En un giro inesperado que podría revolucionar la seguridad vial en Italia y servir de advertencia para el resto de Europa, una denuncia anónima ha desencadenado una crisis burocrática que pone en jaque a más de 10.000 radares de velocidad, tanto fijos como móviles. Según informes recientes, estos dispositivos podrían ser declarados ilegales y desactivados a partir del 18 de octubre, debido a incumplimientos en los requisitos de homologación y aprobación.
Todo comenzó con una sentencia del Tribunal de Casación italiano en abril de 2024, que estableció que las multas emitidas por radares homologados pero no formalmente aprobados no son válidas. Esta distinción entre homologación (que verifica el cumplimiento técnico) y aprobación (un paso administrativo adicional) ha creado un vacío legal que afecta a la mayoría de los radares del país. La denuncia anónima ha acelerado el escrutinio sobre estos dispositivos, revelando que cerca del 60% de los radares fijos y más del 67% de los móviles no cumplen con los estándares requeridos.
La situación se agravó con la entrada en vigor del Decreto de Infraestructura (Ley nº 105/2025), que obliga a municipios, provincias y regiones a registrar detalladamente cada radar ante el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Este registro incluye datos como la ubicación exacta, características técnicas, modelo y estado de conformidad, que deben publicarse en un portal institucional en línea. Sin embargo, el Ministerio no ha cumplido con su obligación de crear un formulario digital para estos reportes, cuyo plazo venció el 19 de agosto de 2025. Como resultado, las autoridades locales no han podido completar el proceso, dejando a los radares en un limbo legal.
La asociación de consumidores Codacons, equivalente a la OCU en España, ha denunciado públicamente esta «paradoja burocrática», atribuyéndola a retrasos innecesarios y normativas engorrosas. Según Codacons, sin este formulario, es imposible para las entidades locales cumplir con los plazos, lo que podría llevar a la desactivación masiva de los radares a partir del 18 de octubre.
Esta crisis podría desatar una avalancha de apelaciones judiciales. Conductores multados en los últimos meses, particularmente durante el verano, podrían reclamar la invalidez de sus sanciones, lo que sobrecargaría el sistema judicial con demandas de reembolso y anulación de multas. Se estima que esto afectaría a un gran número de casos, complicando aún más la administración pública.
Aunque el problema es específicamente italiano, los analistas lo ven como un «aviso al resto de Europa». Países como España, Francia o Alemania, que también dependen de radares automáticos para la seguridad vial, podrían enfrentarse problemas similares si no aseguran una homologación y aprobación impecables.