La Justicia de Estados Unidos «está muy interesada» en apuntalar «cuanto antes» la apertura de un «proceso penal» contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como «colaborador necesario» del régimen de Nicolás Maduro, según publica ‘Vozpópuli‘. Fuentes judiciales relacionadas con la Corte del Distrito Sur de Nueva York precisan que las revelaciones aportadas por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en torno a las actividades de Zapatero en Venezuela «han sido determinantes para impulsar seriamente esta vía». Las consecuencias extremas de una imputación penal sobre Zapatero conllevarían proceder al embargo e incluso a emitir una orden internacional de arresto.
Este tribunal federal neoyorquino ha venido asumiendo la causa contra el exjefe de la Inteligencia militar chavista desde que fue extraditado de España en 2023. Las fuentes consultadas, directamente relacionadas con el proceso judicial de ‘El Pollo’, insisten en destacar la «solidez» de la información facilitada en las últimas semanas por el exgeneral venezolano, quien conocerá su sentencia el próximo 12 de febrero tras haberse autoinculpado el pasado 26 de junio de delitos de narcotráfico y narcoterrorismo adscritos a los cárteles de la droga que Washington considera parte de la estructura de poder de Caracas.
Según la información manejada, en sus últimas comparecencias Carvajal ha proporcionado «datos precisos» sobre el presunto pago a Zapatero de «importantes cantidades de dinero» procedentes del Gobierno venezolano a través de PDVSA. Se trataría solo de «una de las vías de investigación en torno al expresidente derivadas de la documentación entregada por Carvajal» durante todos estos meses. Los datos en poder de ‘El Pollo’ han llevado igualmente a las autoridades estadounidenses a recabar colaboración en España sobre la actividad financiera del expresidente y su incremento patrimonial.En sus últimas comparecencias Carvajal ha proporcionado «datos precisos» sobre el presunto pago a Zapatero de «importantes cantidades de dinero» procedentes del Gobierno venezolano a través de PDVSA.
El alcance de los datos suministrados por el exmilitar venezolano incluirían otras operaciones del expresidente relacionadas con los sectores energéticos del país, así como la existencia de una red de colaboradores financieros interpuestos para facilitar sus actividades en el país, «siempre bajo la tutela de Jorge Rodríguez, el principal valedor de Zapatero ante Maduro».
La lectura de la sentencia de ‘El Pollo’ ha sido retrasada hasta dos veces debido al caudal de documentación incorporada a la causa. Así, un primer momento fue trasladada del 29 de octubre al 19 de noviembre, y de esta fecha al 12 de febrero del próximo año. Los indicios presentados por la defensa del exmilitar venezolano apuntalarían los vínculos de la cúpula chavista con el narcotráfico, señalan la conexión de los jerarcas militares del régimen con el negocio de la droga del ‘Cártel de los Soles’ e identifican con concreción las complicidades internacionales de la cúpula chavista.
Los contactos de Zapatero con el régimen bolivariano vienen siendo objeto del interés tanto de la Justicia como del Gobierno de EEUU especialmente desde que, el pasado 14 de agosto, fue presentada una demanda en un tribunal de Florida contra el entramado chavista. La acción judicial impulsada por la Casa Blanca se basa en la llamada Rico Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), una normativa de aplicación específica en la persecución de delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Esta norma prevé el rastreo de las actividades de todas las personas relacionadas con los propios investigados, entre los que se encuentran Maduro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como otros significados miembros del Gobierno de Caracas.
Ahora, el testimonio de Hugo Carvajal ha contribuido a intensificar una investigación que podría desembocar en una causa penal compatible con las eventuales sanciones económicas que EEUU contempla para aquellos que identifica como «cómplices» del régimen.
En este ámbito, EEUU está valorando el «alcance y la contundencia» de esas sanciones previstas. En el momento actual, el Departamento de Estado se debate entre plantear una «sanción suave» para el exjefe del Ejecutivo español o elevar «el castigo económico sobre él con el objetivo de emitir una señal ejemplarizante». Todo está condicionado por la «necesidad de calibrar las consecuencias en las relaciones bilaterales con España».
Este cuadro sancionador comprende, entre otras acciones, el embargo de activos y propiedades en territorio de EEUU del afectado en virtud de su inclusión en la llamada lista OFAC, gestionada por el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros.
En ella se incluyen los llamados Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), una amplia nómina de personas físicas y entidades jurídicas de todo el mundo amonestados por EEUU en el ámbito financiero mediante órdenes de inmovilización de sus activos y el establecimiento de un férreo veto comercial con ellos, entre otras medidas.
En las últimas semanas, han circulado algunas informaciones en Venezuela que aludían a que las sanciones ya eran efectivas para Zapatero, algo que en ningún caso ha ocurrido. De momento.
Entre los que aparecen en esa lista está buena parte de la cúpula chavista, como la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional del país, y el propio presidente venezolano. Asimismo, figuran múltiples entidades bancarias y corporaciones empresariales venezolanas estrechamente relacionadas con el poder bolivariano.
