«Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo»
En un Pleno del Congreso marcado por tensiones políticas y acuerdos de última hora, España ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible el 8 de octubre de 2025. Esta norma, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, llega como parte de los compromisos adquiridos con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desbloqueando cerca de 10.000 millones de euros en fondos NextGenerationEU. Sin embargo, lejos de ser un avance hacia un futuro «verde», esta ley representa un grave retroceso en las libertades individuales, imponiendo restricciones burocráticas y coercitivas que complicarán la vida cotidiana de millones de españoles. Bajo el pretexto de la sostenibilidad, se sacrifica la libertad de movimiento, un derecho fundamental que ahora queda supeditado a agendas ideológicas y regulaciones estatales invasivas.
La Ley de Movilidad Sostenible establece un marco normativo integral para reorientar el sistema de transportes español hacia objetivos de descarbonización, digitalización y cohesión territorial. Presentada inicialmente en febrero de 2024 y tramitada por vía de urgencia, la norma declara la «movilidad sostenible» como un nuevo derecho ciudadano, vinculado a la obligación de combatir la pobreza de transporte. Su aprobación, con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones, fue posible gracias a un pacto in extremis entre el Gobierno y Podemos, que se abstuvo tras exigir compromisos sobre megaproyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat, y la ausencia de un diputado del PP.
Entre sus pilares clave se encuentran:
- Creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible: Un ente de cogobernanza entre administraciones que coordina políticas públicas, incluyendo un órgano consultivo con el sector privado y usuarios, un instrumento digital para información en tiempo real y documentos de planificación como el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS).
- Prioridad a modos «sostenibles»: Las administraciones deben promover la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el transporte público colectivo y vehículos de alta ocupación, especialmente en entornos urbanos y metropolitanos. Incluye medidas para accesibilidad en casos de diversidad funcional.
- Obligaciones para empresas: Compañías con más de 200 empleados (o 100 por turno) tendrán dos años para elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo, fomentando el uso de bicicletas, transporte público o coche compartido. También deben instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Esto se aplica también a entidades públicas estatales.
- Reforma de infraestructuras y etiquetas: Obliga a actualizar las etiquetas ambientales de la DGT en 12 meses, incorporando emisiones de CO2 y evolucionando con tecnologías vehiculares. Impulsa la electrificación de trenes, puertos y aeropuertos, y un nuevo Plan Renove para renovar el parque automovilístico.
- Medidas en aviación y ferrocarril: El Gobierno debe estudiar en seis meses la reducción de vuelos domésticos cortos (menos de 2,5 horas) con alternativas ferroviarias, excluyendo conexiones internacionales. Además, promueve la recuperación de trenes nocturnos hacia Europa y el cambio modal en mercancías hacia el ferrocarril (objetivo: 10% en 2030).
- Financiación y urbanismo: Crea un Fondo Estatal para cofinanciar transporte público urbano y obliga a licitar concesiones en dos años. En ciudades, se fomenta la intermodalidad, vehículos cero emisiones y optimización de repartos, con exenciones para infraestructuras de recarga eléctrica.
La ley se alinea con compromisos internacionales como la Agenda 2030 de la ONU, el Pacto Verde Europeo y la COP21 de París, buscando neutralidad climática en transporte para 2050.
Aunque el Gobierno la presenta como un «paso adelante» para una movilidad «segura, limpia y conectada», la realidad es que esta ley carga sobre los hombros de los españoles una serie de restricciones que erosionan su autonomía y libertad de elección. Críticos como la Asociación Española de Consumidores la tildan de «desequilibrada y sin respaldo infraestructural», argumentando que limita libertades individuales y complica la vida de ciudadanos y empresas.
A continuación, los principales problemas que esta ley provocará a todos los españoles:
Restricciones en la aviación: Adiós a la comodidad de los vuelos cortos
La impulsión de la reducción de vuelos domésticos con alternativas ferroviarias (como Madrid-Barcelona) afectará directamente a viajeros frecuentes, especialmente en rutas saturadas donde el tren no ofrece la misma flexibilidad. Aunque se requiere un estudio de impactos, esto podría encarecer billetes aéreos y limitar opciones para familias, profesionales y residentes no peninsulares que dependen de conexiones rápidas. En un país con infraestructuras ferroviarias obsoletas –donde cuatro de cada diez trenes se retrasan en verano–, esta medida hipoteca la libertad de elegir el medio más eficiente, priorizando un «verde» teórico sobre la realidad práctica.
Burocracia asfixiante para empresas y trabajadores
Las compañías con más de 200 empleados deberán invertir en planes de movilidad que promuevan bicicletas o transporte público, ignorando realidades como horarios irregulares, distancias rurales o falta de infraestructuras seguras. Esto generará costes adicionales –estimados en miles de euros por empresa– que se repercutirán en salarios o precios, afectando a millones de asalariados. La Asociación de Consumidores advierte que estas obligaciones «vulneran la libertad de elección» y carecen de red de recarga eléctrica suficiente, culpa de «trabas administrativas gubernamentales».
En la España vaciada, donde el coche es esencial, esto equivale a una imposición ideológica que ignora la diversidad territorial.
Actualización de etiquetas DGT: Castigo al parque automovilístico existente
La revisión de etiquetas para incluir CO2 penalizará a propietarios de vehículos diésel o gasolina eficientes, endureciendo el acceso a ZBE en ciudades como Madrid o Barcelona. Millones de españoles que no pueden permitirse un coche eléctrico –cuyo precio medio supera los 40.000 euros– verán limitada su movilidad urbana, enfrentándose a multas o exclusiones. El PP denuncia que esto «castiga al automóvil y a las familias trabajadoras», exacerbando la brecha social en un sector que representa el 10% del PIB.
Invasión de competencias locales y sobrecarga fiscal
Al obligar a ayuntamientos a priorizar modos «sostenibles» sin financiación adecuada, la ley asfixia presupuestos locales y centraliza decisiones, erosionando la autonomía autonómica. Podemos, irónicamente, criticó su «hipocresía» por no frenar ampliaciones como El Prat, que contradicen la descarbonización.
Además, el Fondo Estatal para transporte público podría derivar en impuestos indirectos, como peajes urbanos excluidos pero latentes en futuras enmiendas.
Impacto en la España rural y la cohesión territorial
En zonas despobladas, donde el transporte público es escaso, la priorización del tren o bicicleta ignora distancias y climas adversos, dejando a residentes aislados. La ley promete cohesión, pero en práctica agrava desigualdades: mientras urbes como Madrid avanzan en electrificación, el interior paga el precio de una transición forzada sin alternativas viables.
La Ley de Movilidad Sostenible no es más que un instrumento para contentar a Bruselas y avanzar en una agenda que sacrifica la soberanía individual. Al limitar opciones de transporte, imponer burocracia y penalizar el uso privado del vehículo, esta norma amenaza la esencia de la libertad de movimiento, un pilar de la sociedad abierta. Los españoles merecen políticas que faciliten la movilidad, no que la regulen hasta la asfixia. Es hora de cuestionar si el precio de 10.000 millones europeos vale la pérdida de nuestra autonomía diaria. Sin una revisión inmediata, esta ley podría convertirse en el epitafio de la movilidad libre en España.
Ahora, sigan mirando hacia el dedo…