En los últimos años, el tema del boicot al gas ruso se ha convertido en un símbolo de la supuesta resistencia europea frente a la guerra entre rusia y Ucrania. Desde la invasión de febrero de 2022, la Unión Europea (UE) ha impuesto sanciones destinadas a cortar los ingresos energéticos de Moscú y reducir su influencia sobre el continente. Sin embargo, un análisis del reciente post en X de @deSunShineBand y los datos disponibles revelan una cruda realidad: el boicot es más una fachada que una política efectiva, y los políticos europeos parecen estar jugando un juego de doble cara que perjudica a los ciudadanos mientras protegen sus propios intereses.
El post de @deSunShineBand incluye un mapa que ilustra cómo el gas ruso, oficialmente sancionado, sigue fluyendo hacia Europa a través de un circuito tortuoso. Según el gráfico, el gas se exporta a países como China (a 300 dólares) e India (a 500 dólares), para luego ser revendido a la UE a precios inflados, como 3.000 euros en el norte de Europa o 1.200 dólares en el sur. El mensaje sarcástico del usuario —»Así el mal gas ruso se vuelve democrático y bueno»— pone en evidencia la hipocresía: aunque los líderes europeos proclaman un rechazo total al gas ruso, los países de la UE lo siguen importando indirectamente, disfrazado de transacciones con intermediarios.
Zo wordt het slechte Russische gas democratisch en goed.
De domme mensen accepteren het dankbaar. pic.twitter.com/fVCEH5qzYz
— CS (@deSunShineBand) October 4, 2025
Las cifras respaldan esta narrativa. Desde 2022, la UE ha importado más de 200.000 millones de dólares en gas natural licuado (GNL) ruso, según una reciente investigación de Reuters. A pesar de las sanciones, que incluyen un tope de precios y prohibiciones a ciertas importaciones, los gobiernos han encontrado formas de sortearlas. Por ejemplo, la Comisión Europea propuso en junio de 2025 una eliminación total para 2028, pero desafíos legales y reclamaciones de compensación por miles de millones podrían retrasar su implementación, o no llevarla a cabo.
Para justificar esta maniobra, los políticos europeos han promovido el Plan RePowerEU, que busca aumentar la energía renovable al 45% para 2030 y reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Entre agosto de 2022 y enero de 2025, la UE logró reducir su demanda de gas en un 17% (equivalente a 70 bcm anuales), según la Comisión Europea. Sin embargo, esta transición ha venido acompañada de un aumento masivo en las importaciones de GNL de Estados Unidos, que han crecido un 50% desde 2022, según el Consejo de Relaciones Exteriores. España, un actor clave en el mercado energético europeo, ha incrementado sus compras de GNL estadounidense en un 70% en 2025, mientras mantiene discretamente lazos comerciales con Rusia a través de terceros, como reporta Euractiv.
El resultado es un aumento drástico en los precios para los consumidores. Según Eurostat, los costos energéticos han subido hasta un 300% en algunas regiones, una carga que recae sobre los hogares y las pequeñas empresas, mientras los gobiernos evitan asumir responsabilidad. Los usuarios en X señalan con ironía cómo la explosión de los gasoductos Nord Stream en 2022 —un acto de sabotaje atribuido especulativamente a intereses estadounidenses— ha beneficiado convenientemente a las exportaciones de GNL de EE.UU., dejando a Europa como rehén de un nuevo proveedor.
Un claro ejemplo de la ineptitud y mala fe de los políticos de la UE se ve reforzada por casos como el de Dinamarca, que bajo su presidencia del Consejo desde julio de 2025 presiona por un acuerdo para prohibir el gas ruso, pero su empresa energética Ørsted sigue comerciando GNL ruso a través de lagunas legales .Además, la narrativa de apoyo a Ucrania se tambalea.
La realidad es que, mientras se destinan fondos a Kiev, los ingresos del gas ruso siguen financiando la guerra, pero a través de un laberinto de transacciones que enriquece a intermediarios y a las propias élites europeas. El boicot al gas ruso, tal como lo presentan los políticos de la UE, es una ilusión. Lo que vemos es una danza de intereses económicos y geopolíticos donde los ciudadanos pagan el precio más alto.