El Tribunal Supremo ha soltado hoy la sentencia completa que hunde en la miseria a Álvaro García Ortiz, el exfiscal general que Pedro Sánchez enchufó para que la Justicia bailara al son de Moncloa. Condenado por revelación de datos reservados, con dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros que sabe a migajas ante el desastre que ha montado. No es solo un castigo: es la confirmación de que la Fiscalía bajo su mando era un coladero de filtraciones selectivas, un arma sucia contra quien se les pusiera por delante. Y mientras el Gobierno farfulla sobre «respeto» a la sentencia, la realidad apesta: este es el engranaje podrido de un Ejecutivo que usa las togas como tapadera para sus trapos sucios.
García Ortiz es el emblema de un sanchismo que ha convertido la independencia judicial en una broma de mal gusto. Nombrado a dedo en 2022, prometía «renovación», pero lo que trajo fue sumisión ciega al poder. Hoy, el Supremo le recuerda que ni el fiscal general está por encima de la ley, ni puede jugar a ser el filtrador supremo de la izquierda cavernícola. El veredicto es demoledor, como un mazazo a la hipocresía progresista.
La sentencia desmonta el tinglado de García Ortiz, paso a paso. Olvidándonos de tecnicismos, la sentencia del Supremo, de 233 folios y publicada en la web oficial del poder judicial, pinta un cuadro clarísimo de negligencia criminal. Todo arranca en marzo de 2024, con el caso de Alberto González Amador, el empresario y actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude fiscal. Sale una noticia sobre una propuesta de conformidad en la que admite dos delitos contra Hacienda. La Fiscalía, con García Ortiz al mando, se mosquea porque les hace quedar como chapuzas y decide contraatacar con artillería pesada: filtraciones.
Primero, el meollo: un correo confidencial del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal que le denunció. En él, se ofrece un acuerdo para confesar los delitos y evitar juicio. Este email llega a García Ortiz a las 21:59 horas del 13 de marzo. Minutos antes, a las 21:38, hay una llamada fallida de 4 segundos desde un móvil de la Fiscalía a un periodista de la Cadena SER. ¿Coincidencia? El Supremo no lo cree: considera probado que «fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación» Resultado: el periodista lo suelta en antena a las 23:20, antes de que el fiscal lo leyera siquiera. El tribunal remata: «No existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio Fiscal tuvo una participación directa»
Segundo: al día siguiente, 14 de marzo, García Ortiz firma y aprueba una nota de prensa oficial de la Fiscalía que detalla esa misma propuesta de conformidad, reconociendo los dos delitos. El Supremo no se corta: «La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la ‘oficializa'». Y zanjando excusas: «El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito»
Añaden que sobre él pesaba «un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación», lesionando la presunción de inocencia y los derechos de defensa que un fiscal debe blindar.
Voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que piden absolución: no ven pruebas irrefutables de que García Ortiz filtrara personalmente el email, y defienden que la nota no era delictiva. Pero la mayoría (cinco de siete) no lo compra: el conocimiento y consentimiento bastan para condenar.
Guante de seda a los plumíferos: Aquí viene lo que huele peor que un vertedero: el Supremo dedica páginas a no tocar ni un pelo a los periodistas que declararon. «El tribunal no cuestiona la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios», dice la sentencia, y añade que el conocimiento previo de un dato reservado «no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general».
Más aún: destacan el «exquisito respeto del tribunal por el secreto profesional de los periodistas», como si fueran intocables. ¿En serio? No vaya a ser que se ofendan, por supuesto. En un juicio donde se ventila la confidencialidad de un procedimiento penal, el Alto Tribunal prioriza no herir egos periodísticos sobre depurar si esos «testimonios esclarecedores» eran solo correas de una operación política. Recordemos: la Cadena SER, bastión afín al sanchismo, fue la primera en soltar el bombazo. ¿Casualidad? El Supremo lo pasa por alto, optando por el «respeto exquisito».
La jauría de la extrema izquierda ladra: Y como el reloj suizo, nada más publicarse la sentencia, la tropa de la ultraizquierda se ha lanzado al barro. Periodistas implicados, como los de la SER, y sus compadres en la trinchera –junto a políticos de Sumar, Podemos e IU– han rebuscado en el texto como buitres en carroña para despacharse a gusto con improperios como: «¡Golpe judicial en toda regla!», «fachas», «embate de la judicatura contra el Ejecutivo», «golpistas manipulando la justicia»
Olvidan que el Supremo no es un nido de conspiranoicos, sino el garante de la ley que ellos mismos juran defender cuando les conviene. Para esta jauría, la Justicia es «democrática» solo si absuelve a los suyos; si condena a un peón de Sánchez, es «embate». Patético.
(Por Laura González)