En un verano marcado por devastadores incendios forestales que han arrasado decenas de miles de hectáreas en España, los pueblos afectados no solo luchan contra las cenizas y la destrucción, sino también contra lo que perciben como amenazas injustas de la Fiscalía. Los alcaldes de estas localidades denuncian una flagrante falta de recursos para implementar planes de prevención, mientras la Fiscalía investiga si estos municipios cumplieron con sus obligaciones legales en materia de prevención de incendios.
Esta situación ha generado una rebelión colectiva, con voces que cuestionan la hipocresía de las autoridades, especialmente cuando crecen las sospechas de que muchos de estos fuegos podrían haber sido provocados intencionadamente para facilitar la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos.
Los alcaldes de los municipios devastados por las llamas han elevado su voz en protesta contra lo que describen como «amenazas» por parte de la Fiscalía. Según distintos medios, la institución liderada por el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha iniciado comprobaciones para determinar si las localidades afectadas contaban con planes de prevención de incendios adecuados, tal como exige la ley.
En respuesta, los ediles argumentan que la falta de recursos económicos y técnicos hace imposible cumplir con estos requisitos, y acusan a la Fiscalía de ignorar la realidad sobre el terreno mientras persigue responsabilidades penales que podrían recaer sobre ellos.
Esta tensión se ha exacerbado en regiones como Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid, donde los incendios han dejado un rastro de desolación. Por ejemplo, en el reciente incendio de Tres Cantos, en Madrid, que consumió casi 2.000 hectáreas, se han viralizado teorías que apuntan a un origen intencionado para recalificar terrenos y permitir la expansión de proyectos de energías renovables.
Los alcaldes, en declaraciones recogidas por medios locales, insisten en que en lugar de «perseguir a las víctimas», la Fiscalía debería enfocarse en investigar las verdaderas causas de estos desastres, incluyendo posibles intereses económicos detrás de ellos.
Lo que más indigna a la población afectada es la aparente falta de vergüenza de la Fiscalía al priorizar la revisión de planes de prevención en pueblos arrasados, mientras ignora o minimiza las denuncias sobre incendios provocados con fines especulativos. Numerosas voces, desde activistas ambientales hasta medios independientes, sugieren que muchos de estos fuegos podrían ser intencionados para degradar terrenos forestales y facilitar su recalificación para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos.
En España, no es la primera vez que surgen estas acusaciones. En Galicia y Asturias, por ejemplo, se han documentado casos donde zonas quemadas han sido posteriormente propuestas para proyectos de energías renovables, lo que ha alimentado teorías conspirativas pero también investigaciones periodísticas serias.
Un informe reciente destaca que «los incendios son provocados para recalificar terrenos y facilitar la entrada de proyectos que los vecinos antes rechazaban. Un bosque arrasado por el fuego pierde su valor ecológico y se convierte en un lienzo en blanco para la especulación».
Los alcaldes no se quedan callados. Denuncian que, sin apoyo estatal adecuado, es imposible elaborar y ejecutar planes de prevención efectivos. «Nos piden planes como si fuéramos grandes ciudades, pero con presupuestos ridículos», ha declarado un alcalde de una zona afectada en Galicia.
En resumen, mientras España arde, la Fiscalía opta por una postura que muchos ven como cínica e insensible. En lugar de amenazar con responsabilidades penales a los damnificados, debería priorizar investigaciones exhaustivas sobre las causas reales de los incendios, incluyendo las sospechas de provocación para fines económicos. Solo así se restaurará la confianza en las instituciones y se evitará que el fuego siga abriendo paso a intereses ocultos.