En las últimas horas, las redes sociales se han visto conmocionadas por una serie de publicaciones en X que destapan un presunto escándalo de ciberseguridad relacionado con la venta de datos personales del Documento Nacional de Identidad (DNI) de España. El usuario @don_isaac_j ha puesto el dedo en la llaga al recordar cómo la policía negó previamente cualquier hackeo a la base de datos del DNI, calificando las informaciones como «bulos y fake news». Sin embargo, ahora se asegura que estos datos están a la venta, lo que desacredita las declaraciones oficiales y pone en entredicho la gestión de la seguridad por parte de las autoridades.
El post de @don_isaac_j cita directamente a @H4ckmanac, quien alertó el mismo día sobre una actividad delictiva en la que ciberdelincuentes estarían vendiendo «millones» de registros de DNI. Las pruebas aportadas incluyen imágenes que muestran tanto la parte frontal como la trasera de documentos de identidad, lo que sugiere un acceso significativo a información sensible, como nombres, números de identificación y, potencialmente, fotografías. Esta revelación ha generado una ola de indignación y desconfianza entre los usuarios, quienes ven en este incidente una vulneración masiva de su privacidad.
¿Os acordáis cuando la policía negó el hackeo a la base de datos del DNI y que todo eran bulos y fake news?
Pues ya están a la venta.
Y los gobiernos queriendo acabar con el anonimato y el cifrado. https://t.co/mBhMGuavu0
— Don Isaac (@don_isaac_j) August 1, 2025
Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad de los datos personales en la era digital y la responsabilidad del Estado. La insistencia del Gobierno en avanzar hacia sistemas de identificación digital, como se desprende de las menciones en los posts, choca frontalmente con la realidad de estas filtraciones. Si los delincuentes ya tienen acceso a millones de DNI, ¿qué garantías ofrece un sistema digital más centralizado? Además, la negación inicial de la policía, ahora desmentida por las evidencias, refuerza la idea de una administración opaca que prioriza su imagen sobre la seguridad ciudadana.
El supuesto hackeo y venta de datos del DNI, destapado por @H4ckmanac es un escándalo que expone las fragilidades del sistema de protección de datos en España. Más allá de las dudas sobre la magnitud real del incidente, lo que resulta innegable es la pérdida de confianza en las instituciones, agravada por las contradicciones oficiales y la ausencia de medidas preventivas efectivas. Este caso debería servir para que el Gobierno revise sus políticas de seguridad digital, cumpla con la legislación vigente y escuche las legítimas preocupaciones de una ciudadanía que ve cómo su identidad personal se convierte en mercancía en la dark web. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién asumirá la responsabilidad por este fallo monumental?