La Administración Trump está considerando la imposición de sanciones adicionales contra el ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que van más allá de la reciente suspensión de su visa de entrada a Estados Unidos. Según informes recientes, la Casa Blanca podría activar la Ley Global Magnitsky, una herramienta legal que permite congelar fondos, prohibir el uso de tarjetas de crédito y restringir transacciones internacionales. Esta medida, si se concreta, representaría un escalamiento significativo en las tensiones entre EE.UU. y Zapatero, quien ha sido criticado por su apoyo a regímenes autoritarios, particularmente en Venezuela y Nicaragua.
El 15 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. anunciaba la suspensión de la visa de Zapatero, citando su «involucramiento en actividades que socavan la democracia» en Venezuela y Nicaragua. Esta decisión se produjo tras años de críticas por parte de la Administración Trump hacia el ex presidente español, quien dice haber actuado como mediador en diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, así como en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega. La suspensión de la visa, aunque simbólica, ha sido interpretada como un mensaje claro de desaprobación por parte de Washington.
Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno de Trump, citadas por medios como The Wall Street Journal y Reuters el 16 de septiembre, indican que esta medida podría no ser suficiente. Según estos informes, la Administración está evaluando la posibilidad de aplicar sanciones más severas bajo la Ley Global Magnitsky, una legislación que amplía las herramientas de presión económica contra individuos involucrados en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción a nivel global.
La Ley Global Magnitsky, formalmente conocida como la «Ley de Responsabilidad por Derechos Humanos y Anticorrupción Global Magnitsky», fue enactada en 2016 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2017. Esta ley permite al gobierno de EE.UU. imponer sanciones a personas extranjeras por «violaciones graves de derechos humanos» o «actos significativos de corrupción».
Las sanciones incluyen:
- Congelamiento de activos: Cualquier propiedad o interés en propiedad de la persona sancionada que se encuentre en EE.UU. o bajo su jurisdicción debe ser bloqueado.
- Prohibición de transacciones: Se impide a las instituciones financieras de EE.UU. realizar transacciones con la persona sancionada.
- Restricciones de visas: Aunque ya se ha aplicado a Zapatero, esta medida se refuerza con las sanciones financieras.
- Imposibilidad de usar tarjetas de crédito o realizar transacciones internacionales: Esto afecta directamente la capacidad de la persona sancionada para operar en el sistema financiero global.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha utilizado esta ley en numerosas ocasiones, sancionando a individuos de países como Rusia, China, Irán y, más recientemente, a funcionarios de Brasil y otros lugares por violaciones de derechos humanos. En julio de 2025, por ejemplo, el Tesoro sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes por supuestas acciones que minaban la democracia, un caso que sirvió de precedente para la potencial aplicación contra Zapatero.
La decisión de EE.UU. de considerar estas sanciones adicionales se enmarca en un largo historial de críticas hacia Zapatero. Desde su salida del gobierno en 2011, el ex presidente ha sido acusado de actuar como un «apologista» de regímenes autoritarios. En Venezuela, Zapatero ha mediado en varios intentos de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, procesos que la Administración Trump considera ilegítimos y destinados a perpetuar el poder de Maduro. En 2018, el entonces presidente Donald Trump ya había expresado su disgusto por el rol de Zapatero, calificándolo de «traidor» a los intereses democráticos.
En Nicaragua, Zapatero ha sido criticado por su apoyo a Daniel Ortega, especialmente tras las elecciones de 2021, que fueron ampliamente denunciadas como fraudulentas. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales han condenado la represión en Nicaragua, y la participación de Zapatero en esos diálogos ha sido vista como una validación tácita del régimen de Ortega.
En España, el gobierno de Pedro Sánchez ha expresado su preocupación, aunque ha evitado una condena directa a EE.UU. para no escalar las tensiones. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, citadas por El País , indican que se están explorando canales diplomáticos para mitigar el impacto de estas sanciones. Sin embargo, el apoyo de Sánchez a Zapatero ha sido tibio, reflejando las divisiones internas dentro del PSOE sobre el rol del ex presidente en América Latina.
En el ámbito internacional, la decisión de EE.UU. podría tener ramificaciones significativas. La Unión Europea (UE) ha mostrado reticencia a condenar a Zapatero públicamente, pero la aplicación de la Ley Global Magnitsky podría forzar una reevaluación de las relaciones transatlánticas. Países como México y Argentina, que han mantenido una postura más conciliadora hacia Maduro, podrían ver esta medida como una señal de que EE.UU. está dispuesto a usar herramientas económicas para presionar a mediadores internacionales.
Para Zapatero, las consecuencias serían devastadoras. La congelación de fondos y la prohibición de transacciones internacionales no solo afectarían su vida personal, sino también su capacidad para operar como mediador en conflictos globales. Según fuentes cercanas a él, citadas por ABC, Zapatero ha intentado defenderse argumentando que su papel ha sido siempre de «facilitador» y no de «partidario» de regímenes autoritarios. Sin embargo, estas explicaciones han sido descartadas por la Administración Trump, que ve su participación como un obstáculo para la transición democrática en Venezuela y Nicaragua.
La potencial sanción a Zapatero bajo la Ley Global Magnitsky sería un caso sin precedentes para un ex jefe de gobierno europeo. Aunque la ley ha sido aplicada a funcionarios de alto rango en otros países, nunca antes se había considerado para un líder de un país aliado de la OTAN. Esto refleja la postura cada vez más agresiva de la Administración Trump hacia figuras que percibe como amenazas a los intereses de EE.UU., incluso si estas figuras provienen de naciones tradicionalmente aliadas.