Los madrileños están hartos, y con razón. Desde septiembre, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha impuesto una nueva Tasa de Gestión de Residuos que obliga a cada hogar a desembolsar una media de 141 euros al año para costear la recogida y tratamiento de la basura. ¡Un impuesto que castiga a los ciudadanos mientras el Consistorio se lava las manos y señala al Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) como culpable
Esta maniobra, que apesta a excusa barata, no convence a nadie: la oposición clama contra la injusticia de esta medida, y los vecinos, indignados, exigen soluciones que no les expriman aún más.
El Ayuntamiento justifica este “basurazo” escudándose en la Ley 7/2022, que traspone una directiva europea de 2018 para cumplir con los objetivos de reciclaje de la UE (55% de reutilización y reciclaje para 2025).
Pero, ¡vaya sorpresa!, la norma no obliga a imponer un tributo tan oneroso ni a aplicarlo de forma tan regresiva. El Gobierno local tuvo la oportunidad de diseñar un sistema justo, con bonificaciones según la renta o penalizaciones al uso turístico de viviendas, pero prefirió cargar el peso sobre los hombros de los madrileños de a pie.
¿Y la rebaja del IBI prometida por Almeida en octubre de 2024? Un parche insuficiente que no calma el malestar de una ciudadanía que se siente estafada.
Es cínico culpar al Gobierno central mientras el Ayuntamiento recauda 300 millones más de euros a costa de los ciudadanos.
Los madrileños han alzado la voz exigiendo que el Consistorio y los sectores comercial, turístico y hostelero asuman dos tercios del coste de esta tasa. Y no es para menos: mientras los ciudadanos de a pie pagan, los grandes beneficiarios de la actividad económica de la capital parecen librarse de responsabilidad.
Aunque el Ayuntamiento presume de bonificaciones para familias numerosas y personas en situación de vulnerabilidad, estas medidas son insuficientes y no llegan a todos los que las necesitan. Por ejemplo, los inquilinos con contratos anteriores a la ordenanza podrían quedar exentos de pagar, pero la falta de claridad y las trabas burocráticas generan aún más confusión.
Y mientras el Ayuntamiento señala a Sánchez y a la UE, los datos desmontan su relato: la directiva europea no impone una tasa específica, sino que exige cumplir objetivos de reciclaje que podrían alcanzarse con otras medidas.
Otros países y municipios han optado por incentivar el reciclaje sin castigar a los ciudadanos, pero en Madrid, Almeida ha elegido el camino fácil: meter la mano en el bolsillo de los madrileños.
¡Basta de excusas!
Los consumidores merecen un sistema justo, que premie el reciclaje, contemple la realidad económica de cada hogar y haga pagar más a quienes más contaminan. Es hora de que el Ayuntamiento escuche a los ciudadanos y rectifique este atropello.
¿Cuál es el origen del basurazo y cómo se calcula en Madrid?
El cálculo de la tasa es un auténtico despropósito: se basa en el valor catastral de la vivienda y en la cantidad de residuos generados por barrio, sin tener en cuenta el número de personas por hogar ni la presión turística que asfixia ciertas zonas.
Los hogares madrileños pagan, en promedio, 141 euros anuales para cubrir los costes del servicio de recogida y tratamiento de basura, según estimaciones municipales. Este importe varía según las circunstancias de cada contribuyente.
¿Es justo que una persona sola pague lo mismo que una familia de cuatro? ¿O que los barrios más turísticos, que generan toneladas de basura, no asuman un recargo específico?
Esta Ley 7/2022 estatal, que transpone una directiva europea de 2018, obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar un tributo que cubra “el coste real” de la gestión de desechos, con el objetivo de lograr un 55% de reciclaje y reutilización para 2025.
Recordemos que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados fue aprobada en el Congreso con 182 votos a favor, impulsada por PSOE y Unidas Podemos junto a aliados como ERC y PNV. El PP y Vox votaron en contra o se abstuvieron, criticando su impacto fiscal.
El plazo para aplicar esta medida venció en abril. En el modelo diseñado por el Ayuntamiento, la tasa se calcula sumando al valor catastral de la vivienda el producto de la tarifa de generación (que depende del barrio) por el coeficiente de separación de residuos (basado en el desempeño del reciclaje por zona).
Pero el ayuntamiento de Madrid no dice la verdad y la Ley es una herramienta para que los ayuntamientos recauden más. La UE no establece un impuesto concreto, sí exige alcanzar objetivos en la gestión de residuos.
En conclusión
Esta tasa no es una imposición de la Unión Europea y que los países miembros pueden cumplir con los objetivos de reducción de los residuos mediante otras iniciativas, pero que los gobiernos han decidido recurrir a esta manera de incentivar el reciclaje tocando el bolsillo de los ciudadanos.
Ya hemos visto cómo aplicará Madrid su tasa de residuos y otras maneras de hacerlo en municipios y mancomunidades que no dispongan de muchos datos.