el 40% de sus ingresos en muchos casos, gravar aún más las segundas residencias o pisos vacíos es un ataque directo a quienes han ahorrado o invertido en bienes inmuebles. Casas en la playa o el pueblo, a menudo adquiridas tras años de esfuerzo, no son lujos, sino parte del patrimonio familiar de muchos españoles. Penalizarlas con un impuesto que puede triplicar su carga fiscal es desproporcionado y carece de sensibilidad social.
Además, la definición de “vivienda vacía” plantea interrogantes. ¿Cómo se determinará qué inmuebles están desocupados? ¿Habrá exenciones para zonas rurales donde no hay demanda de alquiler? La falta de claridad sugiere que la medida podría aplicarse de forma indiscriminada, afectando incluso a quienes no tienen intención de especular.
La reforma, aún en fase de propuesta, debe pasar por el proceso legislativo, con posibles modificaciones y una entrada en vigor que podría situarse en 2026. Sin embargo, su sola mención ya genera rechazo entre propietarios y expertos, que ven en ella una maniobra recaudatoria más que una solución real al problema de la vivienda. En un país asfixiado por los impuestos, donde los ciudadanos ya destinan una parte descomunal de sus ingresos al Estado, este nuevo gravamen es una afrenta a la clase media y un ejemplo más de la voracidad fiscal del Gobierno.
Todos «nuestros» políticos parlamentarios obedecen a los dueños del FMI que los han colocado en «nuestros» parlamentos para algo (Sí, mediante Pucherazos Soros-Indra). Estamos en pleno Gran Expolio («The Great Take») globalista y los sicarios de turno en nuestros parlamentos hacen lo ordenado progresivamente y sin pausa. En muy poco tiempo habrán eliminado a la clase media ylos supervivientes del programado caos tendrán que que someterse a las bestiales dictadurqas comunistoides impuestas por los sicarios de los dueños de los Fondos Buitre, el FMI y Naciones Unidas. Estamos siendo masivamente telemanipulados para que no les pongamos resistencia