El comunicado del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, publicado el 15 de octubre de 2025 en su cuenta de X, es un ejercicio de evasión que indigna más por lo que oculta que por lo que dice. Con una imagen minimalista de una cruz sobre un fondo gris y un texto que lamenta el “fallecimiento” de una alumna, el centro educativo pretende cerrar una herida que aún sangra, ignorando la verdad que emerge entre líneas: esta niña de 14 años se quitó la vida tras sufrir un acoso escolar devastador, un hecho que la familia había denunciado sin que el colegio tomara medidas efectivas. Este silencio institucional no solo minimiza la tragedia, sino que apunta a una negligencia que pudo haber sido evitada. La comunidad educativa y la sociedad merecen respuestas, no oraciones.
El uso del término “fallecimiento” es, en sí mismo, un escándalo. Frente a la crudeza de un suicidio —un desenlace que la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ya investigan como potencialmente ligado al acoso—, el colegio opta por un lenguaje tibio que diluye la responsabilidad. Según fuentes de ABC Sevilla, la familia había alertado previamente sobre el acoso que sufría la menor, un tormento que incluía insultos sobre su físico por parte de un grupo de compañeras. Sin embargo, esas denuncias cayeron en saco roto. ¿Qué hicieron las autoridades del centro? Nada, o al menos, no lo suficiente. Este fracaso no es un detalle menor: vulnera los protocolos de actuación contra el acoso escolar establecidos por la Junta de Andalucía y la Ley Orgánica 8/2021, que obligan a los centros a intervenir de inmediato ante tales señalamientos.
La respuesta del colegio, centrada en acompañar al alumnado con oraciones en la capilla y anunciar una Eucaristía en memoria de la niña, es un intento descarado de desviar la atención. Mientras el equipo de Bienestar Emocional y el profesorado se ocupan de mitigar el dolor —un gesto tardío y necesario, pero insuficiente—, no hay ni una palabra de autocrítica, ni una disculpa pública, ni un compromiso de investigar internamente su propia inacción. ¿Acaso creen que un responso lavará lo sucedido? La hipocresía es evidente: si el acoso fue denunciado y no actuaron, el colegio no solo falló a la alumna, sino que contribuyó a su trágico final.
El impacto psicológico del acoso es un hecho documentado. Según UNICEF, el acoso escolar puede derivar en depresión, ansiedad y, en los casos más extremos, suicidio —un riesgo que esta niña pagó con su vida. Los datos del Ministerio de Educación reflejan un aumento del 15% en los casos reportados desde 2020, una tendencia alarmante que instituciones como Irlandesas Loreto parecen haber ignorado. La reforma de 2023, que reforzó las medidas contra el acoso, debería haber sido una alerta para actuar con diligencia, pero el centro prefirió mirar hacia otro lado. Expertos legales ya sugieren que, si se prueba que desoyeron a la familia, el colegio podría enfrentar responsabilidades civiles o penales por omisión, un precedente que podría sacudir el sistema educativo español.
La furia de la comunidad, amplificada por medios locales como Cope Sevilla y ABC, exige transparencia y justicia. La niña no es solo una estadística; es una vida arrancada por la indiferencia. Mientras la Inspección Educativa elabora su informe y la Policía Nacional indaga, el colegio debe dejar de esconderse tras eufemismos y rezos. Si no asumen su posible culpa, este caso no será un lamento, sino un grito de advertencia: el acoso escolar mata, y el silencio institucional lo permite. Descanse en Paz.