martes, abril 7, 2026
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La tomadura de pelo que está sufriendo un autónomo y que le está provocando que lleve un año sin cobrar su pensión de jubilación

Un ilustrador catalán con 38 años cotizando como autónomo sin fallar ni un solo mes presentó en abril de 2025 los trámites de jubilación ante la Seguridad Social de Terrassa. Todo estaba correcto, según le confirmaron en la oficina. Doce meses después, en abril de 2026, todavía no ha cobrado un solo euro de su pensión. Lleva más de 11.000 euros pendientes y, al no tener la jubilación aprobada, ni siquiera puede acceder a su propio plan de pensiones.

El expediente se ha convertido en un auténtico ping-pong administrativo que roza lo kafkiano:

  1. Tarrasa (Cataluña): Presenta la solicitud. Le dicen que todo está en orden. Tres meses de silencio. Al preguntar, le informan de que el expediente ha sido enviado a Cádiz “porque estaban saturados de trabajo”.
  2. Cádiz: Nunca había cotizado allí. Desde Cádiz detectan “una irregularidad en 1988 y 1989” y devuelven el expediente a Cataluña. Cataluña lo revisa, confirma que todo es correcto y lo reenvía a Cádiz. Cádiz responde exigiendo que se explique “por qué es correcto”.
  3. El expediente viaja de nuevo entre las dos comunidades. Tres cambios de “tejado” sin que nadie resuelva nada.
  4. Intenta contactar con el funcionario responsable en Cádiz. Le dicen que está de vacaciones y que le llamarán. Pasan dos meses sin que nadie se ponga en contacto.
  5. Contrata a un gestor laboralista. El gestor presenta un escrito al INSS, que tiene 40 días para responder. Silencio administrativo absoluto. Cuando el gestor localiza al funcionario, este ya no está en Cádiz: lo han trasladado a Sevilla. Le prometen “prioridad”. No se la dan.
  6. Escribe al Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) y al Defensor del Pueblo. La única respuesta que recibe es: “El documento ha entrado.” Punto final.

Hoy, abril de 2026, este autónomo lleva exactamente un año sin cobrar la pensión que le corresponde por derecho. No le han denegado la prestación (lo que le permitiría recurrir), sino que lo han dejado en un limbo administrativo donde ni trabaja, ni cobra, ni puede reclamar sin ir a juicio (con el consiguiente año más de espera y costas a su cargo).

Este caso, denunciado por la cuenta @anti_burocracia, ilustra a la perfección el funcionamiento real de la Administración española: falta absoluta de responsabilidad individual, plazos que no se cumplen, expedientes que se pasean entre ciudades sin control y una burocracia que no rinde cuentas ante el ciudadano.

Como señala el propio post: “Si le haces esto a un cliente, te denuncian. Si te lo hace la Administración, te dicen que ‘el documento ha entrado’.”

Este no es un caso aislado. Es el sistema funcionando exactamente como está diseñado: sin consecuencias para quien incumple, sin plazos reales y sin respeto al ciudadano que paga religiosamente sus cotizaciones durante décadas.

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