La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo en la investigación sobre presuntas irregularidades en la promoción profesional de su esposa, la imputada Begoña Gómez. El tribunal considera que hay indicios de una “clara desviación de poder” en las actividades de Gómez, quien habría aprovechado su proximidad al presidente, dado que se trata de su mujer, para “vender supuestos favores” y “ofrecer influencias” a cambio de beneficios personales.
El caso, que como saben, está siendo instruido por el juez Juan Carlos Peinado, se centra en la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), codirigida por la imputada Begoña, que el tribunal señala como la plataforma desde la cual se habrían articulado actividades bajo sospecha. Entre los elementos investigados destaca la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas, como Innova Next, recibieron 11 contratos públicos por 21 millones de euros entre 2021 y 2022, algunos avalados personalmente por Gómez. La Audiencia subraya la “llamativa variación” en la adjudicación de contratos a Barrabés en coincidencia temporal con la creación de la cátedra.
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El tribunal también ha descartado que la investigación sea “prospectiva” o genérica, como alegaban la defensa de Gómez y la Fiscalía, y ha validado la actuación del juez, aunque critica que se compartiera el vídeo de la declaración de Sánchez —quien se acogió a su derecho a no declarar— por considerarlo innecesario. Además, la Audiencia ha ordenado archivar la causa contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, pero mantiene como investigados a Barrabés y a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que gestionaba asuntos de la cátedra para Gómez.
La investigación abarca posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Entre las acusaciones, se señala que la imputada Begoña Gómez firmó pliegos de contratación sin estar cualificada y que los másteres que dirigía, que posteriormente fueron cancelados por baja matrícula, generaron pagos de 55.875 euros.
El caso, iniciado en abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, generó un intenso revuelo en España. Sánchez llegó a «plantearse» dimitir tras la apertura de la causa con su famosa carta a la ciudadanía: «necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor» decía, al tiempo que dejaba claro lo profundamente enamorado que estaba de su esposa. Días más tarde de esa teatralización en forma de misiva, tanto él como Gómez presentaron querellas contra el juez Peinado por presunta prevaricación, sin que estas prosperaran. Veremos en qué acabará todo esto…