En un golpe demoledor al supuesto «verde» del sector energético español, la Guardia Civil ha desmantelado una presunta trama de corrupción medioambiental que huele a podrido desde las altas esferas. Este martes, seis personas han sido detenidas, incluyendo a Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental durante el mandato de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica. La operación, bautizada como Perserte, ha incluido 12 registros en Madrid y Zaragoza, centrados en las sedes de Forestalia y domicilios de sus directivos. Los delitos imputados no son menores: prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La trama se centra en la manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para agilizar proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Teruel, específicamente en la comarca del Maestrazgo. Según los investigadores de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona, Domínguez habría influido irregularmente para beneficiar a Forestalia a cambio de contraprestaciones económicas, canalizadas a través de sociedades interpuestas y con la ayuda de un fedatario público para ocultar el rastro del dinero. Se habla de un presunto soborno de hasta 4 millones de euros dirigido a ex cargos como Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente en gobiernos del PSOE en Aragón bajo Marcelino Iglesias.
Este caso es el síntoma de un sucio negocio que ha convertido las energías renovables en un chollo para políticos y empresarios sin escrúpulos. En España con las renovables se ha montado un festival de especulación donde las licencias se reparten como caramelos a cambio de mordidas y favores.
Forestalia, liderada por Fernando Samper –el «charcutero» reconvertido en rey de las renovables–, ha acumulado megavatios a raudales gracias a subastas y permisos exprés durante los años de auge pandémico. La empresa se adjudicó miles de millones en proyectos, vendiendo paquetes eólicos y solares a inversores extranjeros, inflando una burbuja especulativa que deja a las comunidades locales con paisajes arrasados y sin beneficios reales.
Y aquí entran los tentáculos del PSOE. Forestalia no opera en el vacío; sus conexiones con el partido son tan evidentes como escandalosas. Susana Sumelzo, íntima amiga de Sánchez, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, y exdiputada por Zaragoza, está ligada a través de la constructora familiar Sumelzo SA, que creó un enjambre de 850 sociedades con Forestalia para explotar licencias eólicas concedidas bajo el gobierno autonómico de Javier Lambán (PSOE, fallecido en 2025) y el ministerio de Teresa Ribera. Lambán, durante su presidencia en Aragón, facilitó el terreno para estos macroproyectos, ignorando los impactos para la fauna, quirópteros y los hábitats locales.
No olvidemos a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, cuya empresa Servinabar se entrelaza con Forestalia en adjudicaciones más que sospechosas. La trama se extiende a detenciones como las de Leire Díez (fontanera del PSOE), Vicente Fernández (ex presidente de SEPI) y Antxon Alonso, todos vinculados a mediaciones para contratos en renovables. Estos políticos no solo han mirado para otro lado; han sido artífices activos, usando su poder para enriquecer a un puñado de empresarios mientras predican «sostenibilidad».
Pero la máxima responsable de todo este desastre es Teresa Ribera, actual comisaria de Competencia en la Comisión Europea. Bajo su mando en Transición Ecológica (2018-2024), se «premiaron» a funcionarios complacientes como Domínguez con contratos post-jubilación, mientras se apartaba a quienes se negaban a firmar informes positivos para Forestalia. Ribera facilitó permisos ambientales que catapultaron los pelotazos de la empresa, ignorando las denuncias de manipulación y presiones internas. Su ministerio fue el engranaje clave para que estos proyectos salieran adelante, convirtiendo la «revolución verde» en un lodazal de corrupción donde políticos socialistas y magnates como Samper se reparten fortunas a costa del erario público y el medio ambiente.
Este escándalo revela la hipocresía del boom renovable: un negocio sucio disfrazado de ecologismo, donde el verdadero impacto no es en el clima, sino en los bolsillos de los contribuyentes. Mientras Teruel sufre la invasión de molinos y placas que alteran paisajes y ecosistemas, los implicados acumulan millones. Es hora de que la justicia desmonte esta red y exponga cómo el PSOE ha convertido las renovables en su cajero automático personal. Si Ribera y sus acólitos no rinden cuentas, la transición energética seguirá siendo una farsa millonaria.
(Por Lourdes Martino)