En las calles de Cangas de Morrazo, un pueblo gallego de mar, de bateas y lucha obrera, el hartazgo ha explotado como una ola contra las rocas. El pasado 14 de octubre de 2025, más de un millar de vecinos, comerciantes y hosteleros rodearon el Ayuntamiento en una manifestación que empezó como un grito de indignación y terminó en caos controlado por la rabia acumulada. ¿El detonante? El «Sablazo» de las basuras, una subida brutal aprobada por la Mancomunidad de El Morrazo que eleva la tasa de 67 euros a 126 euros por hogar, y hasta un 300% para negocios locales –un restaurante que pasaba de 371 a 2.072 euros, una cafetería de 321 a 1.228 euros. Los culpables: la alcaldesa Araceli Gestido (del BNG), junto a concejales del PSOE y EU, que votaron a favor en un pleno marcado por abucheos, insultos y restricciones al acceso público.
La escena fue dantesca. Mientras dentro del salón de plenos se debatía entre gritos inaudibles, fuera el pueblo bloqueaba la carretera PO-551 con contenedores volcados, lanzaba huevos contra la fachada y coreaba «¡Dimisión! ¡Fuera, fuera!». La asamblea acabó pasadas las 20:00 horas, pero Gestido, la alcaldesa de Moaña Leticia Santos (BNG) y el regidor de Bueu Félix Juncal (BNG), más sus ediles afines, quedaron encerrados hasta medianoche. Tuvieron que salir escoltados por la Guardia Civil. Un hombre de 34 años está siendo investigado por lanzar una piedra al coche de Santos, y diez personas identificadas por altercados. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, lo tacha de «intolerable en un Estado de Derecho». No, subdelegado, no. Lo que es intolerable es asfixiar a la gente con impuestos desproporcionados.
No es la primera vez que Cangas se levanta contra el yugo fiscal. Este pueblo tiene memoria de acero y victoria en las venas. En 1989, una revuelta vecinal similar paralizó el Ayuntamiento durante meses por la subida del IBI hasta un 500%, orquestada por el entonces alcalde socialista Lois Pena. Miles de vecinos montaron guardia día y noche, bloquearon accesos y cargaron contra la policía. Pena dimitió en 1990, y el IBI no subió: el pueblo ganó, demostrando que la presión colectiva derriba muros de hormigón y arrogancia política.
Pero no paró ahí. Hace dos décadas, las protestas contra el peaje de la AP-9 en Rande –ese «corredor» que asfixiaba la economía local con atascos y siniestros– unieron a El Morrazo en una batalla épica. Plataformas vecinales, manifestaciones masivas y acciones simbólicas como pagar con monedas pequeñas colapsaron las cabinas durante años. En 2006, el peaje de Domaio se liberó por Real Decreto, y en 2019 se completó la autovía AG-46 libre de canon, acortando distancias para 100.000 morracenses y salvando vidas. ¿Resultado? Victoria rotunda, gracias a la revuelta sostenida que obligó a los políticos a ceder.
Cangas es un espejo que refleja la cobardía colectiva del resto de España. ¿Por qué los españoles no hacemos lo mismo en cada ayuntamiento, comunidad autónoma, Congreso y Senado? Nos ahogan con impuestos abusivos que nos dejan sin aliento: el IVA disparado al 21%, el IRPF que se come el 45% de los salarios medios, el IBI que sube un 20% anual en media docena de ciudades, las tasas municipales por «servicios» que fallan estrepitosamente –basuras que no recogen, luces que parpadean, trenes que se estropean, transportes que no llegan–. Sumad el canon de Sogama, las subidas de peajes en la AP-9 (hasta un 9% en 2025 para el área de Vigo) y las «ecotasas» disfrazadas de verde que solo verdean los bolsillos de los políticos. En 2025, un hogar medio paga más del 40% de sus ingresos en impuestos, mientras el Estado derrocha en chiringuitos y pensiones doradas para exdiputados. Somos los europeos más exprimidos, con una presión fiscal que roza el 42% del PIB, y ¿qué hacemos? Quejarnos en el bar, en las redes y votar a los mismos que nos roban.
La culpa es nuestra: apatía inducida por décadas de promesas vacías y represión sutil. Tememos multas, identificaciones o el estigma de «radicales», pero ¿qué es más radical que resignarse a la ruina? En Francia, los chalecos amarillos paralizaron el país por un litro de gasolina; en Chile, estallaron por 20 céntimos de metro. Aquí, en cambio, tragamos subidas del 85% en tasas de basura como si fueran aspirinas. ¿Por qué? Porque nos han domesticado con subsidios clientelares y miedo al cambio. Pero Cangas grita: ¡Basta! Sus revueltas no son vandalismo; son democracia directa, el derecho constitucional a manifestarse cuando las urnas fallan.
Es hora de seguir el ejemplo de Cangas. Organizando plataformas vecinales, recogiendo firmas masivas, bloqueando accesos simbólicos y exigiendo auditorías públicas. Rodeando ayuntamientos, sedes de gobiernos autonómicos y marchando al Congreso. No con violencia, sino con la fuerza de un pueblo unido que recuerda: los impuestos son para servir, no para saquear. Cangas lo ha hecho tres veces y ha ganado. ¿Y nosotros? ¿Seguiremos pagando en silencio, o levantaremos la cabeza? La elección es ahora. ¡Revuelta fiscal nacional, ya!