El sector bancario contiene el aliento ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), un fallo que podría desencadenar un terremoto financiero de más de 40.000 millones de euros.
Miles de consumidores, atrapados durante años en hipotecas más caras de lo debido, esperan justicia, mientras las entidades financieras se preparan para un impacto que podría redefinir el panorama económico. El IRPH, presentado como alternativa al Euríbor, ha sido un dolor de cabeza para cerca de un millón de hipotecados.
Este índice, basado en la media de los tipos de interés aplicados por los propios bancos, ha demostrado ser más costoso y susceptible de manipulación. A pesar de que en 1994 el Banco de España recomendó aplicar un diferencial negativo para mitigar su sobrecoste, la mayoría de las entidades ignoraron esta directriz.
Peor aún, la opacidad en su comercialización, con información confusa o insuficiente, dejó a los consumidores desprotegidos, enfrentándose a cuotas abusivas que han disparado una oleada de demandas.
La batalla judicial dio un giro en diciembre de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las cláusulas vinculadas al IRPH podían ser nulas si los bancos no informaban de manera clara y comprensible sobre su funcionamiento y consecuencias. Desde entonces, juzgados de Madrid, Barcelona, Pamplona, Murcia y otras ciudades han empezado a anular estas cláusulas, sustituyendo el IRPH por el Euríbor y ordenando devoluciones que, en algunos casos, superan los 30.000 euros por hipoteca.
El Supremo, reunido en julio para abordar este espinoso asunto, aún no ha emitido su veredicto, manteniendo en vilo a consumidores y bancos. Fuentes del tribunal aseguran que el retraso es habitual en casos de esta envergadura, pero la espera alimenta la incertidumbre.
En el horizonte, dos caminos: o el Supremo se alinea con el TJUE, declarando nulas las cláusulas opacas y desatando un aluvión de devoluciones, o adopta una postura más conservadora, validando el IRPH cuando los bancos demuestren transparencia, lo que obligaría a los afectados a seguir peleando en los tribunales.
Para los consumidores, una sentencia favorable sería un alivio histórico, un reconocimiento de años de lucha contra un índice que les ha costado miles de euros de más. Para la banca, con gigantes como Santander, CaixaBank, BBVA, UCI y Kutxabank en el punto de mira, el impacto podría ser devastador, con estimaciones que apuntan a un desembolso superior a los 40.000 millones de euros.
La decisión del Supremo no solo marcará un antes y un después para los hipotecados, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema financiero para asumir sus responsabilidades. Los consumidores, hartos de abusos, exigen transparencia y justicia.
El reloj sigue corriendo, y el fallo del Supremo será mucho más que una sentencia: será un veredicto sobre la confianza en el sistema bancario.