Álvaro García Ortiz ha presentado este lunes su dimisión irrevocable al Gobierno de Pedro Sánchez. La decisión llega apenas cuatro días después de que el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos, en un caso que involucra al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta condena, la primera en su contra como fiscal general, pone fin a un mandato de poco más de tres años plagado de tensiones políticas y judiciales.
El origen del escándalo se remonta a una investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, quien se enfrenta a acusaciones por presuntas irregularidades en su declaración de la renta. El Tribunal Supremo, en su sentencia de la causa especial 20557/2024, dictaminó por mayoría que García Ortiz cometió un delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Los hechos probados giran en torno a la filtración de un correo electrónico confidencial relacionado con la pesquisa contra Amador, que García Ortiz, como fiscal general, habría divulgado indebidamente.
Durante el proceso, el fiscal general negó rotundamente haber filtrado el documento, declarando ante el tribunal que «ni él ni nadie de su entorno filtró el email» y que «la verdad no se filtra, se defiende». Sin embargo, el alto tribunal aplicó una pena de multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios (un total de 7.200 euros), dos años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de fiscal general y el pago de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular. Además, se le impone una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales derivados de la vulneración de su intimidad.
La sentencia, aún pendiente de redacción completa y notificación formal, absuelve a García Ortiz de los restantes delitos imputados, pero incluye dos votos particulares disidentes de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, quienes defendieron su absolución total. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario; solo un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales o un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, opciones con escasas probabilidades de éxito.
En una misiva dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, García Ortiz formaliza su renuncia invocando el artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que permite al fiscal general dimitir a petición propia. Aunque el texto íntegro no ha sido publicado en su totalidad, fuentes cercanas al Ministerio de Justicia han filtrado sus líneas principales: «He servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber e lealtad institucional».
El fiscal general justifica su salida anticipada como un «acto debido no solo al Ministerio Público, sino a todos los ciudadanos españoles», motivado por su «profundo respeto» a las resoluciones judiciales y su voluntad de «proteger a la Fiscalía». Agradece al Gobierno su nombramiento en junio de 2022 –en realidad, julio, tras la renuncia de Dolores Delgado– y afirma devolver la confianza depositada en él, concluyendo con una frase lapidaria: «Es el momento de abandonar esta alta responsabilidad».
De inmediato, las funciones del fiscal general serán asumidas de forma interina por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la jerarquía fiscal y quien, paradójicamente, actuó como fiscal en el juicio contra García Ortiz solicitando su absolución. Este relevo temporal abre la puerta a la designación de un nuevo fiscal general, el cuarto bajo el mandato de Sánchez desde 2018.