En un nuevo capítulo de la interminable saga de escándalos que envuelve al PSOE, el Gobierno de Pedro Sánchez opta por la pasividad más absoluta: no modificará las reglas de las mayorías en el Congreso de los Diputados, a pesar de que la inminente prisión de José Luis Ábalos podría dejar al Ejecutivo sin uno de sus votos más controvertidos. Fuentes de Moncloa confían en que el exministro, investigado por la trama de las mascarillas y el ‘caso Koldo’, no se aferre a su acta de diputado, pero el descaro socialista brilla con luz propia: mientras Ábalos cobra miles de euros públicos y amenaza con «embarrar» al partido desde la celda, el Congreso ha sondeado oficiosamente rebajar la mayoría absoluta de 176 a 175 escaños. Un «apaño» que, de prosperar, sería calificado de «colmo» por la oposición, pero que encaja en la tradición de maniobras parlamentarias del PSOE para sobrevivir a costa de la decencia institucional.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura central en la presunta red de corrupción que salpica al núcleo duro del PSOE, comparece este jueves ante el Tribunal Supremo en una vista clave que podría derivar en su ingreso en prisión preventiva. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel por delitos como organización criminal, cohecho y malversación, en el marco del ‘caso Koldo’. Si el Supremo decide su encarcelamiento, el Reglamento del Congreso (artículos 21 y 22) es tajante: Ábalos sería suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios. No podría votar, participar en debates ni percibir su sueldo de diputado –unos 8.315 euros netos mensuales–, pero mantendría su acta, computando como uno de los 350 escaños totales.
Este «fantasma» parlamentario dejaría al PSOE con un voto menos en todas las votaciones, agravando la ya frágil aritmética de Sánchez. El Gobierno depende de aliados volátiles como Junts y Podemos para aprobar iniciativas. Fuentes gubernamentales admiten en privado que «perder a Ábalos sería un golpe», pero insisten en que no se tocará el Reglamento. «Rezamos para que no se aferre al escaño», ironizan en Moncloa, recordando que Ábalos ya fue expulsado del grupo socialista y enviado al Mixto, donde un «emisario» del PSOE le indica cómo votar en cada escrutinio.
El descaro alcanza cotas obscenas: desde su expulsión, Ábalos ha cobrado más de 116.000 euros del Congreso, y si conserva el acta hasta fin de año, sumará otros 13.000 brutos en el último trimestre. «El PSOE necesita cada voto, incluso el de un diputado encarcelado», resume el analista Javier Flores Juberías, quien denuncia cómo el partido envía «mensajeros» a su escaño para guiar su sentido de voto.
Aunque no hay propuestas formales en la Mesa del Congreso ni en la Junta de Portavoces, los pasillos de la Cámara bullen con un informe solicitado a los letrados sobre precedentes históricos. La pregunta clave: ¿debe computar Ábalos como «diputado ausente» para rebajar la mayoría absoluta de 176 a 175 escaños? Sería la primera vez en democracia que un diputado en ejercicio ingresa en prisión, y el PSOE, con mayoría en la Mesa (cinco de nueve miembros junto a Sumar), podría reinterpretar el Reglamento a su favor.
Los precedentes son contradictorios y alimentan el cinismo socialista:
- 1989, con Herri Batasuna (HB): Tras las elecciones de Felipe González, el Congreso se constituyó con 332 diputados, excluyendo a 18 recurridos por el PP y cuatro de HB que rechazaron acatar la Constitución. La mayoría absoluta se fijó en 167, permitiendo a González gobernar con 175 escaños. «Diputados ausentes», se les llamó.
- 2019, ‘procés’ catalán: Cuatro líderes independentistas (Junqueras, Sànchez, Turull y Rull) fueron suspendidos por prisión, pero los letrados dictaminaron que mantenían la «condición plena» de diputados. El total siguió en 350, y la mayoría en 176. PP y Ciudadanos se opusieron entonces a cualquier rebaja, argumentando que no se podía «jugar» con la aritmética.
Patxi López, portavoz del PSOE, zanja el debate con desparpajo: «La supuesta modificación de la mayoría no se me ha pasado por la cabeza. Se hará lo que determine la Mesa, basándose en el Reglamento». Fuentes de la Cámara confirman que el Gobierno no contempla cambios, pero el informe de octubre –impulsado por la presidenta Francina Armengol– ya exploraba una «reinterpretación» del artículo 21 para bajar a 175, diferenciando la suspensión de Ábalos de la de los ‘procés’. Críticos ven en esto una «maniobra» para votar telemáticamente desde prisión, como permite una reforma de julio para «situaciones excepcionales».
Moncloa, entre la resignación y el cálculo: «No tocaremos nada, pero ojalá se vaya»
El Ejecutivo de Sánchez, desconcertado por las últimas revelaciones de Koldo García –que vinculan al exministro con «pitufeo» en primarias y presuntos fondos de prostitución del suegro del presidente–, opta por la inacción. «No cambiará las mayorías», aseguran fuentes de Moncloa, que ven en cualquier reforma un «regalo» a la oposición para acusarles de «trucos». En su lugar, apuestan por la «lealtad» de Ábalos, a quien un post reciente le tacha de «absoluto imbécil y golfo» por filtrar una reunión de Sánchez con Otegi en 2018.
Este laissez-faire roza la temeridad: sin Ábalos, el PSOE perdería cualquier opción de mayoría en votaciones clave, como presupuestos o reformas. Los «compinches» de Sánchez –ERC, PNV, BNG– están en «máxima alerta» ante un posible colapso de la «Coalición Frankenstein» y un adelanto electoral. Pero el descaro prevalece: ¿pedir la dimisión de Ábalos? Ni lo mencionan, pese a las críticas del PP, que acusa al PSOE de mantener «esa conexión perfectamente ahí presente».
Si Ábalos entra en prisión y se atrinchera, el jueves podría ser el principio del fin. O, como rezan en Moncloa, solo un bache más en la «nueva etapa» socialista. La historia, con sus precedentes de HB y ‘procés’, sugiere que el descaro tiene límites… pero el PSOE parece decidido a probarlos todos.