En un gesto sin precedentes que ha sacudido el mundo jurídico español, la magistrada Cristina Merlo Llanos, titular del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Coslada (Madrid), ha emitido una providencia que declara su juzgado en un «estado cercano a la catástrofe» debido al colapso operativo. La decisión, fechada el 14 de noviembre y notificada este martes, implica la suspensión inmediata de todos los procedimientos civiles no urgentes, en un intento desesperado por aliviar la saturación que amenaza con comprometer la funcionalidad del órgano judicial. Esta medida, que afecta a cientos de casos acumulados, pone de manifiesto las grietas profundas en el sistema judicial español, agravadas por la reciente implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
El documento judicial describe una situación de «ineficiencia procesal» extrema en el Tribunal de Primera Instancia e Instrucción nº 2, ubicado en la Plaza del Tribunal de Coslada, a apenas 11 kilómetros de la capital madrileña. La magistrada Merlo Llanos, solicitando al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el refuerzo urgente de personal, argumenta que el juzgado acumula «meses de trabajo pendiente» y expedientes «apilados hasta el límite», lo que impide un desarrollo normal de las actuaciones. La suspensión se extenderá «hasta que los órganos penales estén en una situación que no comprometa su futuro», priorizando así los asuntos penales sobre los civiles para evitar riesgos de caducidad o prescripciones.
Se exceptúan de esta paralización los procedimientos «sensibles o urgentes», como los relacionados con familia, incapacidades, internamientos y desahucios en los que la parte demandante sea una empresa u otra entidad jurídica. La providencia, firmada por la jueza en su doble rol como magistrada y juez de guardia, subraya que esta medida extrema se adopta «para evitar el alarde efectuado con motivo del acoplamiento derivado de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia».
El auto fue difundido inicialmente en redes sociales por el abogado penalista Fernando Eraus Saiz (@ENandoS), quien lo compartió en un hilo en X (anteriormente Twitter) el 18 de noviembre, etiquetando a figuras clave como el ministro de Justicia Félix Bolaños (@felixbolanosg), el PSOE (@PSOE), el Ministerio de Justicia (@justiciagob), el PP (@ppopular) y la Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid). En su publicación, Eraus Saiz denuncia: «La administración de justicia ha colapsado 💥 gracias a vuestra ineptitud e incompetencia: ‘en estado cercano a catástrofe’. ¿Pero sois conscientes de la gravedad de esto?»
La raíz del problema, según el auto y expertos consultados, radica en la Ley Orgánica 1/2025, promulgada el 2 de enero de 2025 con el objetivo de modernizar y agilizar el Servicio Público de Justicia mediante la reorganización de competencias y la integración de funciones. Sin embargo, en la práctica, esta norma ha generado un «acoplamiento» caótico, multiplicando la carga de trabajo en juzgados como el de Coslada sin proporcionar los recursos humanos necesarios.
La magistrada Merlo Llanos ya había alertado previamente al TSJM sobre la necesidad de refuerzos, pero no ha recibido respuesta hasta la fecha. El Ministerio de Justicia, que tiene la última palabra en la asignación de medios, no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso. Fuentes del sector judicial señalan que esta ley, aunque bien intencionada, ha exacerbado un problema estructural: la falta crónica de personal y la acumulación de expedientes en los tribunales de primera instancia, que manejan tanto materia civil como penal.
Esta suspensión en Coslada no es un caso aislado, sino un síntoma de un mal endémico. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ya exigió en noviembre un aplazamiento de seis meses en la implantación de la Fase III del Tribunal de Instancia, argumentando falta de preparación. Expertos temen que, sin intervención inmediata, otros juzgados sigan el ejemplo, paralizando miles de causas y erosionando la confianza en el sistema.
El Ministerio de Justicia y el TSJM guardan silencio por ahora, pero la presión crece. Abogados como Agustín Alonso (@Brandabarbaran) elogian el «valor» de la magistrada Merlo Llanos por ponerlo «por escrito», mientras que otros, como Lape (@Lapelo1), describen los tribunales de primera instancia como «sepultados bajo toneladas de procedimientos».
En un país donde la justicia debería ser pilar de la democracia, este «estado cercano a la catástrofe» exige respuestas urgentes. ¿Será el detonante para una reforma real, o solo el preludio de un colapso mayor? El tiempo, y la acción política, lo dirán.