¡De vergüenza! La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la investigación contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, según ha informado El Confidencial. En un extenso escrito de cerca de cien páginas, el Ministerio Fiscal argumenta que no existen «indicios racionales de criminalidad» que justifiquen llevar a juicio a David Sánchez ni al resto de los procesados, entre los que se encuentran Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, y Luis María Carrero, exasesor de Moncloa e íntimo amigo del hermanísimo.
Este movimiento de la fiscalía, que ya no sorprende a casi nadie, ha reavivado las críticas sobre la independencia judicial en España, recordando aquellas polémicas declaraciones del propio Pedro Sánchez en 2019.
David Sánchez, hermano del ‘presimiente’, estaba siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración Pública, Hacienda, prevaricación, tráfico de influencias y malversación, relacionados con la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz que ocupó hasta febrero de este año. La investigación, iniciada tras una denuncia de Manos Limpias en mayo de 2024, apuntaba a que Sánchez podría haber percibido un sueldo público sin desempeñar sus funciones. Además, la Diputación de Badajoz se ha negado a revelar el coste de la oficina creada para él, alegando que hacerlo podría perjudicar el proceso judicial, según informó The Objective el pasado abril. Sin embargo, la Fiscalía ha desestimado las acusaciones, calificando las pruebas de «conjeturas e hipótesis». Según el Ministerio Fiscal, no hay fundamentos sólidos para sostener que el puesto de David Sánchez fue creado específicamente por su relación familiar con el presidente del Gobierno, como había señalado la juez de instrucción Beatriz Biedma al procesar inicialmente a los implicados.
Este nuevo giro en el caso ha traído a la memoria unas declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista en RNE en noviembre de 2019, cuando, visiblemente irritado, respondió a una pregunta sobre la actuación de la Fiscalía en el caso del fugitivo Carles Puigdemont: «¿La Fiscalía de quién depende, eh? Del Gobierno. Pues ya está». Estas palabras desataron una ola de críticas por parte de los fiscales, que expresaron su «profundo malestar» ante lo que consideraron una amenaza a la independencia judicial. Sánchez intentó rectificar más tarde en Twitter, asegurando que el sistema judicial español opera con «todas sus garantías» y que «nadie está por encima de la ley», pero el daño ya estaba hecho. Aquel episodio dejó una sombra de duda sobre la autonomía del Ministerio Fiscal, una cuestión que ahora vuelve a estar en el centro de la polémica.
La decisión de la Fiscalía ha provocado una respuesta inmediata por parte de Hazte Oír. En un comunicado oficial publicado este jueves en la red social X, la asociación ha defendido la importancia de la figura de la «acusación popular» en España, afirmando que esta herramienta es «más necesaria que nunca» para garantizar la justicia y la transparencia.
En su mensaje, Hazte Oír critica al PSOE, al que acusa de maniobrar para limitar el ejercicio de la acción popular, una herramienta que permite a ciudadanos y organizaciones presentar acusaciones en casos de interés general. «Al PSOE le molesta algo: que existan ciudadanos comprometidos, como somos en Hazte Oír. Le molesta que haya quien investiga, quien decide dar un paso adelante», señala el comunicado. La organización también advierte sobre posibles movimientos futuros del PSOE para «reforzar el rango de acción de la Fiscalía», bajo el pretexto de adaptarse a normativas de la Unión Europea, algo que consideran una excusa para aumentar el control sobre el sistema judicial.
Hazte Oír, que ha sido una de las acusaciones populares en varios casos relacionados con el entorno de Pedro Sánchez, reafirma su compromiso con los ciudadanos: «Estamos con vosotros, con lo que os preocupa, y seguiremos trabajando por y para que se haga Justicia».
La solicitud de la Fiscalía de archivar la causa contra David Sánchez no solo pone en duda la solidez de las acusaciones iniciales, sino que también reaviva el debate sobre la independencia del sistema judicial español y el papel de la Fiscalía. Las palabras de Sánchez en 2019, junto con las recientes acciones del PSOE para limitar las acusaciones populares, alimentan las sospechas de una posible instrumentalización de las instituciones para proteger a los allegados del presidente.
Mientras tanto, organizaciones como Hazte Oír insisten en la necesidad de mecanismos que permitan a la ciudadanía participar activamente en la búsqueda de justicia, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones está en entredicho. El caso de David Sánchez, lejos de cerrarse, parece destinado a seguir generando titulares en los próximos meses.
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