También hay en ella nombres vinculados al palacio presidencial de Miraflores desde los tiempos chavistas, cuya residencia las autoridades estadounidenses localizan en España. Son, entre otros muchos, los casos del exmilitar Adrián José Velásquez Figueroa, responsable de la seguridad personal de Hugo Chávez, fallecido en 2013. Igualmente, el empresario Rafael Alfredo Sarría Díaz, considerado por la Administración de EEUU testaferro de altos funcionarios del chavismo. Y Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera de Chávez, extraditada desde Madrid en 2022 tras haber sido reclamada por las autoridades norteamericanas por blanqueo de capitales.
Pero, sin duda, el de mayor actualidad en el listado es el propio Carvajal, cuya declaración en la audiencia previa a la comunicación de su sentencia ha generado una enorme expectación tras registrar varios aplazamientos debido a la ingente cantidad de información aportada a la Justicia federal norteamericana.
La Administración Trump ha explicitado su rechazo al papel de Rodríguez Zapatero en el proceso de normalización democrática de Venezuela. Tanto es así que la diplomacia norteamericana recela de sus intereses personales en el desarrollo de estas actividades, y atribuye a su influencia en el Gobierno de Sánchez buena parte de la deriva de España en política exterior, de la que discrepa abiertamente.
EEUU ha venido aumentando la presión sobre el expresidente español con el rechazo a su plan de sustituir «transitoriamente» a Maduro por Delcy Rodríguez y la tutela en la sombra del hermano de esta. En paralelo, el Departamento de Estado, a través de su subsecretario, Christopher Landau, ha llegado a proponer prohibir su entrada en Estados Unidos mediante la retirada del visado.
Las revelaciones aportadas por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en torno a las actividades de Zapatero en Venezuela han sido determinantes para impulsar seriamente esta vía. En sus últimas comparecencias, Carvajal ha proporcionado «datos precisos» sobre el presunto pago a Zapatero de «importantes cantidades de dinero» procedentes del Gobierno venezolano a través de PDVSA. El alcance de los datos suministrados por el exmilitar venezolano incluirían otras operaciones del expresidente relacionadas con los sectores energéticos del país, así como la existencia de una red de colaboradores financieros interpuestos para facilitar sus actividades en el país, «siempre bajo la tutela de Jorge Rodríguez, el principal valedor de Zapatero ante Maduro».
Los datos en poder de ‘El Pollo’ han llevado a las autoridades estadounidenses a recabar colaboración en España sobre la actividad financiera del expresidente y su incremento patrimonial. Los indicios presentados por la defensa del exmilitar venezolano apuntalarían los vínculos de la cúpula chavista con el narcotráfico, señalan la conexión de los jerarcas militares del régimen con el negocio de la droga del ‘Cártel de los Soles’ e identifican con concreción las complicidades internacionales de la cúpula chavista.
El testimonio de Hugo Carvajal ha contribuido a intensificar una investigación que podría desembocar en una causa penal. Su declaración en la audiencia previa a la comunicación de su sentencia ha generado una enorme expectación tras registrar varios aplazamientos debido a la ingente cantidad de información aportada a la Justicia federal norteamericana.
Las consecuencias extremas de una imputación penal sobre Zapatero conllevarían proceder al embargo e incluso a emitir una orden internacional de arresto. EEUU está valorando el «alcance y la contundencia» de esas sanciones previstas, debatiéndose entre una «sanción suave» o elevar «el castigo económico sobre él con el objetivo de emitir una señal ejemplarizante». Todo está condicionado por la «necesidad de calibrar las consecuencias en las relaciones bilaterales con España».
El Departamento de Estado medita las consecuencias diplomáticas de imponer al expresidente un «castigo ejemplarizante» por sus vínculos con el chavismo. La Administración Trump ha explicitado su rechazo al papel de Rodríguez Zapatero en el proceso de normalización democrática de Venezuela, recelando de sus intereses personales y atribuyendo a su influencia en el Gobierno de Sánchez buena parte de la deriva de España en política exterior. EEUU ha venido aumentando la presión sobre el expresidente español con el rechazo a su plan de sustituir «transitoriamente» a Maduro por Delcy Rodríguez y la tutela en la sombra del hermano de esta. El Departamento de Estado, a través de su subsecretario, Christopher Landau, ha llegado a proponer prohibir su entrada en Estados Unidos mediante la retirada del visado.
La Justicia de EEUU está muy interesada en apuntalar cuanto antes la apertura de un proceso penal contra Zapatero como colaborador necesario del régimen de Maduro. Las autoridades norteamericanas han recabado datos en España sobre la actividad financiera del expresidente. La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha asumido la causa contra Carvajal desde su extradición de España en 2023. El 14 de agosto, se presentó una demanda en un tribunal de Florida contra el entramado chavista, impulsada por la Casa Blanca bajo la Rico Act. Esta norma prevé el rastreo de actividades de personas relacionadas con los investigados, incluyendo a Maduro y Delcy Rodríguez. El testimonio de Carvajal intensifica la investigación, compatible con sanciones económicas para «cómplices» del régimen. El cuadro sancionador incluye embargo de activos vía la lista OFAC, con Nacionales Especialmente Designados (SDN). En las últimas semanas, circuló información en Venezuela sobre sanciones efectivas para Zapatero, pero no ha ocurrido de momento.