Desde que Pedro Sánchez asumió el poder en 2018, el sector público en España ha experimentado un crecimiento desorbitado: 142 nuevos empleos públicos creados cada día, sumando un total de 355.200 nuevos puestos en las administraciones hasta la fecha. Esta cifra, lejos de ser un simple dato estadístico, revela una estrategia política que explica, en gran medida, por qué Sánchez ha logrado mantenerse en el Gobierno durante tanto tiempo. La clave está en la construcción de un ejército de vividores de lo público, un engranaje clientelar que garantiza lealtades y apuntala su proyecto político.
El aumento del empleo público no es, en sí mismo, un problema. Un Estado necesita funcionarios para garantizar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la seguridad. Sin embargo, el ritmo y la magnitud de este crecimiento bajo el mandato de Sánchez levantan sospechas. ¿Responde este incremento a una necesidad real de mejorar los servicios públicos o es, más bien, una herramienta para consolidar poder? La respuesta parece inclinarse hacia lo segundo. La creación masiva de puestos públicos, muchos de ellos en áreas no esenciales o redundantes, sugiere un intento deliberado de generar una base de apoyo dependiente del erario público.
Este fenómeno no es nuevo en la política, pero Sánchez lo ha perfeccionado. Al inflar las plantillas de las administraciones, se asegura un ejército de empleados públicos cuya estabilidad laboral y beneficios dependen directamente de la continuidad del Gobierno que los contrató. Es un pacto implícito: empleo seguro a cambio de lealtad, o al menos de pasividad frente a las políticas del Ejecutivo. Este clientelismo moderno no solo compra voluntades, sino que también desincentiva cualquier crítica al sistema, ya que quienes lo integran saben que su bienestar está ligado al statu quo.
Además, este modelo tiene un coste económico insostenible a largo plazo. Cada nuevo puesto público implica salarios, pensiones y beneficios que recaen sobre los hombros de los contribuyentes, muchos de los cuales trabajan en un sector privado que no goza de las mismas garantías ni privilegios. Mientras el Gobierno presume de creación de empleo, omite que este crecimiento no genera riqueza, sino que la consume. Es un círculo vicioso: más empleo público, más gasto, más impuestos y menos dinamismo en la economía productiva.
La longevidad de Sánchez en el poder no se explica solo por su habilidad para navegar alianzas políticas o por su control de la narrativa mediática. Su verdadera fortaleza radica en haber tejido una red de dependencia que abarca cientos de miles de personas. Cada nuevo empleado público es un potencial defensor del sistema que lo sostiene, un voto cautivo en las urnas o, al menos, una voz que no se alzará contra él. Este ejército de vividores de lo público no solo garantiza su supervivencia política, sino que perpetúa un modelo de Estado hipertrofiado, donde la eficiencia y la meritocracia quedan en segundo plano frente a la lealtad.