El sistema de trasplantes de órganos en Estados Unidos se encuentra bajo un intenso escrutinio tras las alarmantes revelaciones del secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr. En un comunicado de prensa emitido el 21 de septiembre de 2025, Kennedy denunció prácticas «horribles» en las organizaciones de obtención de órganos (OPO, por sus siglas en inglés), afirmando que hospitales permitieron que el proceso de extracción comenzara mientras los pacientes aún mostraban signos de vida. Esta declaración, acompañada de un compromiso para reformar todo el sistema, ha desatado un debate ético y legal de proporciones históricas, poniendo en jaque la confianza pública en un sector vital para miles de vidas.
La investigación, liderada por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) bajo la dirección de HHS, examinó 351 casos en los que se autorizó la donación de órganos pero no se completó. Los resultados, publicados el 21 de julio de 2025, revelaron que casi el 30% de estos casos presentaban «características preocupantes», incluyendo signos neurológicos compatibles con vida en pacientes que estaban siendo considerados como donantes. Kennedy describió estas prácticas como una violación directa de la «santidad de la vida», calificándolas de «inaceptables» y prometiendo responsabilizar a las OPO involucradas.
Uno de los casos más destacados ocurrió en una región que abarca Kentucky, el suroeste de Ohio y parte de Virginia Occidental, donde una OPO fue señalada por negligencia en el manejo de un paciente con lesiones neurológicas. Bajo la administración anterior, la Red de Obtención y Trasplante de Órganos (OPTN) cerró el caso sin tomar medidas, pero la intervención de Kennedy ordenó una revisión independiente que expuso fallos graves. Según el informe de HHS, las vulnerabilidades eran especialmente altas en hospitales pequeños y rurales, donde la falta de supervisión y rendición de cuentas exacerbó los riesgos.
En respuesta a estos hallazgos, Kennedy anunció una serie de medidas drásticas. La primera es la descertificación de una OPO no especificada, un paso sin precedentes que busca enviar un mensaje claro a la industria. Además, HHS está reformando la OPTN, la entidad que regula el sistema de trasplantes, e invirtiendo en nuevas estrategias para fomentar la donación de órganos de manera ética. Entre las directivas de HRSA se incluye la obligación de reportar cualquier interrupción de la donación por motivos de seguridad —ya sea por decisión de familias, hospitales o el propio personal de la OPO— y la actualización de políticas para garantizar información transparente a familias y centros médicos.
Kennedy enfatizó que estas reformas buscan «salvaguardar a los donantes potenciales» y restaurar la confianza pública. «No toleraremos que la burocracia o la negligencia pongan en riesgo vidas», afirmó durante una conferencia de prensa el 14 de julio de 2025 en Washington D.C. Estas palabras resuenan con su agenda política, que ha criticado durante años los excesos de las instituciones sanitarias, y marcan un giro hacia una supervisión más estricta del proceso de donación.
El escándalo plantea preguntas profundas sobre los principios éticos que rigen la donación de órganos. La OPTN, operada por la United Network for Organ Sharing (UNOS) bajo contrato con HHS, se basa en el National Organ Transplant Act (NOTA) de 1984, que prioriza el «bien médico agregado» pero también la justicia y el respeto por las personas. Sin embargo, los hallazgos sugieren que, en algunos casos, la presión por cumplir con las cuotas de órganos ha llevado a ignorar signos de vida, un dilema que el marco ético actual no aborda con suficiente claridad.
Legalmente, las OPO operan como entidades federales financiadas, lo que las hace responsables ante HHS. Si se demuestra que actuaron con negligencia o intencionalidad, podrían enfrentar sanciones civiles o penales. Expertos como el Dr. Arthur Caplan, bioeticista de la Universidad de Nueva York, han advertido que «esto podría ser solo la punta del iceberg», sugiriendo que la falta de transparencia ha ocultado problemas sistémicos durante décadas.
Familias de donantes potenciales han expresado alivio por la intervención, pero también furia por la posibilidad de que sus seres queridos fueran sometidos a procedimientos mientras aún estaban vivos. Organizaciones como Donate Life America han defendido el sistema, argumentando que los errores son excepcionales y que la donación salva más de 40.000 vidas al año. Sin embargo, la presión política ha crecido, con congresistas de ambos partidos exigiendo audiencias para investigar la magnitud del problema.
En paralelo, la comunidad médica está dividida. Mientras algunos cirujanos de trasplantes apoyan las reformas, otros temen que la descertificación y las nuevas regulaciones reduzcan la disponibilidad de órganos, agravando las listas de espera —que ya superan los 100.000 pacientes, según datos de la OPTN. Kennedy ha prometido abordar este equilibrio, proponiendo incentivos para donaciones éticas y campañas de educación pública.
Da miedo pensar en lo que se estará haciendo en España, país líder en donaciones de órganos, y los que pueden haber hecho a lo largo de la farsemia.