La Global Sumud Flotilla, una iniciativa civil internacional que se nos decía que iba a romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria, ha generado un significativo gasto para las arcas públicas españolas. Lanzada en septiembre desde puertos como Barcelona, con más de 40 embarcaciones y 500 activistas de 44 países —incluyendo figuras como Greta Thunberg y Ada Colau—, la flotilla fue interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales el 2 de octubre, a unas 70 millas náuticas de la costa gazatí. España, con unos 49-65 ciudadanos a bordo, ha movilizado recursos militares y diplomáticos para asistir y repatriar a sus nacionales, acumulando costes estimados en cientos de miles de euros. Este «absurdo asunto», como lo califica la oposición, ha sido criticado por su ineficacia y el uso de fondos públicos en una misión no oficial.
El mayor desembolso proviene del Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Furor’ de la Armada Española, enviado desde Cartagena el 25 de septiembre para «asistir a la flotilla o realizar algún rescate» en caso de necesidad, tras supuestos ataques con drones reportados contra las embarcaciones. Equipado con armamento israelí —irónicamente, dada la tensión—, el buque tardó cinco días en alcanzar la zona, con un coste de ida superior a 90.000 euros en combustible (3.000 litros de gasoil cada cuatro horas a 15 nudos), dietas (100 euros diarios por tripulante) y manutención (2-6 euros por ración).
El mantenimiento diario en aguas gazatíes asciende a unos 20.000 euros, cubriendo operaciones, víveres y vigilancia hasta el regreso del último detenido español. Con el buque retenido varios días más para «cobertura» a los activistas, el total podría superar los 200.000-300.000 euros solo en esta misión, duplicándose con el retorno (otro 90.000 euros aprox.). La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que no entraría en la «zona de exclusión israelí» (120-150 millas), limitando su papel a apoyo logístico.
El Ministerio de Exteriores, dirigifo por José Manuel Albares, asumió los billetes de avión para los 49 españoles repatriados desde Tel Aviv, principalmente a Barcelona y Madrid, tras su detención en prisiones como Ketziot y Saharonim. Vuelos para grupos de 21 y otros 28 costaron miles de euros, justificados como «proceso habitual para agilizar» el regreso, pese a advertencias previas sobre riesgos.
Se activaron líneas telefónicas de emergencia en Madrid y Tel Aviv, con cónsules visitando prisiones para asistencia legal y diplomática, sumando gastos en personal y logística consular no cuantificados públicamente.
Israel podría repercutir parte de la deportación, pero España cubrió inicialmente para «sacárselos de encima».